Tras una tensa relación con Chile, Bolivia encara la fase final de la demanda marítima hacia el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con la apuesta de un diálogo que permita reanudar las negociaciones vinculadas a un acceso soberano al océano Pacífico.
El excanciller Javier Murillo de la Rocha afirma que el “cambio de tono” en el lenguaje y el contenido del presidente Evo Morales tiende a recuperar un ambiente de diálogo mutuamente respetuoso que es el que debe prevalecer como una “condición indispensable” para buscar la concertación y el entendimiento para lograr una solución para el “enclaustramiento geográfico” de Bolivia.
El 12 de marzo, tras asistir a la investidura del presidente chileno Sebastián Piñera, Morales expresó, a nombre del pueblo boliviano, un mensaje de “fraternidad y de integración” e hizo un llamado para sumarse a las voces que “reclaman unidad y apertura para superar las diferencias en base al diálogo y la negociación”.
En esa línea, el Mandatario pedía “reiniciar las negociaciones sobre la materialización de un acceso soberano al mar para Bolivia”.
“Les invito a dar un giro a nuestras relaciones que nos permita construir juntos una paz justa y duradera con integración y complementariedad entre nuestros pueblos, pero necesitamos resolver las heridas del pasado”, manifiesta la autoridad.
La postura del Jefe del Estado fue exteriorizada a una semana de los alegatos orales, programados entre el 19 y el 28 de marzo, en el marco del juicio que Bolivia inició en 2013 para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declare que Chile está obligado a negociar “de buena fe” un acceso soberano al mar sobre la base de actos unilaterales expresados en el pasado.
Morales volvió a plantear que el diálogo se pueda tratar de forma paralela al máximo tribunal. “Quisiéramos eso, (que) al margen de los resultados, del fallo, (ver) cómo avanzar con el diálogo”.
Para el analista en temas internacionales Andrés Guzmán, lo ideal hubiera sido que Morales adopte el “tono amigable y conciliador” que demostró en las últimas semanas desde el inicio del proceso debido a que no es lógico ni coherente que un país solicite una negociación ante una instancia judicial, pero al mismo tiempo sus autoridades mantengan un “discurso beligerante”.
En los últimos años, las relaciones entre Bolivia y Chile han estado marcadas por una tensión verbal y por un ruidoso silencio del vecino país frente a los razonables reclamos del país por el incumplimiento de las obligaciones del libre tránsito del Tratado de 1904, la falta de interés de esa nación para coadyuvar en las tareas de lucha contra el contrabando, así como los incidentes de tránsito.
Sin embargo, el diálogo técnico entre ambos países se reinstaló por una ‘cuerda separada’ a los litigios que se tramitan en la CIJ —por el tema marítimo y las aguas del manantial Silala que Chile reclama como río internacional— para tratar asuntos técnicos y fronterizos gracias a la señal que dio el país cuando hizo la devolución de dos carabineros que pasaron de manera irregular la frontera, en agosto de 2017.
Carlos Mesa, expresidente y representante oficial de Bolivia para la Demanda Marítima, cita que en general las relaciones entre Bolivia y Chile se han caracterizado por ser tensas de ambos lados, pero ahora se debe celebrar una “voluntad de diálogo” porque la demanda marítima tiene argumentos jurídicos e históricos sólidos y cuenta con un equipo jurídico coherente, además que el país tiene una posición política con mucho sustento y un criterio de “unidad” muy importante.
Mesa indica que si bien existen “turbulencias políticas muy duras y posturas muy distintas” en Bolivia, pero cuando se trata del tema marítimo todos apoyan al Gobierno, pues es una causa mayor. “Chile se está dando cuenta de que eso no cambiará, independientemente de las diferencias”.
El exmandatario menciona que el vecino país está sorprendido, desde el inicio del litigio en 2013 hasta hoy, de la forma en que se ha llevado este tema porque los argumentos jurídicos de la fase preliminar “han sido tan fuertes” que Bolivia le ha ganado a Chile cuando interpuso la excepción preliminar de incompetencia.
Guzmán expresa que por más de que las relaciones se tensionaron a un “nivel quizás imposible de revertir, al final de cuentas, lo que interesa en las relaciones internacionales son los intereses de las partes, mucho antes que los afectos o los desafectos”.
En esa línea, el diplomático sostiene que si la Corte emite un fallo favorable para el país y se establece una negociación con Chile dependerá de la capacidad de las autoridades nacionales de identificar los intereses de Chile en este asunto y formular una propuesta atractiva que permita al país obtener un acceso al mar.
Karen Longaric, docente de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), refiere que es evidente que Morales desea restaurar el diálogo y mejorar las relaciones bilaterales de cara a una eventual negociación, por eso asistió a la toma de juramento de su colega Piñera, aunque esa decisión no fue fácil ante el “tremendo deterioro” de las relaciones con Chile.
“Me pareció estupendo el llamado a la integración de ambos países, ése es el mensaje y el estilo de un líder, de un estadista. Empero, no estoy de acuerdo con el lenguaje que usó en su intento de rectificar declaraciones que con tono agresivo hizo en el pasado”.
La especialista dice que Morales es consciente de que el diálogo sereno y conciliador es la ruta adecuada para lograr acuerdos.
Se plantea diseño de estrategia diplomática viable
Aline Quispe
El analista en temas internacionales Andrés Guzmán plantea que para la “agenda post La Haya” se debe diseñar una estrategia diplomática “realista y viable” que considere las teorías de la negociación y los antecedentes históricos-legales. También señala que el país debe evaluar qué está dispuesto a ofrecer en el diálogo para un acceso soberano al mar.
“Dicha estrategia debe incluir un debate interno dentro de Bolivia, en el que los bolivianos definamos al menos de forma mayoritaria, qué queremos, qué entendemos por ‘acceso soberano’ y lo más importante y difícil de todo: qué estaríamos dispuestos a dar en esa negociación para conseguir lo que estamos buscando”, afirma.
El diplomático indica que el Gobierno debe acompañar esa estrategia con gestiones de aproximación y lobby diplomático con Perú, que podría ser parte activa de la negociación de acuerdo con lo dispuesto en el protocolo complementario al tratado chileno y peruano de 1929, así como otros países estratégicos como Brasil, Argentina y Estados Unidos.
“El apoyo de la comunidad internacional será clave para conseguir un acceso soberano al mar”.
En tanto, Karen Longaric, docente de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), manifiesta que una alternativa de diálogo tras el fallo de La Haya de la que se habla como “un precedente a seguir” para resolver el tema es el acuerdo de Charaña o “abrazo de Charaña”, en la que Chile ofreció a Bolivia en 1975 la cesión de un corredor a una franja territorial con Perú, bajo un canje de territorio.
Longaric expresa que se debe evaluar el actual contexto, rescatar lo positivo y descartar lo que frenó la viabilidad de ese convenio. “Indefectiblemente, hay que pensar en la posición de Perú y las limitaciones que se derivan del Protocolo de 1929”, precisa.
Para el excanciller Javier Murillo si el fallo es positivo para Bolivia en la demanda marítima, como se espera, la Corte estaría demostrando que está a la altura de la misión que se le encomendó y el vecino país tendría la oportunidad histórica para demostrar al mundo que rige su comportamiento externo por los principios de la convivencia civilizada de las naciones, consagrados por la Organización de Naciones Unidas y el sistema interamericano.
