Una vez conocida la invasión de Chile, el 28 de marzo de 1879, el presidente Hilarión Daza aprobó un decreto para organizar el ejército nacional en activos, con todos los solteros y viudos de 16 a 40 años, y pasivos, que eran los casados y mayores de 40.
“La guardia activa estará dispuesta a tomar las armas y trasladarse a los campamentos que les sea designado. (…) se compondrá de (…) cuerpos, llevando cada uno el nombre de la localidad a la que pertenecen (…)”, indicaba el decreto.
Es así que en el departamento de La Paz se conformaron las infanterías Omasuyos, Pacajes, Yungas, Muñecas y otras; en Oruro, el Batallón Paria y Carangas; en Cochabamba, Chapare, Tacaparí y otros; y en Santa Cruz, el Regimiento Valle Grande. “El departamento del Beni (…) remitirá continjentes (sic) personales para engrosar al ejército”, especificaba la orden.
Por otro lado, se conformó el cuerpo Lejión (sic) Boliviana, integrada por rifleros a caballo, que eran jóvenes voluntarios.
El director nacional de la Academia Boliviana de Historia Militar, coronel Rodolfo Antezana, informó que a cada soldado boliviano, en pelea, el gobierno les pagaba 25 centavos diarios, dinero con el que compraban sus alimentos que eran preparados por las rabonas, mujeres que les acompañaba a su paso.
El llamado a la lucha fue tal que el 26 de febrero de 1879, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Eulogio D. Medina, envió una carta al cónsul de Bolivia en Iquique, Juan Balsa, adelantando su renuncia para apoyar al ejército. “He puesto en conocimiento del señor presidente de la República el patriótico oficio de U. (usted) (…) haciendo renuncia de su puesto consular y ofreciendo sus servicios activos en el ejército (…)”, decía la misiva.
El voluntario Miguel C. Pinto, quien fue llamado a la guardia nacional, aceptó su elección. El 28 de marzo respondió al Ministerio de Estado: “Debo manifestar la satisfacción que tengo al ver que se ha querido utilizar mis servicios (…)”.
Fue prohibido todo comercio con Chile
Debido a la invasión chilena y una vez declarada la guerra, el presidente boliviano Hilarión Daza aprobó un decreto en el que prohibió toda comunicación y negocio con ese país. El periódico paceño El Comercio transcribió el decreto en marzo de 1879.
Los artículos primero y segundo señalaban: “Queda cortado todo comercio y comunicación con la República de Chile mientras dure la guerra que ha promovido a Bolivia”. “Los chilenos residentes en el territorio boliviano serán obligados a desocuparlo en el término de 10 días, contando desde la notificación que se les hiciere (…)”. Solo en caso de enfermedad o impedimento, éste no podía ser exiliado.
Por otro lado, también se ordenó el embargo bélico de las propiedades muebles e inmuebles que pertenecían a los súbditos chilenos en el país, entre otras medidas.
