Las heridas abiertas que dejó el conflicto más largo de la historia de Potosí aún no se han cerrado. El malestar de parte de representantes cívicos y pobladores con las principales autoridades de esa región persiste, lo que los gobiernos departamental y municipal buscan revertir con el anuncio y ejecución de obras y proyectos.
Durante julio y parte de agosto de este año, el Consejo Consultivo Ampliado del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) desarrolló, con amplia convocatoria y apoyo ciudadano, una serie de movilizaciones en demanda de la atención a un pliego petitorio de 26 puntos. Durante 23 días, un grupo de dirigentes, además de mineros sindicalizados y cooperativistas, maestros y universitarios, permanecieron en La Paz tratando de lograr un convenio con el Gobierno que, finalmente, no se concretó.
Ante la ruptura del diálogo tras una serie de intentos por alcanzar un acercamiento, Comcipo decidió replegarse a sus bases hasta Potosí y suspender el paro cívico sostenido por 27 días, además de los bloqueos de caminos y otras medidas de presión asumidas. En un cabildo abierto se rechazó el Estatuto Autonómico del departamento que el 20 de septiembre recibió un contundente No en el referéndum autonómico.
Es en ese contexto que hoy se celebra la efeméride departamental potosina por la gesta libertaria de 1810. Los días previos, Ejecutivo y autoridades regionales hicieron el anuncio de diversas obras —entre ellas el hospital de tercer nivel y el campo ferial para la ciudad de Potosí, cheques por $us 70 millones del programa Bolivia Cambia,
Evo Cumple, y la firma del contrato para el estudio de factibilidad de la central hidroeléctrica Molineros (que aportará al sistema interconectado nacional 132 megavatios— en actos públicos, pero con los representantes cívicos distanciados de sus representantes políticos.
EVALUACIÓN. El líder cívico Jhonny Llally, a manera de evaluación del conflicto, asegura que los 27 días de manifestaciones “han dejado humillaciones, detenidos, pero lo más grave fue que policías quemaron nuestra bandera potosina”.
En la misma línea, la concejala opositora Azucena Fuentes, del frente Unidad Nacional (UN), afirma que el pueblo está más fortalecido y unido que antes frente a la “sistemática desatención e indiferencia del Gobierno central que no responde a las demandas de la región”.
Pero la visión del gobernador del departamento, Juan Carlos Cejas, es contraria. En su criterio, la movilización tuvo como finalidad la creación de un partido político opositor amparado en la dirigencia cívica, por lo que considera que dicha acción no ha dejado nada positivo para la región.
Similar criterio es expresado por el alcalde potosino, Williams Cervantes, aunque él apunta el fracaso de la movilización a la falta de capacidad técnica de los dirigentes cívicos de plantear proyectos con sustento técnico, por ello —dice— se rechazó la mayoría de las demandas y, “lamentablemente, ninguno de los puntos que se pedían, estaban dirigidos al desarrollo de Potosí”.
En ese contexto, los empresarios privados de Potosí plantean algunas soluciones para tratar de sanar las heridas abiertas. Su presidente, David Velásquez, propone superar el entuerto concretando los anhelos potosinos, entre ellos la concreción del nuevo aeropuerto, la fábrica de cemento, la construcción de caminos y la consolidación de la ruta interoceánica Brasil-Bolivia-Chile.
El gobernador Cejas reconoce que todavía hay gente dolida por el conflicto, pero también cree que la crisis se puede superar con trabajo, por ello asegura que realiza gestiones tanto en el ámbito nacional como internacional para que las principales demandas regionales sean resueltas.
Cejas precisa que trabajan en la construcción de caminos, electrificación y el traslado de mayores volúmenes de gas para hacer realidad el proyecto Potosí industrial, que entre otros apunta a la instalación de una hilandería, una planta lechera y otra de oxígeno medicinal.
OPTIMISMO. Cervantes admite que será muy difícil recuperar de la noche a la mañana las pérdidas que dejó la movilización, sin embargo, considera que con las obras que proyecten al nuevo Potosí de a poco se irá revirtiendo la imagen negativa que generaron los conflictos.
Por su parte, Llally manifiesta que el conflicto será superado siempre y cuando exista sinceridad en las autoridades del Gobierno, de la Gobernación y la Alcaldía, y les pide actuar “sin demagogia, hablando con la verdad y buscando un mejor futuro para la región”.
En su criterio, nunca hubo una buena relación con el Alcalde y Gobernador porque ambos responden al Ejecutivo nacional y no a su región, por ello, el pueblo le dijo No al referéndum autonómico y, en ese mismo contexto, cree que también habrá rechazo a la repostulación de Evo Morales y Álvaro García, en la consulta popular del 21 de febrero.
