Entre 1987 y 1997 quebraron, fueron intervenidos o liquidados forzosamente 12 bancos, siete privados y cinco públicos, con un daño estimado para el Estado de $us 1.000 millones, según una investigación que devela contradicciones en las cifras oficiales.
Esta década de la historia de la banca en Bolivia, con los consiguientes perjuicios asumidos por el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Tesoro General de la Nación (TGN), está descrita en Estafa del siglo ¡Quiebra de bancos! del periodista Roberto Cuevas Ramírez.
El Banco de la Vivienda SAM (una sociedad anónima mixta pública y privada) “inauguró” el decenio de quiebras al cerrarse el 10 de julio de 1987. Hacia el final de la década le siguieron los bancos de Crédito de Oruro, Potosí, Progreso Nacional y Latinoamericano de Desarrollo. Para entonces, Bolivia salía de la hiperinflación, se aplicaba el 21060, estaban bajos los precios de los minerales y debía adecuarse a las exigencias de los organismos internacionales para acceder a créditos concesionales para la reactivación económica y el programa de ajuste estructural.
Con los 90 llegó la liquidación de los bancos estatales Minero, Agrícola y del Estado. Los casos más funestos fueron el cierre de los bancos privados Cochabamba y Sur, y del Banco Internacional de Desarrollo SA (Bidesa), en 1997, con el que llegó a su fin esta oscura época, marcada por una débil fiscalización estatal.
“Esta historia envuelve las más sórdidas y descaradas estafas, créditos incestuosos (vinculados), conformación de asociaciones delictivas, manejo masivo de testaferros (palos blancos), compra de bienes inexistentes, uso y abuso de créditos internacionales, constitución de empresas fantasmas, falsedad material e ideológica, falsificación de documentos privados, supresión y destrucción de documentos, malversación de cuantiosos recursos del Estado, garantías falsas, desvío de fondos, estados contables falsos, etc.”, señala el investigador con el respaldo de datos verificados en miles de documentos obtenidos del Banco Central de Bolivia (BCB), la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y hemerotecas.
Para 2010, Cuevas accede al informe del 26 de agosto de 2009 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI/DSL/R-30999/2009.
Halló “cifras contradictorias” en los reportes oficiales. “Si promediando las cifras totales de las Memorias de la SBEF, BCB y el informe ASFI manejamos un aproximado de $us 350 millones y sumamos el monto producto de la Cartera Vinculada irrecuperable detallada en el Informe SBEF que asciende a la suma de $us 186,6 millones tenemos un total de $us 536,6 millones”. Así, al sumar gastos por liquidación se superan los $us 1.000 millones en daños. Otro dato aún más contradictorio se refiere a las recuperaciones de los bancos Sur, Cochabamba y Bidesa: la SBEF dice que a diciembre de 2008 recuperaron $us 219,6 millones, mientras que el BCB señala que recibió $us 83 millones ($us 136,5 millones de diferencia).
“Cada institución financiera estatal tiene su propio drama y comedia”, sostiene Cuevas al explicar que la liquidación del Banco del Estado (en el gobierno de Jaime Paz Zamora, 1993) se inicia en la reunión del Grupo Consultivo para Bolivia convocada por el Banco Mundial. La posición del Gobierno de entonces era: “no permitir la existencia de bancos públicos, empresas públicas productivas ni minas estatales. Bajo este compromiso, el Grupo Consultivo decidió otorgar financiamiento externo para cubrir la balanza de pagos 1992-1994 de Bolivia con $us 800 millones por año”.
También se exigía un reordenamiento del sistema financiero, cuidar los ahorros y fortalecer al BCB. En 1994 se emite la Ley 1448 de Bancos y Entidades Financieras. No evita las nuevas quiebras. Aparecen los créditos vinculados, préstamos “incestuosos” de los bancos a clanes familiares, empresariales y políticos, con los recursos recibidos del BCB.
“Los huevos de la serpiente” titula el capítulo dedicado a estos créditos. Continúa crónica la situación deficitaria de Bolivia, que sigue recibiendo crédito internacional. Cuevas menciona tres operaciones relacionadas a estos créditos: la línea 712/SF/BO del BID por $us 32 millones para reactivar el sector agropecuario e incrementar la producción de bienes alimenticios; la línea industrial y turística del crédito BID 564-OC-80 (diversos montos que superan los $us 31 millones); y un crédito CAF de 1995 por un monto de $us 60 millones.
