El abogado Roberto Celedón afirmó que el Gobierno de Chile debe pedir una excusa a los tres soldados y al Gobierno boliviano por la detención “injustificada” que se hizo el pasado 25 de enero y no descartó el inicio de una denuncia contra algún carabinero (policía) o militar chileno que haya actuado de forma intransigente en la frontera contra los uniformados.
“Sería noble de parte de Chile pedir una excusa por el trato completamente indebido a tres soldados bolivianos que estaban cumpliendo una actividad de combate al contrabando. Sea un carabinero o un militar, voy a hacer una denuncia. Aquí hubo irregularidades y el Gobierno de Chile no ha dicho ni una palabra”, aseguró.
Por su lado, la ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila, señaló en medios estatales nacionales que los soldados retenidos en Chile podrían iniciar una causa de indemnización contra el Gobierno chileno, y que el Órgano Ejecutivo les daría el apoyo legal que necesiten.
“Existe la posibilidad de que los soldados planteen (una demanda); si lo desean, las autoridades podrían ayudar, sus abogados; y es que ellos pueden reclamar una reparación de daños, porque ha habido un daño; primero porque jóvenes han sido expuestos ante la opinión pública con las manos enmanilladas como si fueran en su momento personas que habrían cometido un delito grave de violación a la soberanía chilena y además portando armamento; nunca se dijo que era un fusil (del Ejército)”, destacó la ministra de Comunicación Dávila.
Dávila también fustigó a medios y analistas bolivianos que criticaron la decisión de los soldados antes de la audiencia del 25 de febrero, cuando decidieron rechazar el procedimiento abreviado, que dejaba a dos fuera del proceso, y mantenía al conscripto que portaba el arma en el momento de la detención. Dicha prensa, dijo Dávila, había dicho que no se aprovechó la oportunidad y que había sido una decisión del Gobierno boliviano de mantener a los soldados en prisión debido a un cálculo político.
Fiscalía. En Iquique, el Ministerio Público chileno negó un retroceso en su postura (de ofrecer a los tres soldados la “suspensión condicionada” y no sólo a dos, como lo hizo antes) y asegura que fue una resolución concertada con la defensa, tras un análisis de los antecedentes, que fue un acuerdo para viabilizar la conclusión inmediata del proceso.
“En la audiencia del lunes no había ningún elemento de colaboración por parte de los imputados ni la defensa y en ese instante nos pareció que lo más adecuado era solicitar la medida cautelar, pero luego entregan antecedentes relevantes que colaboraron con la investigación para cambiar el criterio de la salida legal”, explicó a este medio el fiscal Manuel Guerra.
Señaló que si se seguía un juicio oral, la pena “era similar” a la suspensión y a la salida de los soldados de Chile que ahora se propuso. “Para no alargar el proceso por 60 días es que tomamos la decisión que se ajusta a la legalidad y que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia. No es una derrota de la Justicia. No hubo presión de ningún órgano, porque en Chile la separación de poderes es real, no virtual”, dijo Guerra.
La decisión de los tres soldados
Audiencia
La audiencia del 25 sin duda fue la más dura. En diez minutos a solas, los jóvenes decidieron su futuro y luego hicieron conocer la tribunal su decisión. Los tres decidieron ir a un juicio oral para demostrar su inocencia, por ello la justicia les aplicó medidas sustitutivas a fin de que puedan defenderse en libertad.
Difícil relación entre el consulado y los migrantes
Amid Vásquez, representante de la colonia boliviana en Iquique, fue enfático al indicar que el Consulado de Bolivia en Iquique manda sus problemas para que los resuelva la Sociedad Boliviana de Socorros Mutuos.
“Hay casos de fallecimientos, por ejemplo, en los que se precisa mucho dinero para que se pueda repatriar los restos de algún difunto. Por lógica, la gente recurre a su consulado para obtener ayuda económica o administrativa y el cónsul nos manda sus problemas a la sociedad. Como colectividad ayudamos con mil dólares y algunas otras cosas. En esas situaciones la comunidad se organiza. Tenemos un fondo, pero no es mucho, y tenemos que cuidarlo”, indicó.
Vásquez explicó que hay gente boliviana que tiene muchas quejas contra Ruiz, por varios motivos y que prefieren recurrir a esa instancia de la representación boliviana en Chile.
“Hay casos en que llegan personas que fueron explotadas en algunos centros laborales y se quedan sin dinero; muchas veces llegan sin documentos y sin dinero, y hay que ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades dependiendo del caso”, agregó el directivo cívico de los migrantes bolivianos.
Consultado por La Razón al respecto, el cónsul de Bolivia en Iquique, Raúl Ruiz, evitó emitir opinión alguna durante los días que este medio visitó la ciudad costera chilena. El cónsul evitó a los medios y no concedió entrevistas para hablar del tema de los soldados o de las quejas formuladas por este representante de la colonia boliviana en el vecino país.
El dirigente dijo que la Sociedad Boliviana de Socorros Mutuos, organización de los más de 12 mil migrantes bolivianos residente en Iquique, se formó en hace más de 60 años; y su labor es ayudar a quienes decidieron incursionar en Chile para actividades comerciales; es una de los pocas ayudas que hay, dice.
