Cada día llegan a las oficinas del Ministerio de Trabajo cientos de quejas por maltrato por parte de empleadores. Las más frecuentes, despidos injustificados, por embarazo, malos tratos y otros.
El jefe departamental de Trabajo en La Paz, Franz Benavides, explica que “cada jornada se reciben entre 400 y 600 personas en la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz y la Jefatura Regional de Trabajo de El Alto entre denuncias y solicitudes de información”. La mayor parte son quejas y la preocupación principal es la vulneración de los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral.
Según el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, para que una persona sea echada de su cargo sin goce de beneficios sociales, debe haber ocasionado un perjuicio material intencional en los instrumentos de trabajo; revelar secretos industriales; cometer omisiones o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene industrial; incumplimiento total o parcial del convenio o contrato de trabajo, robo o hurto (debidamente comprobado mediante sentencia ejecutoriada). Según la Constitución, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Las leyes, en la mayoría de estos casos, auxilian a los obreros bajo principios “proteccionistas” amparados en la Carta Magna.
En el caso de gestantes, el Decreto Ley 13214 dispone, en su artículo 31, que tendrán derecho al descanso hasta 45 días anteriores al parto y 45 días posteriores.
El embarazo, recuerda Benavides, no es una razón de despido. Se encuentra protegido bajo el artículo 48 de la Constitución, abarcando este beneficio hasta los padres progenitores. “Sin embargo, hay personas que llegan acá preocupadas ante la posibilidad de perder su empleo”, contó.
Los contratos “a plazo fijo” son otra preocupación estatal. En la mayor parte de los casos hay una forma “malintencionada” de actuar contra los trabajadores porque los empleadores suscriben convenios a plazo fijo, por 89 días, y hacen descansar siete u ocho días para recontratarlos luego.
En el ámbito público, asevera Benavides, existen políticas estatales para evitar que se consolide este tipo de contratación. “El año pasado se ha establecido que muchos de los contratos cambien y que los consultores que han estado un buen tiempo trabajando logren un empleo fijo”.
Defensoría hace cuatro pedidos para los consultores en línea
La Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó el documento Naturaleza y vulneración del derecho a la igualdad de los consultores individuales de línea.
La entidad recomienda a la Asamblea Legislativa Plurinacional la elaboración de una norma que regule la situación laboral de los consultores y consultoras en línea, tomando en cuenta los principios y derechos de los trabajadores.
Mientras dure esta creación, la entidad solicita la creación de ítems que posibiliten la asimilación de los consultores individuales en línea, como servidores públicos de planta.
Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debe presupuestar los recursos necesarios para lograr el efectivo cumplimiento de los derechos sociales propios de los servidores públicos, en especial los referidos a los diferentes aportes a la seguridad social, aguinaldos, vacaciones y antigüedad.
En el documento, presentado la semana pasada, también se recomienda al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Servicio Civil, para que en el marco de sus competencias y atribuciones diseñe, proponga y coordine la implementación de políticas y normas a favor de los consultores y consultoras individuales en línea.
La última de las recomendaciones del Informe Defensorial está dirigida al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación, promover, desarrollar e implementar políticas públicas de prevención y lucha contra la discriminación que sufren los consultores y consultoras individuales en línea.
