Desde 2006, Bolivia fue encaminada hacia un modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci) que a su paso derivó en acertadas estrategias gubernamentales y también en retos y desafíos, todavía pendientes.
Al menos cinco autoridades del área como Nila Heredia, Wálter Selum, Ramiro Tapia, Sonia Polo y el actual ministro Juan Carlos Calvimontes, han acompañado la gestión del presidente Evo Morales. La ambición, en todas las administraciones, estuvo centrada en ejecutar el Sistema Único de Salud —antes llamado Seguro Universal de Salud (SuSalud)— para garantizar la atención gratuita en el territorio nacional.
La preparación para poner en marcha esta futura política estatal trajo consigo la realización y la continuidad fortalecida de otras estrategias gubernamentales como el bono Juana Azurduy de Padilla (ver infografía), el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) —antes denominado Seguro Médico Gratuito de Vejez—, el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), que reemplazó al Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, y la promoción de los programas nacionales para salud renal, personas con discapacidad, dengue y tuberculosis, entre otros.
De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Salud, entre 2006 y 2011 fueron habilitados 637 centros de atención, se entregaron 840 nuevas ambulancias y buses odontológicos, 75 máquinas para hemodiálisis y se ejecutó al menos Bs 31 millones en incentivos para 60 municipios, en el marco del Programa Desnutrición Cero. Estos datos, según el viceministro de Salud, Martín Maturano, denotan significativos avances en el área pero no los suficientes como para consumar la salud gratuita con enfoque de derecho en Bolivia.
En opinión del exministro Guillermo Cuentas (1998-2000), este conjunto de intenciones gubernamentales no puede negar la crisis del sistema de salud que atraviesa el país en la actualidad, ante la falta de recursos humanos, insumos médicos, infraestructura y equipamiento hospitalario.
Así, el conflicto desatado entre los profesionales y trabajadores de salud con el Gobierno durante abril y mayo de este año, considerado uno de los más críticos que ha enfrentado la cartera ministerial, sacó a reflote las condiciones laborales y el precario entorno técnico de este sector, que a una sola voz pidió la derogación del Decreto Supremo 1126 que restituía la jornada laboral de ocho horas.
Tras casi medio centenar de días de marchas, bloqueos, huelgas y enfrentamientos en distintas ciudades, el mismo Evo Morales anunció la suspensión de la norma y convocó a una Cumbre Nacional de Salud para debatir toda la reforma del sistema, aspecto que le otorgó alta relevancia al anuncio. La realización del evento está prevista para octubre en la localidad de Yacuiba (Tarija) y promete la participación de todas las instancias involucradas y también de organizaciones sociales.
Las expectativas por el acontecimiento y el cambio estructural que propone son amplias y, en criterio de Cuentas, su conclusión sólo puede aspirar a un diagnóstico común y a un plazo fijo para determinar la ejecución de una verdadera política estatal y no simplemente de Gobierno.
Tanto la cumbre como la aprobación de la Ley del Sistema Único de Salud son ahora los ejes que marcarán, en gran medida, los cambios sustanciales en el área, pero sumados a las barreras geográficas, económicas y culturales que dificultan el acceso a las comunidades rurales, la limitación en la atención y calidad del servicio.
Al celebrarse el 187 aniversario de la independencia de Bolivia, se recuerdan no sólo los avances en el tema sino también los retos. El cumplimiento del artículo 35 de la Carta Magna referido a la creación de políticas públicas, bienestar colectivo y acceso gratuito a los servicios permitirá la creación de un sistema de salud íntegro para los bolivianos, según los entrevistados.
