Durante las últimas décadas del siglo XVIII en La Paz —al igual que en muchas de las ciudades de los territorios de ultramar de la monarquía hispana— se suscitaron una serie de conflictos entre los grupos hegemónicos y los poderes locales. Enfrentamientos ocasionados por la búsqueda de representatividad y cuotas de participación en el Cabildo a partir de la elección de alcaldes, en los que cada uno de los candidatos sumaba importantes apoyos de una red de hacendados y comerciantes.
Entre estas disputas se encuentra el denominado Conato de Conti de 1795, que se dio a partir de la elección de alcaldes. José Pablo Conti, a la sazón gobernador interino de La Paz, argumentó que el comandante militar Juan Antonio Mosquera en complicidad con Diego Quint —quien había perdido en la elección de alcaldes de ese año— pretendían tomarlo preso y colocar a Mosquera como Gobernador Intendente.
En su desesperación, Conti convocó a la población indígena de las parroquias de San Pedro y San Sebastián para que concurrieran en su defensa ante cualquier intento de toma de poder por parte de Mosquera y Quint. Fue esta actitud la que casi provocó un enfrentamiento armado entre los habitantes de La Paz, lo que obligó a que Conti y Mosquera fueran relevados de sus cargos por la Audiencia de Charcas, a fin de que “sus problemas personales” no afectasen el gobierno de la ciudad.
Aunque en el fondo eventos como el referido mostraban la crisis en la que había caído la monarquía hispana, además de perfilar —en cierta medida— la efervescencia popular y el descontento que se apoderaba de los criollos americanos que veían en peligro los privilegios y la relativa autonomía que habían conseguido en los dos últimos siglos como consecuencia de la lejanía del poder real.
Diez años después del dilema entre Conti y Mosquera, en 1805, otro nuevo incidente se sumó al proceso. Una conspiración en contra de las autoridades reales de La Paz, en la cual se vieron comprometidos un heterogéneo grupo de comerciantes, artesanos y criollos de clase popular como: Tomás Rodríguez Palma, Carlos Torres, Romualdo Herrera y Pedro Domingo Murillo, entre otros, quienes planteaban contemplar la constitución de repúblicas, municipios independientes y la administración propia de justicia, hacienda, policía y gobierno. La conspiración en La Paz, que tuvo vinculaciones con otra conjura que se encontraba en marcha en el Cusco, fue develada a partir de que las autoridades reales desactivaron primero el movimiento en la ciudad peruana y después el que se tramaba en La Paz. El 30 de julio de 1805 Juan Pedro Indaburo, ayudante mayor del batallón con varios soldados a su mando, detuvo a Tomás Rodríguez y Manuel Rodamonte, logrando escapar en un primer momento Pedro Domingo Murillo y Carlos Torres, quien luego fue capturado.
En represalia por la huida de Murillo, Indaburo solicitó a Antonio Burugunyo, gobernador intendente de La Paz, que ordenara el destierro del evadido de la jurisdicción de la intendencia. Aunque más tarde el intendente Burugunyo informó al virrey del Río de la Plata que había ordenado a Murillo que se marche a Potosí para reunirse con su esposa que se encontraba allí, alegando además que no creía que éste estuviese comprometido en la conspiración de Rodríguez.
Esto a pesar de que el mismo Rodríguez, Montesinos y Torres, en sus confesiones durante el proceso que se les instauró, implicaron a Murillo asegurando que éste había tenido cierto grado de participación en el movimiento, lo que fue desmentido por Murillo cuando éste, tras escapar de la persecución de Indaburo, compareció voluntariamente ante las autoridades y luego de prestar sus declaraciones ante el teniente asesor Juan de la Torre Monje y Ortega, fue liberado al no poderse evidenciar su participación en la conjura, marchándose luego —aparentemente, pues no se tienen pruebas suficientes para aseverarlo concluyentemente— para la ciudad de Potosí a reunirse con su esposa.
Por su parte Tomás Rodríguez Palma y los otros detenidos fueron finalmente condenados en enero de 1807 a destierro perpetuo de la provincia y a no poder ejercer actividades comerciales en La Paz por el delito de pretender “hacer la república”, siendo finalmente liberados solo gracias al pago de fuertes sumas de dinero a concepto de costas por el proceso que se les había seguido. Mientras esto ocurría, Murillo había regresado a La Paz, donde se unió a otro grupo, reanudando sus actividades de conspiración.
Aunque esta vez, luego de que Carlos IV y Fernando VII a su turno abdicaron a la Corona en favor de José Bonaparte, la estrategia se dirigió a legitimar el autogobierno a partir de recurrir al principio de la retroversión de la soberanía, por el que ante el vacío de poder y la falta de legitimidad por parte de Bonaparte, quien había sido impuesto por el emperador francés, se rompían los principios del pacto monárquico, por lo que la soberanía retornaba a sus iniciales poseedores, el pueblo, los que podían autogobernarse hasta que el pacto y la legitimidad fueran restablecidos.
