La recuperación de la demanda interna fue el principal factor que permitió alcanzar los niveles de actividad económica registrados en 2021; la demanda interna incidió en 6,7 puntos porcentuales sobre el crecimiento del PIB de 2021 (6,1%). En efecto, la reinstauración del Modelo Económico Social Comunitario Productivo desde noviembre de 2020, representó el retorno de la inversión pública y de las políticas de redistribución del ingreso para dinamizar la demanda interna.
La demanda interna es fundamental en el actual modelo, dado que la misma se sustenta en la continua mejora de las condiciones económicas de la población, con énfasis en los más vulnerables, y en la consolidación de las clases medias. Asimismo, la demanda interna se respalda en el rol activo que asume el Estado en canalizar recursos hacia proyectos de inversión pública, destinados a mejorar la capacidad productiva de diversos sectores generadores de ingresos y empleo.
Ello contrasta con el ciclo neoliberal en el que predominaban las ideas de libre mercado, bajo las cuales Bolivia debía basar su crecimiento exclusivamente en las exportaciones. Estas resultaron ser una fuente bastante inestable e insuficiente de crecimiento para el país. El cambio de orientación en los fundamentos del crecimiento desde 2006, muestra el éxito alcanzado por un modelo que prioriza el rol de la demanda interna y asigna un papel activo al Estado en la dirección de la economía.
Ante la situación crítica de la economía boliviana y el fuerte deterioro de las condiciones de vida de la población que se experimentó en 2020, desde noviembre de ese año el gobierno nacional emprendió una firme política de reactivación y reconstrucción de la economía boliviana. En este marco, se aplicaron un conjunto de medidas dirigidas a impulsar la demanda y la oferta de la economía, y a contribuir en la lucha contra el COVID-19.
La piedra angular en este proceso fue el Plan Estratégico de Lucha contra el COVID-19, dado que sus acciones no solo fueron efectivas para precautelar la salud de los bolivianos y bolivianas, sino también, generaron un ambiente adecuado para el desenvolvimiento progresivo de la actividad económica, sin la necesidad de restricciones extremas. Se encontró un balance apropiado entre promover la actividad económica y la contención de la propagación del virus, apuntalado en la vacunación y diagnostico masivo y gratuito.
Por el lado de la demanda, una de las primeras medidas fue el Bono contra el Hambre, que inyectó Bs4.036 millones para dinamizar la demanda interna, y al mismo tiempo contener la merma de ingresos de la población vulnerable afectada por la pandemia COVID-19. También, se implementaron medidas como el Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), la devolución parcial o total de aportes realizados a las AFP, el incremento del Salario Mínimo Nacional en 2% para 2021 y de 4% para 2022, la creación de ítems para educación y contratación del personal en salud para atender la emergencia sanitaria, entre otros, que contribuyeron a fomentar la demanda interna.
Adicionalmente, el gobierno nacional diseñó e implementó medidas de fortalecimiento y apoyo a la recuperación del aparato productivo, la generación de empleos y la reactivación del mercado interno. Entre estas medidas destacan los incentivos tributarios para la importación y comercialización de bienes de capital y, la Subasta Electrónica y el Mercado Virtual para impulsar la producción nacional, especialmente de las micro y pequeñas empresas.
Del mismo modo, resaltó la reactivación de la inversión pública para dinamizar la actividad económica, así como el restablecimiento de las operaciones de las empresas públicas que fueron prácticamente paralizadas durante la gestión del gobierno anterior. Igualmente, se reestableció la política de endeudamiento público sostenible para la inversión, manteniendo los niveles de deuda externa en relación al PIB por debajo de los límites establecidos por organismos internacionales, como ser la CAN (50%).
Por el lado de la oferta, como primera medida tenemos el restablecimiento de los límites de cartera productiva y de Vivienda de Interés Social, que fueron reducidos por el anterior gobierno.
Paralelamente, está la medida de refinanciamiento y/o reprogramación de créditos cuyo objetivo fue aliviar la situación de los prestatarios y reconectar la relación con sus entidades financieras.
Posteriormente, en apoyo al aparato productivo se constituyeron los Fideicomisos para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (FIREDIN) y con ellos se otorgan los créditos SIBOLIVIA –de sustitución de importaciones—dirigidos a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios (personas naturales o jurídicas) que necesitan capital de operación e inversión para la producción de bienes intermedios o de consumo final de productos agropecuarios y manufacturas, que sustituyan importaciones. Estos créditos tienen una tasa de interés histórica del 0,5%.
Junto a los créditos SIBOLIVIA también se constituyó el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (FOGADIN).
Respeto a la inflación, las diversas medidas de apoyo y fortalecimiento al sector productivo (principalmente al sector agropecuario) permitieron fortalecer dicho sector lo cual se plasma en una inflación de alimentos estable, resguardando así, el poder adquisitivo y garantizando la seguridad alimentaria de los bolivianos.
Asimismo, el gobierno nacional realiza la verificación de abastecimiento interno a precio justo de productos estratégicos en el mercado interno como maíz, sorgo, azúcar, etc., contribuyendo a la prevención de un proceso inflacionario en cadena. La creación de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) y el activo accionar de EMAPA también contribuyeron para enfrentar esta problemática. Además, la estabilidad cambiaria también coadyuvó a mitigar las presiones inflacionarias de origen importado, en un contexto de precios internacionales de materias primas altos.
* Marcelo Montenegro es ministro de Economía del Estado Plurinacional de Bolivia
