El Gobierno retrocedió en su decisión de expropiar las estaciones de servicio que se encuentren cerca de las fronteras como lo permite la Ley 100 promulgada en 2011 debido a que mejoró el control de la venta de combustibles en estas zonas, de acuerdo con información de la ANH.
El 4 de abril de 2011, el Gobierno promulgó la Ley 100 de Seguridad y Desarrollo Fronterizo que establece en su artículo 10 que “las estaciones de servicio que se encuentren dentro del radio de 50 km de la frontera se declaran de necesidad pública, estando sujetas al régimen de expropiación municipal, previo pago de justa indemnización”.
La decisión puso en emergencia a los propietarios de las gasolineras, quienes rechazaron la medida y presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional en Sucre. La Asociación de Surtidores de La Paz llegó incluso a anunciar que vendería sus estaciones para así poder conseguir un verdadero precio justo por ellas.
El 7 de abril de 2011, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, dijo que se identificaron 22 gasolineras que serían expropiadas por los municipios en el marco de la Ley 100.
“Todas (las gasolineras en frontera) están controladas. Mientras haya control no va a ser necesario (la expropiación), se garantiza la propiedad privada”, dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, en entrevista realizada con La Razón el 4 de marzo.
La autoridad afirmó que actualmente las zonas fronterizas consumen “pequeñas cantidades” de combustible y que la venta está controlada por sistemas tecnológicos como el B-Sisa. “La Ley 100 da la posibilidad de que alguna estación de servicio pueda igual funcionar. La ley dice que (la expropiación se dará) de acuerdo con la necesidad. En ningún momento indica que ‘a partir de este momento’ (una gasolinera pasa a manos del Estado)”. El término para describir un artículo de la norma “es en realidad un podrá”, explicó el ejecutivo de la ANH.
Según norma, el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad, conformado por los ministros de la Presidencia, Defensa, Gobierno, Planificación del Desarrollo, y Economía y Finanzas Públicas, debe solicitar al respectivo gobierno municipal la expropiación que corresponda. Concluida ésta, la municipalidad transferirá a YPFB la propiedad de la gasolinera.
La gerente general de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz, Susy Dorado, sostuvo que la Ley 100 no tiene hasta ahora la reglamentación correspondiente y que su vigencia se aplica solo en el caso de algunos artículos.
“La ley se está aplicando, pero eso depende de en qué. Por ejemplo, en el tema de clausuras definitivas por la no emisión de facturas, sí, pero en el artículo 10 en específico, no”. Destacó que, si bien la expropiación está contemplada en esta normativa, “tampoco existe una reglamentación para proceder, no se específica cuál sería el procedimiento para que las estaciones de servicio pasen a las manos del Estado”.
Recordó que desde la puesta en vigencia de la norma, se clausuraron tres gasolineras por la no emisión de facturas, dos en La Paz y una en Santa Cruz.
Ganancias ‘congeladas’
El margen de ganancia que tienen las estaciones de servicio es “muy bajo” y está “congelado” desde hace diez años. “Lo que antes era una ganancia, ahora, no, por las obligaciones laborales”, afirmó la dirigente Susy Dorado.
Ley 100 deja 200 acusados y 400 coches incautados
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) procesó al menos a 200 personas por contrabando de carburantes, se incautó de más de 400 vehículos y expropió dos viviendas relacionadas con el ilícito desde el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de Seguridad y Desarrollo Fronterizo (abril de 2011), informó el director ejecutivo de la entidad reguladora, Gary Medrano.
“Son más de 200 procesados por este tema (contrabando) y tenemos más de 400 vehículos en toda Bolivia secuestrados e incautados, porque la ley así lo dice”, aseveró. La autoridad agregó que los contrabandistas de gasolina o diésel adquirieron nuevas estrategias para almacenar y transportar el combustible ilegalmente.
CASOS. “El problema es que los contrabandistas no son tontos. Almacenan el combustible en viviendas que no podemos incautar, porque son alquiladas y porque no pertenecen al principal autor del ilícito”, sostuvo.
El Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos expresó que la institución ha identificado ferias clandestinas en las fronteras, principalmente con el Perú, donde se comercializan combustibles, alimentos y otros productos.
