Las cifras son elocuentes y, a la vez, demoledoras. Mientras los países vecinos suman inversiones extranjeras directas por miles de millones de dólares cada uno, Bolivia apenas logra captar una parte ínfima. Según datos de la CEPAL, apenas el 0,1% del total regional en 2025. Es en ese contexto que el gobierno de Rodrigo Paz anunció un paquete de leyes sectoriales —hidrocarburos, minería, litio y, como norma paraguas de todo el conjunto, una nueva ley de inversiones— con la esperanza de revertir una tendencia que se es insostenible.
Dos de las voces más autorizadas del empresariado boliviano coinciden en que la aprobación de esa ley es una prioridad impostergable. Energías & Negocios, de La Razón, conversó con Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), y Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
Seguridad jurídica
Para Kempff, el problema tiene una raíz bien identificada. «Necesitamos confiar en la seguridad jurídica del país. Necesitamos confiar en que la justicia va a ejercer de una forma adecuada, en que los fiscales y los jueces van a actuar de una forma adecuada», afirmó. Señaló que el tema surge repetidamente en sus reuniones con empresarios de Brasil, España y otros países. En su visión, una vez que Bolivia cuente con ese marco legal sólido, «va a venir una inversión muy importante del sector privado. Vendrá de varios países y del propio país, para instrumentar un desarrollo importante».
Morales, en tanto, pone el dedo en la llaga con precisión técnica. «Si Bolivia no cuenta con una ley que garantice y dé previsibilidad jurídica a los inversionistas extranjeros, no van a venir las inversiones extranjeras», advierte. Pero ¿qué significa exactamente esa previsibilidad? Para el presidente de la CNI, la respuesta es concreta. «Tiene que haber por lo menos 20 años de que se respeten las normas. Cuidado que venga un inversionista y a los 5 años se quiera cambiar las normas o a los 10 años». Una exigencia que no es capricho, sino una condición elemental para quienes traen capitales de envergadura. «Cuando llega inversión extranjera a Bolivia, no llega un millón o dos millones. Tiene que llegar $us 50 millones, más de $us 100 millones», afirma.
Arbitraje internacional
Junto a la estabilidad normativa, Morales identifica un segundo pilar indispensable: el arbitraje internacional. «Bolivia ha dejado de ser parte del CIADI el año 2007 y todo problema legal tiene que resolverse en la vía ordinaria. El inversionista extranjero no confía en la justicia ordinaria y, por supuesto, va a querer el arbitraje internacional», explica. Su conclusión es que «básicamente, la ley de inversiones tiene que tener estas dos cosas: el arbitraje y la previsibilidad normativa».
El ejemplo más cercano de lo que Bolivia pudo haber sido y no fue lo ofrece Kempff al mirar hacia el vecino del Pacífico. «Teníamos una ley de minería muy buena antes, que Perú se la ha instrumentado y está exportando más de $us 50.000 millones. Estamos en la misma cordillera y estoy seguro de que vamos a poder llegar a volúmenes importantes de exportación de minería», sostiene. Los números de la CEPAL confirman su punto: Perú fue en 2024 el país de mayor crecimiento porcentual en atracción de IED en toda la región, con un incremento del 56,7% respecto al año anterior.
En lo que respecta al orden de prelación del paquete legislativo, Morales es enfático: «La norma paraguas tiene que ser la ley de inversiones. Esa tiene que ser la principal. Primero necesitamos la ley de inversiones, y luego tiene que venir la ley de hidrocarburos, la ley minera y las demás leyes conexas».
Kempff añade a esa lista de reformas urgentes una que suele omitirse en el debate público pero que considera igualmente crítica: «Una ley que prohíba los bloqueos en el país. Es algo que realmente nos afecta a los empresarios y a toda la sociedad”, sostiene.
