El Gobierno de Javier Milei en Argentina promulgó el pasado viernes la Ley de Modernización Laboral, o reforma laboral. La misma modifica el marco normativo del mercado de trabajo en el país vecino. El Congreso había aprobado la medida el pasado 27 de febrero.
La promulgación se efectuó mediante el Decreto 137/2026 publicado en el Boletín Oficial. La nueva Ley, que ha recibido el rechazo por parte de centrales sindicales y organizaciones sociales, plantea modificaciones en el régimen laboral de Argentina. Otorga mayor margen de maniobra a los empleadores en materia de contratación, desvinculaciones, esquemas indemnizatorios y negociación colectiva.
En su articulado contiene un nuevo parámetro para determinar la mejor remuneración a los fines del cálculo indemnizatorio. Dispone que la indemnización pase a ser la única compensación ante un despido, con el objetivo de «disminuir la conflictividad judicial» en el ámbito laboral.
La Ley establece restricciones al derecho a huelga en sectores considerados esenciales al imponer la garantía de prestaciones mínimas.
Habilita la implementación de esquemas voluntarios de banco de horas, que podrán pactarse caso por caso.
La promulgación de la Ley 27.802 no solo redefine las reglas del mercado laboral, sino que ha profundizado la fractura política y social en Argentina. Mientras el oficialismo, liderado por el presidente Javier Milei, celebra la iniciativa como un paso «histórico» hacia la modernización y la creación de empleo formal , las principales centrales obreras, como la CGT y las dos CTA, anticipan un escenario de mayor conflictividad. Los sindicatos advierten que la reforma no generará nuevos puestos de trabajo, sino que institucionaliza la precariedad al facilitar los despidos y erosionar el poder de negociación colectiva.
