La CEPAL proyecta que la región finalizará este año con 167 millones de personas en situación de pobreza y que el número de habitantes en extrema pobreza o indigencia se mantendrá estable en 66 millones, la misma cifra que en 2011.
Esta semana, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó su informe Panorama social de América Latina 2012, en el que proyecta que la pobreza en América Latina continuaría su tendencia a la baja, aunque a un ritmo algo menor al observado en los últimos años, gracias a las proyecciones de crecimiento económico positivo e inflación moderada para 2012.
De acuerdo con el estudio, 168 millones de latinoamericanos se encontraban bajo la línea de pobreza en 2011, es decir, 29,4% de la población de la región. Ese año se registró una baja de 1,6 puntos porcentuales con respecto a 2010.
Al igual que en años anteriores, el aumento de los ingresos laborales en los hogares pobres fue el factor más determinante en la reducción de la pobreza. Las transferencias (tanto públicas como privadas) y el resto de los ingresos contribuyeron, pero en menor grado, a este descenso.
“Las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, lo que es una buena noticia para la región, pero aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos países. El desafío es generar empleos de calidad en el marco de un modelo de desarrollo orientado a la igualdad y a la sostenibilidad ambiental”, dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Según el informe, en la última década se redujo la desigualdad en materia de distribución del ingreso, aunque este tema sigue siendo uno de los principales retos de la región. Las últimas estadísticas disponibles para 18 países indican que en promedio el 10% más rico de la población latinoamericana recibe 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe solo 15%.
Por otra parte, la CEPAL advierte un cambio en la tendencia del gasto público social en la región. Hasta 2010 éste seguía al alza en América Latina, tanto en montos absolutos como en proporción al gasto público total y al Producto Interno Bruto (PIB), mostrando un carácter contracíclico durante la crisis internacional. Sin embargo, datos parciales de 2011 indican que habría una tendencia a la contracción relativa del gasto social para robustecer las finanzas públicas, lo cual no significa necesariamente una reducción de los montos absolutos destinados a sectores sociales.
En el informe también se abordan algunos aspectos relativos al tema del cuidado en América Latina. Éste “es un asunto fundamental en torno al que existen profundas desigualdades y discriminaciones de género que afectan negativamente a la mujer, quien lleva la carga del cuidado en calidad de trabajo no remunerado y poco reconocido”. Para las mujeres es difícil “conciliar el trabajo no remunerado del cuidado en el hogar con el trabajo remunerado fuera del hogar”, agrega.
El documento examina el empleo remunerado en actividades de cuidado, así como los gastos de los hogares en estos servicios, y propone una serie de recomendaciones de política. El 6,7% del total de ocupados en América Latina (con datos para 14 países, excepto Bolivia) trabaja en el sector del cuidado y alrededor de tres cuartas partes de estos trabajadores están empleados en el servicio doméstico en hogares. Las mujeres ocupan 94% de trabajos asociados a este sector: 71% en el servicio doméstico y 23% en servicios educativos y salud. El 6% restante corresponde a hombres empleados en el servicio doméstico y en otras ocupaciones del cuidado.
Hay 66 millones de discapacitados
La CEPAL también examina la situación de las personas con discapacidad en la región, sus necesidades en materia de cuidado y los desafíos que se plan-tean para las políticas públicas. Según los últimos datos disponibles de distintas fuentes, todavía muy diversas en la captación de información al comparar entre países, alrededor de 12% de la población de América Latina y el Caribe viviría al menos con una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de personas.
La comisión plantea que “se requiere un nuevo balance respecto del rol del Estado, del mercado, de las familias y la comunidad en la provisión del cuidado”. Urge un nuevo contrato social que establezca una distribución más equitativa de los roles y de los recursos entre mujeres y hombres en el seno de las familias y de la sociedad, y que potencie un nuevo vínculo entre la esfera pública y privada del trabajo con efectos positivos en el desarrollo productivo.
En cuanto al rol del Estado, es indispensable conformar sistemas nacionales de cuidado, dotados de una institucionalidad pública capaz de integrar políticas y servicios, de articular organizaciones y recursos públicos, privados y de la sociedad civil, y de velar por la pertinencia, integralidad y calidad de los servicios.
Pacto social para financiamiento
En el informe Panorama social de América Latina 2012 se plantea promover pactos sociales para ampliar el financiamiento de la provisión pública del cuidado, consolidar la oferta del cuidado, distribuir con mayor equidad la responsabilidad del cuidado, y promover accesos universales a servicios según las necesidades diferenciadas de los sujetos que precisan cuidados (infancia, personas con discapacidad y adultos mayores).
El documento además señala que entre los trabajadores responsables del cuidado se observa una mayor incidencia de la pobreza que entre el resto de los ocupados (24,1% frente a 20,2% en 2010). El empleo doméstico, en particular, combina escasa regulación, bajos salarios, poco acceso a protección social, discriminación y condiciones laborales extremadamente precarias.
Un porcentaje bajo de hogares efectúa algún gasto en servicios de cuidado (15%). En promedio, solo 7,6% de los hogares del quintil (quinta parte de una población estadística ordenada de menor a mayor en alguna característica) más pobre efectúa gastos en este ámbito, frente al 32% en el quintil más rico. Es notoriamente más alto en hogares con presencia de adultos mayores.
