Bolivia llegó a ser, en algún momento, el líder mundial en bosque tropical certificado. Más de dos millones y medio de hectáreas contaban con el sello del Forest Stewardship Council (FSC), la certificación internacional más exigente del sector. El 90% de sus exportaciones eran productos con valor agregado: pisos, puertas, molduras, muebles. No troncos, no tablas en bruto. Era un sector que había apostado por la industria, la inversión y la reconversión tecnológica.
Hoy ese panorama luce muy distinto.
«En la década de 1990 llegamos a exportar más de $us 120 millones», señala Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). «El año pasado llegamos a $u 80 millones. Y hay que considerar que son dólares de épocas distintas: esos $us 120 millones de los 90 probablemente equivalen hoy a $us 150 o $us 160 millones». En términos reales, las exportaciones madereras bolivianas se han reducido casi a la mitad respecto a su mejor momento.
Baja de las exportaciones
Los datos del INE confirman la tendencia. Las exportaciones del sector tocaron un pico de casi $us 100 millones en 2007 y 2008, para luego iniciar una caída sostenida que llegó a un mínimo de $us 43 millones en 2016. La leve recuperación posterior no alcanzó para revertir el retroceso estructural. En 2025 el sector cerró en torno a los $us 65 millones, con una caída adicional respecto al año anterior.
Rodríguez apunta a una causa central: la sobreregulación. «El famoso Estado tranca», dice. La Ley Forestal 1700, vigente desde 1996, estableció un régimen exigente que, sin embargo, el sector privado logró absorber. Las empresas invirtieron, se adaptaron y crecieron. El problema vino después, con una capa adicional de controles, auditorías y responsabilidades que recayeron casi exclusivamente sobre los operadores privados. El resultado fue la desinversión progresiva: de más de 2,5 millones de hectáreas bajo custodia privada se pasó a menos de 300.000.
La Cámara Forestal de Bolivia, que agrupa a los principales actores del sector, ha propuesto un plan de reactivación que contempla financiamiento, simplificación tributaria y seguridad jurídica como ejes principales. La discusión sobre si Bolivia puede recuperar lo perdido —y en qué condiciones— está lejos de cerrarse.
