Tras el fallo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que conmina a Bolivia a vender combustible a precio subvencionado a los transportistas peruanos, los gremios del transporte nacional e internacional reaccionaron molestos con las autoridades del Gobierno y exigieron renuncias.
Consideran que no le dieron la importancia debida a la denuncia peruana ante la CAN y no realizaron una adecuada representación del país.
Ramiro Sullcani, presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia, manifestó que al país no le queda más que acatar el fallo. En caso de no hacerlo, corre el riesgo de sufrir más sanciones.
“Las sanciones son cerrar seis meses la frontera comercial, no vamos a poder exportar nada, el 60% de la producción de soya de Santa Cruz consumen en Perú. No solamente afectará al sector de transporte, también a los exportadores; eso va a pasar si Bolivia decide no hacer caso”, manifestó Sullcani.
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CAN
Para el dirigente, las autoridades nacionales no actuaron oportunamente para defender al país y reaccionaron en los últimos días, provocando ese fallo.
En la misma línea, Víctor Tarqui, secretario general de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, señaló al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, y al viceministro de Transporte como responsables por esta sentencia.
“Quienes han llevado a esa instancia a nuestro país tienen que ser responsables, tienen que rodar cabezas, primero el Procurador y luego el viceministro de Transporte por ser irresponsables. Y no saber manejar técnicamente a nivel internacional. Ellos deberían haber hecho la representación internacional, deben irse”.
El Tribunal de Justicia de la CAN emitió el martes la sentencia contra el Estado por diferenciar el precio de venta del combustible para vehículos nacionales y los que tienen placa peruana. Y le da un plazo de 90 días para que adopte las medidas para poner fin a esa decisión.
