Los departamentos, municipios y pueblos indígenas originario campesinos tropiezan con diversas problemáticas que afectan sus capacidades de gestión y planificación para superar la pobreza. Sin embargo, la participación de la sociedad civil en la definición del uso de sus recursos tiene un impacto positivo con la rendición de cuentas de sus autoridades.
Según investigadores económicos, la tendencia en América Latina en los países que avanzan en la descentralización, especialmente en Bolivia, apunta a una “convergencia entre la descentralización y el desarrollo local para el desarrollo social y la transformación productiva”, manifestó Edgard Moncayo, durante su exposición en el Quinto Encuentro de Economistas, organizado por el BCB.
“El carácter democrático de la elección de las autoridades autonómicas, junto al funcionamiento y al ejercicio de democracia deliberativa en diferentes niveles legislativos, departamentales, municipales e indígenas que —sin estar exento de tropiezos— está presente en todo el territorio nacional, nos muestra que el proceso autonómico boliviano es un proceso irreversible, que recoge una tradición de vieja data”, señalan los editores del libro Descentralización y democratización en Bolivia. La historia del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia, Moira Zuazo, Jean-Paul Faguet y Gustavo Bonifaz.
“El aspecto político es fundamental, debe ser abierto, transparente y donde nuevos entrantes pueden comenzar a competir. Esto es endógeno a las presiones y al engranaje político (local) de la economía con partidos políticos, y a la diversidad y habilidad de las organizaciones en la sociedad civil”, precisa Faguet.
Esa competencia política se organiza con base en la atención de las necesidades locales (inversión en educación, salud, servicios básicos, infraestructura y otros) y a una interacción entre economía y sociedad civil, ciudad y campo, subraya el investigador.
Cita como ejemplo positivo lo sucedido en el municipio de Viacha (La Paz). Antes de la reforma de la descentralización es conocido que las autoridades políticas eran elegidas por la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), cuyo líder también era principal accionista de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN). “La CBN abandona la ciudad. Quilmes la compra y decide cerrar. Eso levanta una distorsión grande sobre la política y a la larga sobre la sociedad civil. Vemos el ascenso de la sociedad organizada civil y ven la posibilidad de lograr algo”. En cifras muestra el cambio: “hay un gobierno municipal abierto, transparente. La mayoría tiene electricidad, agua potable y el 70% de las escuelas tiene internet. El alcalde da informes cuatrimestrales a la población e informes semanales al Comité de Vigilancia. Los presupuestos son hechos a nivel de distrito y comunidad”. La rendición de cuentas es clave.
Y en Charagua (Santa Cruz), otro buen ejemplo de desarrollo local “las tendencias se han profundizado”. Faguet señala que aún falta mucho por hacer, pero ahora es la comunidad la que maneja sus presupuestos y finanzas.
El rol del sector privado
Se propone que el sector privado empresarial también participe en esta forma de gestión. Se depende de su aporte para que el municipio avance en la construcción de planes y proyectos de desarrollo consensuados.
Guaraníes avanzan en la autonomía indígena
Ellos “(los guaraníes) quieren seguir profundizando en la descentralización interna del municipio, a nivel submunicipal y comunal. En mi opinión, están construyendo sobre los logros de la Participación Popular, renombrándola autonomía y eso está bien”, dijo Jean-Paul Faguet. El proyecto de Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae fue presentado de forma simbólica al Tribunal Constitucional en junio. Se prevé que hasta fin de año entre en vigencia.
“Me parece magnífico que las autonomías den más recursos y potestades. El incógnito son las autonomías indígenas porque ese nivel da privilegios especiales que no tienen otros —como el de la Justicia— si los derechos son similares no sería un problema, pero depende de cómo se lleve adelante”, sostiene Faguet.
El mayor problema será el fiscal. Para Faguet no es un tema que provenga de las leyes, sino “por los cambios en el régimen fiscal que han transferido IDH y regalías de forma desigual, y eso va a llevar a tensiones políticas y sociales”. Hay “necesidad de un pacto fiscal que considere tanto brechas verticales como horizontales, y concordante con una visión de ‘gestión por resultado’”, subraya la economista Nicole Czerniewicz.
