Exactamente hace nueve años el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunciaba a su cargo y huía en avión desde Santa Cruz a Estados Unidos, obligado por la muerte de más de 60 personas y 400 heridos a raíz de la denominada ‘Guerra del Gas’. Hoy, las víctimas de aquellas fatales jornadas de octubre de 2003 reclaman justicia y la extradición de Goni, como se apoda al exMandatario.
Entre el 11 y el 17 de octubre de 2003, la ciudad más joven del país, El Alto, se había convertido en un campo de batalla. Militares armados se transportaban en tanques y camiones para resguardar a los carros cisternas que llevaban combustible a La Paz. Aquello inició la tragedia.
En las zonas de Villa Tunari, Ventilla y Senkata, entre otras, se armaron barricadas para impedir el paso de movilidades y militares. La población pedía la renuncia de Sánchez de Lozada, quien pretendía exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, un plan que fue objetado por el conjunto de las organizaciones sociales y la sociedad.
“Había francotiradores. Yo lo he visto. No eran pequeños, morenitos, no; eran altos de ojos verdes”, recuerda una señora que se ha cansado de dar entrevistas mostrando las fotos de don Marcelino Carvajal, su esposo. “Le llegó una bala en el pecho. Era como carne molida. Estaba pura sangre”, relata.
El 12 de octubre del 2003, don Francisco Apaza retornaba a su casa luego de vender comida en su puesto, en la feria de la 16 de Julio. “Ahí en el puente de Villa Tunari me han encontrado los militares. El disparo, creo que era un balín, me llegó al brazo (izquierdo). Perdí la razón y desperté en el hospital Juan XXIII”.
El impacto le cercenó el brazo. Desde entonces aprendió a hacer sus menesteres con la mano izquierda. “Me cuesta mucho”, se queja don Francisco, quien gracias a la decisión del ex presidente Carlos Mesa fue contratado como portero de la exPrefectura de La Paz.
El señor Apaza tenía 56 años cuando eso pasó. Ahora tiene 65. “Uno se cansa. Tanto tiempo (9 años). Hemos ido hasta Sucre por el juicio, se ha dictado una sentencia, pero aún no se sanciona al principal masacrador: Sánchez de Lozada”, dice indignado.
Desiderio Pinto, hermano de otra víctima de disparos de bala de Senkata, señala: “Mi hermano Vidal tenía que entrara Univalle para estudiar Derecho”.
Vidal vivía solo, con su madre, María Rosario Blanco, a quien mantenía en su alimentación porque su padre, Juan Pinto Laruta ex minero de Viloco. El debía ingresar a la Universidad Privada del Valle este 2004, para estudiar derecho pero la ráfaga de una metralla cegó su vida.
Según relata Desiderio, su hermano salió de la casa más o menos a las 9:00 de la mañana al bloqueo fuerte en el sector de la ex tranca Sensata (avenida 6 de marzo y comienzo de la carretera a Oruro); “allí hay una pasarela. Ahí estaban los soldados que trataban de proteger el paso de la caravana de cuatro carros cisternas cargados de combustibles, unos traillers (carros con remolque), un tractor y varios camiones pequeños”, recuerda en una entrevista con el portal Indimedya.
“La gente que bloqueaba la zona eran más o menos 3.000 personas porque el lugar es abierto. Más o menos a las 10:30 el bloqueo provocó disparos de ráfaga de ametralladoras de los militares y la gente comenzó a dispersarse. En medio del correteo, Vidal resultó herido de bala. Fue una ráfaga. Tenía dos balas que le entraron por el cuello. Uno se quedó en el corazón y el otro traspasó por la espalda. Parece que estaba agachado y ahí recibió la ráfaga. Dio cinco pasos atrás y ahí se finó nomás. Ha debido estar vivo por tres minutos más. Yo estaba en la casa, a dos cuadras y esto ocurrió en la pasarela (puente peatonal a desnivel) de la avenida 6 de marzo, en la ex tranca a Oruro” relata.
El 6 de septiembre, Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada para que sea procesado en el país por la masacre de octubre de 2003. Para Rogelio Mayta, abogado de los familiares de las víctimas de la denominada masacre de octubre, no fue “nada extraña la determinación del Gobierno” de los Estados Unidos. “Nosotros estábamos seguros de que la extradición no iba a proceder”, afirma.
Lo que toca, dice, es aguardar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para ver si autoriza el juicio civil iniciado contra Sánchez de Lozada en ese país en 2007.
La demanda boliviana se basa en la Alien Tort Statute, que permite a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin importar dónde hayan ocurrido, presentar una demanda civil ante una corte estadounidense para recibir indemnizaciones, siempre y cuando los supuestos agresores se encuentren en Estados Unidos.
“En 2007, cuando se hizo la presentación con el equipo de abogados, decíamos que ésa era la mejor alternativa para lograr justicia. En ese proceso se nos presentaron problemas. Tuvimos varias batallas y en este momento el proceso está suspendido”, dijo.
