Los futuros proyectos hidrocarburíferos en áreas protegidas deberán ser ejecutados con tecnologías limpias de última generación, las cuales son apoyadas por expertos petroleros, pero rechazadas por especialistas en el cuidado del medio ambiente.
El 20 de mayo, el Gobierno aprobó el Decreto 2366 que da luz verde al desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país. Estos proyectos deberán “incorporar y utilizar mecanismos, equipos, tecnologías más adecuadas y limpias de última generación, en forma progresiva, que tengan por objeto minimizar el impacto negativo e incentivar los positivos, priorizando la tecnología helitransportable” (sic), cita el artículo 3 de la norma.
En criterio del líder indígena y excandidato presidencial Fernando Vargas, el Decreto 2366 viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución y varias leyes, decretos, reglamentos y normas relacionados con la preservación ambiental.
El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celso Padilla, afirmó que su organización teme que todas sus Tierras Comunitarias de Origen sean “invadidas” para hacer exploración hidrocarburífera. El dirigente informó también que representantes de la facción opositora al Gobierno de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia recorren las comunidades indígenas para informar los alcances de esta normativa.
Para el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, el Decreto 2366 beneficiará al país. “Lo que el Gobierno ha hecho es lo adecuado, porque hasta ahora vivimos de la exportación de hidrocarburos y (por ello) necesitamos fomentar la exploración. Tenemos que descubrir nuevas reservas de gas natural casi a razón de 1 TCF (trillón de pies cúbicos) por año”.
Sin embargo, apuntó que en estas áreas se debe operar con la “mayor precaución” debido a la sensibilidad ecológica que representan. Que “se hagan operaciones vía helicóptero para evitar la construcción de carreteras o caminos”, dijo y luego pidió que el Ejecutivo sea más estricto en cuanto a la reparación de los daños ambientales.
El biólogo Marco Ribera rechazó la norma, debido a que las “tecnologías ‘limpias’ son un mito”. “Solo los estudios de sísmica dañan grandes territorios y extensiones de tierras”, lamentó.
Además, sostuvo, en el país no existe ninguna área que esté dentro de la categoría de Santuario o Monumento Natural, donde la norma prohíbe la realización de actividades hidrocarburíferas. Estas definiciones están solo de “adorno”. “Los que hicieron la norma (…) van a proteger lo que no existe”, añadió el experto.
POSICIONES. Según el exsuperintendente y ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres, la exploración hidrocarburífera ya no es dañina debido a la tecnología de punta que existe hoy. No Obstante, subrayó, “no se puede, definitivamente, ingresar a estas áreas con caminos, e inclusive la explotación (de gas o líquidos) debe ser hecha a través de helicópteros”.
Indicó, asimismo, que la administración del presidente Evo Morales debe reglamentar la exploración y explotación de estas áreas con normas “que verdaderamente cuiden estos espacios”.
En una publicación del Centro de Documentación e Información de Bolivia, el activista ambiental Jorge Campaneen señaló que en Bolivia existen 18,2 millones de hectáreas (ha) de superficie protegida, de las cuales 3,04 millones ya son afectadas por la superposición de contratos petroleros.
“Estamos ante un escenario trágico para nuestras reservas naturales, muchas de ellas ya son golpeadas impunemente por la minería y ahora se culmina con esta sentencia final”.
El 22 de mayo, la ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira, informó que YPFB identificó que “entre cinco y ocho áreas protegidas” del país tienen “importantes reservorios de hidrocarburos”, según reportó El Deber.
“Se está desvirtuando todo lo que son las áreas protegidas. El Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas están complaciendo al sector petrolero”, expresó Ribera.
Según datos de la organización Conservación Internacional Bolivia, el país cuenta con al menos 22 áreas protegidas, entre ellas los parques Madidi, Carrasco, Noel Kempff Mercado, Sajama, Toro Toro, Tunari, Isiboro Sécure, Amboró; las reservas de vida silvestre Manuripi, Flor y Fauna Tariquía, Biológica Cordillera de Sama; y las áreas naturales de manejo integrado Apolobamba y El Palmar.
Medidas para mitigar el impacto
Norma
El Decreto 2366 establece otras tres medidas para minimizar el impacto ambiental: considerar la existencia de ecosistemas frágiles y riesgos en la biodiversidad, priorizar tecnologías que minimicen la perturbación de la biodiversidad y medidas socioeconómicas para contribuir a la erradicación de la extrema pobreza en esas zonas.
Precedente
En 2007, Petrobras, Total y Petroandina recibieron áreas protegidas en inmediaciones del río Hondo, según la Evaluación Ambiental Estratégica del Sernap.
