Entre 2003 y 2005, el asesor de la diplomacia brasileña Marco Aurelio García era un asiduo visitante a Bolivia. Enviado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en varias ocasiones, celebraba —entonces— que la democracia boliviana haya tomado “ruidosamente” las calles. Era, dijo, “mejor que el silencio de los cementerios” y sobre todo “mejor que el silencio forzado e impuesto por las dictaduras”. El profesor García presentía un cambio en el proceso político democrático boliviano inaugurado en 1982, pero había preocupación de un eventual desborde de la violencia.
Intelectuales y funcionarios diplomáticos de los países vecinos mantuvieron el temor de una “guerra civil” en Bolivia, incluso, después de la primera juramentación de Evo Morales, en 2006. El último gran momento de tensión se dio en septiembre de 2008, cuando había estallado una crisis política sobre la validación, por parte de fuerzas políticas del país, de la nueva Constitución, un texto que había sido construido y aprobado por una asamblea representativa de la sociedad. Esos días, la denuncia de un golpe de Estado “cívico prefectural” llegó hasta el Palacio de la Moneda en Santiago, donde se congregaron los mandatarios de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur). La mandataria chilena, Michelle Bachelet, como la primera presidenta pro témpore de la Unasur, y el líder venezolano Hugo Chávez promovieron, en esa cumbre de urgencia, celebrada el 15 de septiembre de 2008, una declaración a favor del gobierno de Morales y condenaron la toma de las instituciones públicas y las violentas protestas desatadas en los llamados departamentos autonómicos (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca).
El naciente bloque multilateral, que acababa de estrenar su carta constitutiva, ponía a prueba su capacidad de integración política y democrática con Bolivia. De hecho, el siguiente paso del bloque suda- mericano fue la de acompañar el diálogo político que se dio en el país para la aprobación y revisión congresal de la nueva Carta Magna, un proceso que concluyó en octubre de 2008 con la convocatoria a referéndum constitucional para enero del siguiente año. Morales promulgó la nueva Constitución, en febrero de 2009, en El Alto, donde comenzó el ruidoso proceso de cambio político que había destacado el asesor de la diplomacia brasileña.
Desde entonces, Bolivia jugó un papel clave en la Unasur. Activó los escenarios de diálogo político y fue artífice de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) bajo los valores de la “solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política”, y otros bloques como la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (Alba).
OEA, los asuntos permanentes de las Américas
En 1979, el clima estaba enrarecido por la inestabilidad política de Bolivia y, aun así, nació en La Paz el documento que declaró de “interés hemisférico permanente” la demanda marítima de Bolivia. La Resolución 426 tuvo 25 votos a favor, ninguno en contra; Chile y Paraguay se abstuvieron por abandono. La declaración fue capaz de influir en toda una generación de diplomáticos. Desde ese año han sido 11 resoluciones hasta 1989, porque desde 1990 Bolivia presenta informes sobre el estado del reclamo a Chile. En 32 años, 17 presidentes y 25 cancilleres fueron los responsables de promover la discusión del tema en el escenario hemisférico.
Según el diplomático Gustavo Aliaga, estas cifras revelan la multilateralización del tema, el principal que trata el país en la escena del hemisferio americano. Adicionalmente, desde 2006, Bolivia ha promovido la evaluación multilateral de la problemática de las drogas, un mecanismo que se ha consolidado sobre la base del principio de la responsabilidad compartida.
