El Gobierno de Argentina ha decidido privatizar cuatro importantes centrales hidroeléctricas en un plazo de seis meses. La medida fue oficializada el lu-
nes mediante el decreto 718/2024, publicado en el Boletín Oficial, y marca el inicio de un ambicioso plan de concesiones que tiene como objetivo transferir al sector privado el control de activos estratégicos del país.
Las represas afectadas son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas en la región del Comahue, entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Estas centrales, que concentran aproximadamente el 30% de la generación hidroeléctrica del país rioplatense, estaban operando bajo concesiones privadas desde 1993. Con esta decisión, el gobierno de Javier Milei ha decidido dar un paso más allá al vender el paquete accionario mayoritario de estas instalaciones.
Javier Milei
Según el decreto, el Ministerio de Economía deberá convocar a un “concurso público nacional e internacional” para llevar a cabo la venta, en un proceso que se prevé competitivo y expedito. Las empresas estatales Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina, que actualmente poseen el 98% y el 2% del capital accionario de estas represas, respectivamente, deberán transferir sus acciones a privados dentro del plazo estipulado.
Este movimiento ha generado controversia y resistencia, especialmente en el Gobierno de la provincia neuquina, que había manifestado su deseo de asumir el control de las represas una vez vencidas las concesiones actuales. El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, expresó su descontento: “No es lo adecuado ni lo pretendido ni lo que viene insistiendo la provincia de Neuquén”. Etcheverry también criticó el momento de la medida, calificando el decreto de tardío y poco serio.
Electricidad
El funcionario también señaló que el decreto refleja una política de un “gobierno nacional libertario que ya lo había anticipado”, y advirtió que se buscará determinar los pagos adicionales que podrían derivarse de la privatización, tales como regalías y cánones, además de establecer normativas para el manejo del agua y la protección ambiental.
La privatización de estas represas es vista por algunos expertos como un golpe a la soberanía energética del país. Nicolás Malinovsky, un reconocido analista en temas energéticos, advirtió en diálogo con Sputnik que la medida podría encarecer las tarifas y perjudicar la competitividad de la industria argentina. “A diferencia de lo que sucedió en la década de 1990, cuando se hizo una concesión a privados, acá lo que hay es una privatización, porque directamente es una venta de los activos”, aseveró Malinovsky.
El especialista destacó que las represas ya están completamente amortizadas, lo que significa que el Estado argentino no tendría que seguir pagando por su construcción. Sin embargo, con la privatización, el control de un sector estratégico pasará a manos privadas, lo que según Malinovsky podría resultar en “una mayor concentración del sector energético en manos privadas” y en un Estado “sin resortes operativos sobre un sector estratégico para la economía”.
Este panorama se agrava, según el experto, por la falta de nuevas inversiones en infraestructura energética y la paralización de proyectos importantes.