Pocos se beneficiaron con estos recursos. En la investigación se detallan montos y nombres de personas particulares y empresas de más de 60 créditos vinculados otorgados por el Banco de Inversión Boliviano (BIBSA) que “fueron a parar al Banco Sur, como resultado de la fusión del BIBSA y el Big Beni, sumando más de $us 31 millones” en préstamos (no cobrados). Este banco quebró y los ahorristas reclamaron. El exsuperintendente Jacques Trigo sostenía que “en defensa del sistema financiero tuvo que devolver los depósitos realizados por haberse dispuesto la liquidación forzosa”.
La liquidación de los bancos Sur y Cochabamba en 1994 generó “una pérdida de depósitos de $us 400 millones en sólo cinco meses”. El BCB cubrió en efectivo.
Estas historias tienen personajes en común. Entre otros se menciona a Jorge Córdova Serrudo, “el ‘pez gordo’ del Banco Sur fue a parar a la penitenciaría de San Pedro entre el 4 de agosto de 1995 y 11 de agosto de 1997”. Similar suerte corrió Roberto Landívar (Bidesa), encarcelado por daños valuados en $us 60 millones. Cuevas recuerda la relación entre Córdova y el exministro de la Capitalización Alfonso Revollo para salvar del “naufragio” a los bancos Sur y Cochabamba con fines políticos; “era un momento en que la quiebra de cualquier banco significaba riesgo por doble partida: pánico financiero e imagen de crisis económica a capitalistas interesados”.
En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se dio un nuevo colchón financiero a la banca privada con el Decreto 23841 que permitía al TGN cubrir las pérdidas del BCB en caso de “que se den causas que imposibiliten la recuperación de los montos invertidos o prestados” con “bonos redimibles a 99 años”.
Mes y año de cierre de entidades
1987
Banco de la Vivienda SAM (10/07), Banco de Crédito de Oruro (14/08), bancos Potosí y del Progreso Nacional SAM (9/11).
1988
Banco Latinoamericano de Desarrollo(9/09)
1991
Bancos estatales Minero y Agrícola (15/07)
1993
Banco del Estado (11/03)
1994
Bancos Cochabamba y Sur (25/11)
1997
Bidesa (12/12)
Datos memoria Asfi 2010
Banco Sur: “en la gestión 2010, la recuperación acumulada alcanzó a $us 964.000, correspondiendo 118 mil a capital, 435 mil a intereses y 411 mil por venta de activos”. El total de recuperaciones acumuladas llega a $us 168 millones.
Banco de Cochabamba: “las recuperaciones desde el inicio del proceso al 31 de diciembre de 2010 ascienden a $us 44,1 millones, 22,6 millones por capital, 15 millones por intereses e ingresos financieros y 6,5 millones por la venta de activos.
Bidesa: según la Memoria 2010 de la Asfi las recuperaciones ascienden a “$us 62,4 millones, correspondiendo $us 36,2 millones a recuperación de capital, $us 12 millones a intereses y un total de $us 14,2 millones por la venta de activos”.
En 2009 dan luz verde al ‘borrón y cuenta nueva’
Una ley de 2005 dispone el cierre definitivo y se reglamenta en 2009
En la investigación de Roberto Cuevas se indica que en el “largo camino de la liquidación” las deudas incobrables de los bancos Sur, Cochabamba y Bidesa “las asume el Tesoro General de la Nación (TGN)” y aclara que “para ponerlo en cristiano” se trata de “borrón y cuenta nueva”.
El investigador explica, con base en datos oficiales, que “técnicamente las cuentas de los tres bancos en liquidación: Sur, Cochabamba y Bidesa, han quedado en cero porque mediante Ley N° 3252 se dispone el cierre definitivo de los procesos liquidatorios y mediante Decreto Supremo Reglamentario N° 29889 de enero de 2009 se establece ‘…la cesión y transferencia de los activos registrados en el Balance de Corte al 23 de enero de 2009 al Tesoro General de la Nación, con cargo a las acreencias extraconsursables emergentes de la subrogación de depósitos del público por parte del Banco Central de Bolivia’”.
Respalda esta conclusión en las Memorias 2009 y 2010 de la actual Autoridad de Supervisión Financiera (Asfi) que antes fue la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).
Otro dato llamativo que ofrece el documento se refiere a las “igualas” con abogados externos, cuya cifra llega a $us 2.562.815.
“La palabra final corresponde a la opinión pública”, propone el autor de la investigación.
