Bolivia enfrenta un momento energético crítico que podría definir la competitividad económica del país en los próximos años. Mientras el gobierno envía señales positivas al sector de hidrocarburos, los cuatro campos gasíferos más importantes del país —que concentran el 90% de la producción nacional— están en declinación, y el reloj avanza en contra de las soluciones de corto plazo.
«Considero que las señales que está dando el gobierno son todas muy positivas», afirma Enzo Michel, director de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, al destacar el énfasis oficial en la seguridad jurídica, una nueva ley de hidrocarburos y la quita de subvenciones. Sin embargo, el optimismo viene acompañado de advertencias sobre la urgencia de actuar.
Una estrategia doble
El ejecutivo propone una estrategia dual para enfrentar la crisis. «Hemos hecho una propuesta desde el sector hidrocarburos, donde existe una ley de incentivos que hemos propuesto para el corto plazo y que ya está en la Cámara de Diputados», explica Michel. Esta primera ley busca activar proyectos en campos maduros que puedan aportar gas en un plazo de dos a tres años.
Paralelamente, se impulsa un cambio de fondo en la legislación de hidrocarburos. «La segunda ley, el cambio profundo de la ley de hidrocarburos, es un tema que también hay que avanzar. Puede tomar algo más de tiempo, porque implica hablar del régimen de regalías, hablar con las regiones y ver cómo se va a hacer ese pacto, muy en línea con el 50-50 que propone el gobierno», detalla el director.
Esta ley de largo plazo apunta fundamentalmente a hacer más atractiva la exploración, un proceso que, según las buenas prácticas internacionales, requiere entre siete y diez años para completarse.
La brecha competitiva
Michel es enfático al señalar las desventajas estructurales que enfrenta Bolivia frente a sus vecinos. «Cuando comparamos las condiciones económicas que le damos al inversor con las condiciones que dan otros países de la región como Argentina, Brasil, Perú o Colombia, nuestro IDH y regalías es del 50%, mientras que en Argentina es entre el 8 y el 12%», señala.
Las diferencias no se limitan a impuestos y regalías. «El precio del gas en el mercado interno en Argentina es $us 3,50 y nosotros pagamos $us 0,65 en promedio. El precio de los líquidos en todos los países de la región, el petróleo y el condensado, se paga a precio internacional, y en Bolivia está subvencionado a dólares fijos hace 20 años», añade.
A esto se suma la falta de seguridad jurídica. «Cualquier inversión que hace una empresa extranjera no está protegida ante una potencial nacionalización o ante un potencial cambio de normativa», advierte Michel, señalando que esta ausencia de garantías hace que los inversores prefieran otros mercados.
Paradoja del gas barato
Uno de los aspectos más contraintuitivos del análisis de Michel es cómo el bajo precio del gas, que hace competitiva la electricidad boliviana, se ha convertido en un obstáculo para la diversificación energética. «En la medida en que el gas natural para el mercado interno tenga un precio bajo, las energías renovables no van a competir de manera justa y va a ser muy difícil colocar energías renovables para el mercado interno», explica.
El director advierte sobre un escenario que podría ser catastrófico para la economía. «Si el gas natural con la declinación que tenemos en algún momento no llega a cubrir el mercado interno, vamos a tener que importarlo, y no lo vamos a importar a $us 0,65, lo vamos a importar por lo menos diez veces más caro. Y eso va a tener un impacto muy grande en el costo de la energía».
La recomendación de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía es clara: elevar el precio del gas al nivel de los países vecinos para permitir que las energías renovables compitan y se desarrolle una matriz energética más sostenible.
Carrera contra el tiempo
Los plazos en la industria de hidrocarburos son inherentemente largos. «Perforar un pozo en Bolivia toma doce meses aproximadamente porque son pozos profundos, y después hay que conectarlos», señala Michel, recordando que antes hay que aprobar leyes, obtener licencias ambientales y movilizar equipos.
El pronóstico del ejecutivo es desafiante. «Para comenzar a revertir la curva necesitamos por lo menos unos cinco años, y para definitivamente cambiar la tendencia con una nueva ley de hidrocarburos más agresiva… en al menos siete años podríamos estar con nuevos volúmenes provenientes de la exploración».
Mientras tanto, los campos de Sábalo, San Alberto, Margarita e Incahuasi continúan su declive natural. La ventana de oportunidad está abierta, pero el margen de maniobra se reduce con cada mes que pasa sin decisiones concretas. Bolivia enfrenta la disyuntiva de actuar ahora o pagar un precio mucho más alto en el futuro cercano.
