Como la demanda marítima boliviana, la Guerra de las Malvinas (1982) supuso la reivindicación argentina por reponer aquello que consideran un resarcimiento histórico en el país austral. El origen del conflicto fue el intento por parte del vecino sureño de recuperar la soberanía de las islas, a las que las Naciones Unidas consideran actualmente territorios en litigio entre Argentina y Gran Bretaña, pero que se encuentran bajo administración de este último. Lo que poco se sabe a 35 años de aquel conflicto es que 25.000 bolivianos que radicaban en el norte de la vecina república se ofrecieron como voluntarios para colaborar en diferentes tareas durante el lance.
Todo comenzó con la “Operación Rosario”, bautizada así en honor a la Virgen del Rosario, el 28 de marzo de 1982, cuando en la base Naval de Puerto Belgrano se embarcaron fuerzas militares argentinas con la misión de recuperar aquellas islas del Atlántico Sur. La historia cuenta que en la madrugada del 2 de abril, ya en suelo malvinense, el destacamento se dividió en dos grupos: el más numeroso al mando del capitán Guillermo Sánchez Sabarots, el cual comenzó una larga marcha hacia el cuartel de los británicos “Royals Marines” en Moody Brook; el segundo liderado por el capitán Pedro Giachino, que buscó la casa del gobernador Rex Hunt.
El equipo de Sánchez Sabarots llegó a Moody Brook y confirmó que el mismo estaba desocupado. Poco después, comenzaron los disparos en Puerto Argentino y tras algunas escaramuzas, la “Operación Rosario” había terminado en victoria y las islas Malvinas bajo soberanía argentina luego de 150 años de usurpación. Posteriormente empezó la “verdadera” guerra, que se inició el 1 de mayo con un bombardeo aéreo inglés al aeropuerto de Puerto Argentino y la inmediata réplica de la Fuerza Aérea Argentina, que hacía su histórico bautismo de fuego.
La guerra les costó la vida a 649 personas —entre ellos oficiales, suboficiales y jóvenes de 18 años que cumplían el servicio militar— y mutilaciones y heridas a casi 1.300, además de secuelas psicológicas que llevaron al suicidio a más de 350 excombatientes.
Al poco tiempo, el 26 de mayo, una solicitada del periódico bonaerense La Razón reportó desde Salta, provincia limítrofe con Bolivia, que el Gobernador, el capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, el Centro Boliviano de Salta y la Federación de Excombatientes de la Guerra del Chaco informaban sobre 25.000 bolivianos que se habían ofrecido como voluntarios en el conflicto, aunque nunca llegó a confirmarse una real participación de éstos. Lo cierto es que 74 días después de aquel 2 de abril, en medio de hostilidades y combates en el frente externo, y de la crueldad del clima de las islas, del hambre, de la violencia de buena parte de los mandos, de la imprevisión y de los obsoletos recursos armamentísticos en el frente interno, las tropas argentinas se rindieron ante las británicas.
La guerra les costó la vida a 649 argentinos —entre ellos oficiales, suboficiales y jóvenes de 18 años que cumplían el servicio militar—, y mutilaciones y heridas a casi 1.300, además de secuelas psicológicas que llevaron al suicidio a más de 350 excombatientes. Posteriormente se supo que Perú, uno de los pocos aliados efectivos de Argentina, no solo la apoyó militarmente, con acciones de inteligencia y mediante el envío de una docena de aviones Mirage M5-P, en ese entonces casi nuevos eludiendo radares chilenos que actuaban apoyando la inteligencia británica, sino también con pilotos, instructores, pertrechos militares, misiles y medicinas. Los citados aviones fueron vendidos a Argentina a dos millones de dólares cada uno en plazos muy amplios, aunque su precio era de 20 millones de dólares por avión.
Perú fue uno de los pocos leales a Argentina a la que apoyó abiertamente durante el conflicto (hoy en día se habla de un apoyo extra de pilotos y de más misiles Exocet por parte de Perú), y también es un hecho que los peruanos movilizaron su Fuerza Naval hacia el sur de su frontera ante una eventual intromisión de Chile en favor de los europeos. El 25 de enero de 2012, a 30 años de la guerra, la presidenta argentina de aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la conformación de una comisión para la reapertura y el conocimiento público del “Informe Rattenbach”, un documento confeccionado en 1982 cuya finalidad era analizar y evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas argentinas en el conflicto bélico. En una parte de dicho informe se encuentra escrito cómo los comandantes argentinos maltrataban a sus propios soldados, especialmente a los oriundos del norte argentino.
El 26 de mayo de 1982, una solicitada del periódico bonaerense La Razón reportó desde Salta, provincia limítrofe con Bolivia, que 25.000 bolivianos se habían ofrecido como voluntarios en el conflicto.
Mediante aquel escrito se supo que en esa época, muchos bolivianos o hijos de bolivianos radicaban y cumplían su servicio militar en Salta y Jujuy, esta última también limítrofe con Bolivia, los cuales con solo 17 y 18 años fueron obligados como muchos otros jóvenes a ir a la guerra con Gran Bretaña. El periodista y escritor Daniel Kon, autor del libro Los chicos de la guerra, si bien no hace referencia y diferencia a los jóvenes por nacionalidad, es quien deja entrever que muchos conscriptos de origen boliviano fueron maltratados y lucharon por las islas reclamadas.
Así, el país, al igual que muchos otros latinoamericanos, también había entrado en la retórica de envío de soldados para apoyar a la Argentina en el conflicto; el actual embajador boliviano en Buenos Aires, Liborio Flores Enríquez, por ejemplo, era piloto de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y uno de los primeros en presentarse como voluntario para ir a Malvinas. Pero el caos que se vivía bajo la presidencia del general Celso Torrelio Villa, que había sido previamente ministro de Luis García Meza, vinculado al narcotráfico, tampoco dio pie a nada muy notable.
La de 1982 no era la primera vez que Bolivia se mostraba a favor de Argentina en su reclamo. La inaugural invasión inglesa a las islas en 1833 provocó la inmediata reacción del Mariscal Santa Cruz, por entonces presidente de Bolivia quien, enterado del caso, mandó una carta protestando por el acometimiento, dejando en claro que Bolivia solo reconocía a la República Argentina como unidad territorial sobre las Malvinas. Fue el primer país en reclamar por la invasión. La carta fue dirigida a la reina de Inglaterra y a su primer ministro, con copia a Buenos Aires. El resto es historia conocida.
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