Desde que fuera presentada la demanda ante la CIJ, hace casi 5 años, el 24 de abril de 2013, Bolivia ha tenido un solo agente, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé; en cambio, Chile tuvo tres: Felipe Bulnes, José Miguel Insulza y Claudio Grossman.
En ambos países, se trata de personalidades de primer nivel. En el lado boliviano, Rodríguez Veltzé fue presidente por sucesión presidencial entre 2005 y 2006; había sido designado en este cargo en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En Chile, Bulnes fue ministro de Justicia y de Educación además de embajador de su país en Estados Unidos; de hecho, por un tiempo ejerció a la vez como embajador y agente de Chile ante La Haya. Insulza, por su lado, ocupó el ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y del Interior cuando era presidente Ricardo Lagos; el último cargo de renombre que ejerció fue de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); en el caso de Grossman, se trata más de un académico, profesor universitario, que tuvo eventuales representaciones en organismos internacionales.
En lo relativo a los coagentes, la parte boliviana lo tiene apenas desde enero de 2018, cuando el representante de Bolivia en Naciones Unidas, Sacha Llorenti, fue designado en el cargo. En cambio, Chile, desde hace al menos tres años cuenta con dos coagentes (Grossman y María Teresa Infante), llegando a sumarse a la fecha un tercer coagente, Alfonso Silva (Subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno chileno).
Infante, además de exembajadora de Chile en los Países Bajos (donde está La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, CIJ), hace poco fue coagente en el litigio que por límites marinos sostuvieron también ante la CIJ Perú y Chile.
Según el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el “equipo jurídico” que atiende la demanda marítima en La Haya también está compuesto por el exsubsecretario de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren, con el cargo de “Asesor Principal” del equipo chileno. Una particularidad de Klaveren es que él fue Agente de Chile ante la CIJ en el juicio contra Perú sobre la delimitación marítima.
Son parte del equipo, además: Carolina Valdivia, profesora de Derecho Internacional con el cargo de Coordinadora Ejecutiva; Claudio Troncoso, actual director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; y, Ximena Fuentes Torrijo, directora nacional de Fronteras y Límites del Estado, quien en julio de 2017 estuvo en Bolivia encabezando la delegación chilena que participó en la reunión del Comité de Fronteras. Fuentes
Torrijo hoy también es Agente de Chile ante la CIJ en el litigio de las aguas del Silala que el Gobierno chileno planteó contra Bolivia.
Del lado boliviano, en esta parte ‘política’, de las autoridades nacionales en el “equipo jurídico”, se evidencia dos grandes grupos: el primero, liderado por el excanciller David Choquehuanca, el verdadero gestor del caso, pues bajo su autoridad estuvo tanto el juicio por la competencia de la CIJ (mayo de 2015), como la elaboración y presentación de la parte escrita del proceso; aquí cabe resaltar al exviceministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Alurralde y al exresponsable de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) Juan Lanchipa.
Y está el segundo grupo, luego de que fuera designado canciller Fernando Huanacuni (23 de enero de 2017). En este nuevo momento, si bien la política de Estado marítima en La Haya continuó invariable, se evidencia una mayor presencia ministerial en el equipo marítimo; es cuando ya tienen peso gravitante los ministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, de Defensa, Reymi Ferreira; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; y el responsable de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón. Aunque con un marcado distanciamiento con el Gobierno, también ha sido parte del equipo boliviano el expresidente Carlos Mesa.
