Bolivia enfrenta la crisis energética más complejas de las últimas décadas debido a la escasez de combustible, en especial de diésel. Esto ha generado largas filas en estaciones de servicio y un impacto significativo en diversos sectores de la economía. En respuesta, el Gobierno nacional anunció un paquete de diez medidas para paliar la situación. Entre ellas están la reducción del uso de vehículos estatales, el incremento en la provisión de combustibles y la habilitación de estaciones exclusivas para el transporte público y el sector agropecuario. Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad de estas acciones y su capacidad para ofrecer una solución sostenible en el tiempo.
En este contexto, Energías & Negocios, de La Razón, conversó con Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), para analizar el impacto real de la crisis en la producción, el comercio y la inflación. El economista, con amplia trayectoria en el ámbito institucional empresarial, explica cómo la falta de combustible afecta a sectores esenciales como la agricultura y la ganadería, donde los tiempos de siembra y cosecha dependen de una provisión oportuna de diésel. Además, advierte sobre las repercusiones de un incremento en el precio del combustible y cómo esto podría poner en riesgo la competitividad de distintos rubros.
Combustibles y otros problemas
Más allá de los efectos inmediatos, Rodríguez aborda un tema medular: ¿son suficientes las medidas adoptadas o se requiere una reforma estructural en el sector energético? Más aun, el profesional indica que el Gobierno nacional debe sincerar los precios para hacer que el país resulte nuevamente atractivo a la inversión de las grandes empresas petroleras. También analiza el papel de la política en esta crisis, señalando cómo la falta de consenso en la Asamblea Legislativa ha impedido la aprobación de créditos internacionales que podrían aliviar la situación.
Acompáñenos en esta entrevista para comprender mejor el alcance de la crisis y las posibles soluciones que podrían garantizar estabilidad y desarrollo en el país.
¿Cómo está afectando la falta de combustibles, especialmente del diésel a los sectores productivos y comerciales?
Por definición, la actividad agrícola es de alto riesgo, ya que depende grandemente del clima para la siembra, el progreso del cultivo y, la cosecha. A ello hay que sumar las “ventanas de oportunidad” que se presentan para la siembra (humedad) y la cosecha (ausencia de lluvia), de tal manera que, si la provisión del diésel no llega en el momento exacto, el productor del agro pierde por doble partida; otro tanto pasa con el ganadero. Respecto al sector comercial, la escasez del combustible puede ocasionar una ruptura de la oferta, con un daño para los sectores mencionados, pero también, para el propio consumidor.
¿Qué tan viable es la propuesta de habilitar diésel para los sectores productivos a Bs 11,50 por litro? ¿Cómo repercute esto en la estructura de costos y en la competitividad?
La cantidad y la intensidad del consumo del diésel varía de sector a sector, no es lo mismo hablar del sector agropecuario que del minero, hay una diferencia abismal en cuanto al esfuerzo y el rédito que cada uno percibe, de ahí que, semejante elevación de precio sin duda impactará sobre todos ellos, en unos más que en otros, todo dependerá del tipo y la escala de producción, pero, además, de su productividad, ya que, a menor escala y competitividad, mayor el impacto, ya que habrá quienes bajen su margen de utilidad, pero también, los que se vuelvan inviables. Aquello de que “no hay un producto más caro, que el que no está en el mercado”, es cierto, pero, no menos cierto es que el límite para utilizar un insumo tiene que ver con la posibilidad de ganancia: Si el alza del costo es tal que inviabiliza esto último, sin duda tal actividad declinará y hasta podrá desaparecer ya que nadie invierte para perder, eso es algo básico. Una cosa es pagar Bs10 o Bs12 por el litro de diésel, como se oye, para una cosecha inminente que dé cierto nivel de ingresos para cubrir deudas, y otra, comprar a tal precio para apostar por una actividad de alto riesgo sin garantía de ganancia.
¿Cómo afectan los factores anteriormente señalados a la inflación en el país?
Indudablemente, si el margen de ganancia en el sector agrícola es mínimo por las vicisitudes del clima, plagas, “precios justos” (subvencionados por el sector privado), el vaivén de los precios internacionales o las restricciones a la exportación que se dan, es lógico que si a ello se agrega el aumento de costos que afecte negativamente dicho margen, esa subida se la trasladará a los precios, por la viabilidad de la actividad. En el sector comercial la subida de los fletes impacta en los precios de los productos para su expendio. In extremis, si en algún momento ya “no es negocio producir algo”, la disminución de la oferta también contribuirá a la subida de precios y a una mayor inflación.
¿Qué consecuencias tiene una inflación elevada y qué es posible hacer para atenuarla?
Alguien dijo que la inflación funciona como un “impuesto ciego” que disminuye el poder adquisitivo de absolutamente todas las personas, pero, afecta mucho más a quienes tienen ingresos bajos y rentas fijas, porque gran parte de los mismos se destina a la compra de bienes básicos. Contrariamente a lo que se piensa, el “control de precios” no es la solución, más bien, un problema, por lo que se ha venido constatando desde 2008, cuando comenzó la subvención al precio de los alimentos por parte de los productores privados (debido al “precio justo” fijado oficialmente), ocasionando un gran negocio para los contrabandistas, a costa del desabastecimiento del mercado interno y la pérdida de los productores del agro.
¿Son suficientes las diez medidas planteadas por el gobierno nacional para enfrentar la escasez de combustibles?
Se trata de medidas reactivas que pueden ayudar a dar una respuesta a cortísimo plazo a la preocupación del sector productivo y la bronca ciudadana por las colas derivadas de la escasez de combustibles, que, en la práctica, va sembrando el camino hacia una desregulación del sector (compra de dólares en el Banco Unión por YPFB y utilización de criptoactivos, ambos a precio de mercado), sin embargo, no se trata de un paquete de medidas estructurales.
Está registrado por la prensa que, el 26 de diciembre de 2010, cuando el gobierno emitió el Decreto Supremo No. 748 para subir el precio del diésel y la gasolina, el IBCE fue la única institución privada del país que se manifestó a favor de un “ajuste estructural” en el sector de hidrocarburos, por la necesidad de un “sinceramiento de precios” con la finalidad de atraer a las empresas petroleras para que vuelvan a invertir en exploración en nuestro país; asimismo, para disminuir el pesado lastre que suponía ya, para el Estado, la alta subvención a los hidrocarburos; consecuentemente, eliminar los cupos al sector productivo; finalmente, bajar el contrabando de combustibles al exterior, dado su bajo precio.
¿Cuánto está jugando el componente político en la situación actual, con un proceso electoral de por medio?
Definitivamente, así es, y resulta lamentable que ello ocurra, porque las consecuencias las está pagando la gente. La pulseta política al interior del partido de gobierno hace que la Asamblea Legislativa no apruebe créditos por más de 1.600 millones de dólares de deuda externa contratada, que si bien son para proyectos, tales dólares al ingresar al país llegan a engrosar las RIN del Banco Central de Bolivia, el que entrega los montos correspondientes a los diferentes Ministerios en moneda nacional, de ahí que, la maniobra legislativa hace que el Banco Central se vea imposibilitado de otorgar a YPFB dólares al tipo de cambio oficial para importar combustibles. Esta resistencia política en la Asamblea Legislativa apunta a no darle esta suerte de “oxígeno” al gobierno.
