Mineros, fabriles, estudiantes, periodistas, campesinos… Todo el país se unió para vencer a la dictadura de Alberto Natusch Busch, quien un día antes de ceder el poder, el 15 de noviembre —señala el fotoperiodista Román Cordero— anunció el respeto a los derechos ciudadanos, sindicales y laborales para conseguir el apoyo del Congreso. Fue su último intento para no abandonar el Palacio de Gobierno. Al día siguiente, después de negociar una especie de indulto para él y sus camaradas, de evitar que Wálter Guevara Arce vuelva a ocupar la silla presidencial y de sacar millones de pesos del Banco Central de Bolivia, las Fuerzas Armadas aceptaron su renuncia y el Parlamento nombró mandataria interina a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lydia Gueiler Tejada, tras una serie de arduas negociaciones.
Poco más de medio año después, el 17 de julio de 1980, Gueiler sería derrocada por Luis García Meza y otros militares que igualmente tuvieron incidencia en el gobierno de facto de Natusch. No obstante, los culpables de la denominada masacre de Todos Santos, sean efectivos castrenses y/o dirigentes políticos, no fueron nunca juzgados por los crímenes y atropellos acontecidos en esos 16 días de terror y luto; comenzando por Natusch, que falleció paradójicamente en noviembre, un día 23 de 1994, a la edad de 61 años, en Santa Cruz, tras padecer problemas con el alcohol y las drogas. Más todavía, muchas de las víctimas del sangriento golpe no calificaron para el resarcimiento económico estatal que fue aprobado hace pocos años, denuncia el coordinador general de la Fundación Boliviana contra la Impunidad, Aldo Michel.
