Los empresarios privados consideran que el fallo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que ordena a Bolivia a vender combustible a precio subvencionado a transportistas peruanos, no afectará en gran medida al sector exportador, pero repercutirá en el erario nacional.
Marcelo Olguín, gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), dijo este viernes que desde el punto de vista del comercio exterior no habrá mayor afectación. Explicó que la mayoría de las operaciones de exportación e importación son realizadas por transportistas bolivianos, que seguirán cargando combustible al mismo precio.
“Esto (venta de combustible a precio subvencionado a peruanos) en términos de costos a las operaciones de transporte en el sector exportador pensamos que va tener poco o nulo efecto. Los transportistas van a continuar cargando a precio subvencionado en territorio boliviano; y cuando pasen al Perú van a continuar cargando al precio que se tenía en el Perú”, explicó.
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Fallo afectará al Tesoro
“El que podría verse afectado es el Tesoro porque dejará de percibir ingresos a precio internacional, esa diferencia es un costo adicional que debería asumir el Tesoro (General de la Nación). Esa es la afectación que nosotros vemos preliminarmente sobre esta resolución. Desde el punto de vista como sector vemos que va tener poco efecto sobre los costos”, acotó.
Al respecto, Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), manifestó su preocupación por el fallo. Y pidió a las autoridades agotar todas las instancias de apelación y diplomáticas para evitar más sanciones.
El gobierno de Perú inició una demanda contra Bolivia en octubre de 2020 porque, según los acuerdos, el país supuestamente incumple los principios de trato nacional, no discriminación, y libre competencia en la comercialización de combustibles.
El Tribunal de Justicia de la CAN emitió el martes pasado la sentencia contra el Estado por diferenciar el precio de venta del combustible para vehículos nacionales y los que tienen placa peruana. Y le da un plazo de 90 días para que adopte las medidas para poner fin a esa decisión.
