— ¿Cuál es su evaluación sobre el trabajo de la Contraloría General del Estado (CGE)?
— El crecimiento de la economía en estos últimos años provocó la expansión del aparato estatal y, por ende, el trabajo de la Contraloría, lo que implicó unidades de auditoría interna más eficientes y la generación de métodos mucho más rápidos para elaborar los informes. Hoy todas las entidades públicas, especialmente las grandes, tienen unidades de auditoría interna, que son casi independientes de sus máximas autoridades ejecutivas y están dirigidas por personal de carrera. Fortalecimos además al personal de estas unidades con permanente capacitación y vigilancia. Hicimos que el control que ejerce la CGE sobre éstas se concentre en los elementos fundamentales: en las cuentas que pueden ser susceptibles de manejos irregulares. Nuestra presencia está en todos los ámbitos del Estado, municipios, gobernaciones, universidades y ministerios.
— ¿Dónde se encontró más irregularidades?
— Hemos encontrado más indicios de responsabilidad en los municipios, quizá por el poco aparato administrativo que tienen muchos de ellos. Actualmente, del total de municipios que hay en el país (339), cerca de 140 no tienen unidades de auditoría interna, especialmente aquellos chicos que tienen menos de 4.500 habitantes y presentan problemas de recursos para pagar a sus auditores.
— ¿A cuánto asciende los montos comprometidos en estas irregularidades detectadas?
— Trabajamos un promedio de entre Bs 200 y 300 millones por año en el país. Pero estas cifras pueden variar aún más porque la Contraloría realiza el 50% del trabajo, el otro 50% lo hacen los jueces, a quienes les corresponde cobrar esos recursos (en litigio) para el Estado. Los jueces pueden validar o no un informe, pese a que las normas señalan que el informe que elaboramos ya es definitivo.
— Hace un par de meses se aprobó la Ley de la Empresa Pública, ¿qué avances hay en esta nueva tarea de la CGE?
— La norma limita algunos elementos del accionar respecto a la responsabilidad pública que tenían antes los funcionarios, pero abre también métodos mucho más expeditos para el control gubernamental de las empresas públicas. Una vez que éstas se adecuen a la ley, entre junio o julio de 2015, tienen que remitir a la Contraloría informes financieros auditados de cada gestión, los cuales se revisarán en un máximo de 30 días. Entonces, la institución se está preparando para llevar a cabo esta enorme tarea.
— ¿Su dependencia auditará a todas las empresas públicas?
— Creo que son como 40, (pero se auditará) a las estratégicas principalmente. Además, la Contraloría puede hacerles en cualquier momento auditorías especiales. Se mantiene el principio constitucional de que todos los recursos del Estados están sujetos al control gubernamental, al control de la CGE (…). Hace unos meses, emitimos el reglamento para que estas empresas entreguen auditorías que reflejen el estado real en el que se encuentran. No necesitamos auditorías que tengan información confiable sino datos veraces.
— Respecto a Cotel, ¿se inició la auditoría interna?
— Todavía tenemos un problema con las cooperativas telefónicas. Si bien la CPE nos autoriza a ejercitar un control en estas organizaciones, no existe reglamentación que señale cuáles van a ser las modalidades para el tratamiento de estos casos. Entonces, estamos esperando que el Legislativo emita la norma correspondiente
— ¿Que hay sobre las auditorías al programa Bolivia Cambia?
— No hemos hecho una auditoría al programa mismo, porque son miles de proyectos y nos tomaría demasiado tiempo. Lo que hacemos es auditar estos proyectos cuando entramos a un municipio o cuando hay una denuncia específica sobre estas obras.
— ¿Qué nuevos pasos dará la institución en el futuro?
— Hemos comenzado a introducir un elemento que es importante en el trabajo estratégico de la Contraloría: las auditorías operacionales, que velan por el cumplimiento de los objetivos de una institución pública. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo una en el Hospital Viedma de Cochabamba para ver cuáles son los elementos problemáticos que impiden una atención eficiente a los pacientes. En la medida en que vayamos determinando cuáles son los procedimientos tendremos que hacer las recomendaciones para que estas instituciones se adecuen y corrijan las causas por las cuales no cumplen con sus metas. En los próximos años se le dará bastante énfasis a este trabajo y para esto profesionales de los gobiernos de México, España y otros países están capacitando a nuestros auditores. Se han sentado todas las bases para que este trabajo avance y tenga resultados para el país.
— ¿A qué entidades se les va a hacer estas auditorías?
— Nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) para los próximos cinco años establece en qué instituciones vamos a entrar con estas auditorías. Intervendremos principalmente en aquellas que son sensibles en la atención al público. Haremos esto de oficio.
— ¿Se resolvió la controversia sobre si la designación de su cargo es responsabilidad del Presidente o del Legislativo?
— Es un tema que quedó zanjado. La ley interpretativa que emitió el Tribunal Constitucional el año pasado (en marzo) sobre la reelección del Presidente establece que al contralor lo elige el Legislativo (…). Espero que la Asamblea que vaya a posesionarse en enero tome en cuenta este tema.
Perfil
Nombre: Gabriel Herbas Camacho
Nació: 18-05-1957
Profesión: Economista
Cargo: Contralor General del Estado
Experto en gestión y evaluación de proyectos sociales
Nacido en Pocona (Cochabamba), se graduó, obtuvo los diplomados en Educación Superior y Análisis y Diagnóstico de Municipios Territoriales, y alcanzó su maestría en Estudios del Desarrollo en el Centro de Estudios Superiores Universitarios en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Fue presidente del Foro Cochabambino de Medio Ambiente, del Foro Boliviano del Medio Ambiente y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (2006-2008); fue también miembro del directorio del Colegio de Economistas, de la Coordinadora del Agua y de la Vida, y de la Coordinadora de Defensa del Gas y Recursos Naturales, docente regular y de posgrado de la UMSS, consultor privado, docente del Instituto Boliviano de Estudios Municipales y autor de varias publicaciones entre las que destaca la Historia de la Contraloría en Bolivia.
