El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) debe recobrar su sentido productivo, de generación de empleo y de diversificación de la economía, de acuerdo con analistas que consideran que el destino de estos recursos debe ser más transparente.
El IDH, que establece una alícuota de 32% a la producción de hidrocarburos, fue creado en 2005 por la Ley 3058 con el fin de fortalecer “los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo”.
Sin embargo, en los últimos años, el gobierno de Evo Morales aprobó normas que permitieron que estos recursos también se puedan emplear en seguridad ciudadana, compra de computadoras, edificación de centros culturales y organización de eventos en esa actividad y en gastos para el régimen penitenciario, entre otros, dijo René Martínez, economista de la Fundación Jubileo.
Las formas de utilización de este gravamen fueron así diversificándose hasta llegar a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), que establece que las entidades autónomas pueden usar los recursos del IDH “en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución y las disposiciones legales vigentes”.
DISTRIBUCIÓN. Este mandato, según Martínez, viola lo decidido por el referéndum vinculante de 2004, que determina que los recursos generados por el gas deben ser destinados “principalmente para educación, salud, caminos y empleos”. Con la Ley 31 “se puede utilizar este impuesto en cualquiera de las competencias” de los gobiernos autónomos pero, a diferencia de otras fuentes como las regalías o los recursos de coparticipación tributaria, “no hay una norma que defina cuáles son esas atribuciones y cuánto de esos recursos se pueden usar en ellas”.
El IDH representó un gran aporte para el aparato estatal en el periodo 2006-2014, pasando de recaudar $us 5.497 millones en 2006 a 15.602 millones en 2014, monto que el Gobierno calcula se reducirá este año a $us 12.977 millones y a 7.395 millones en 2016 debido al derrumbe de los precios del petróleo en los mercados.
Este año, un 35% del total percibido por este concepto se destinó a los municipios, 25,3% a la renta Dignidad, 19% al Tesoro General de la Nación, 10% a las gobernaciones, 7% a universidades, 3,5% al fondo indígena y 0,2% al Fondo de Educación Cívica.
“El IDH siempre estuvo en la mira de todas las entidades del Estado como una fuente fácil de recursos. El problema es que la mayor parte de ese dinero se ha derrochado. El fondo indígena (en el que se causó al Estado un daño económico de $us 10,2 millones por 153 obras no ejecutadas) es el mejor ejemplo”, sostuvo el analista Hugo del Granado, quien lamentó el hecho de que “no se hace una apropiada rendición de cuentas” sobre el uso de estos recursos “por lo que se desconoce su destino”.
Según el último estudio de Jubileo sobre este tributo, en 2012 “menos del 4% del IDH se asignó a sectores productivos”, una situación que se repitió en los siguientes años, dijo Martínez. “La riqueza que debería servir para cambiar el patrón de desarrollo hacia una economía productiva, diversificada y que genere ingresos y empleo está siendo gastada en diferentes fines, al margen de un proyecto como país”, cita el documento.
Datos. “En países como Bolivia estamos acostumbrados a recibir dinero y no producir (…). Esos recursos se tienen que invertir en proyectos productivos para diversificar la economía del país, pero las gobernaciones y alcaldías no lo hacen. Estas instituciones siempre han invertido principalmente en calles y avenidas”, por lo que están “desperdiciando recursos en infraestructura que por ahora no se necesita”, afirmó el experto en hidrocarburos Hugo de la Fuente.
El Gobierno nacional —que se apresta a promulgar la ley que crea un fondo de incentivos para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera con recursos del IDH, lo que significa menos recursos para las universidades, alcaldías y gobernaciones— sí usa la riqueza generada por este impuesto en la producción, pero en proyectos orientados en especial al gas y al petróleo, sostuvo De la Fuente.
Los gobiernos subnacionales, que este año recibieron el 45% del IDH, “deben ejecutar proyectos productivos. Es el momento de cambiar”, aseveró De la Fuente, quien considera que el Gobierno está en la obligación de implementar una política que promueva una cultura de inversión nacional orientada al incremento de la producción y la productividad, así como a la generación de empleo.
Este medio envió un cuestionario al Ministerio de Hidrocarburos para tener más información sobre este tema, pero la institución no emitió ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición.
Fondo con recursos del tributo
Expectativa
El jueves, la Cámara de Senadores sancionó la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera que crea un fondo de incentivos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Posición
La Gobernación de La Paz sostiene que la norma “viola y vulnera” el artículo 272 de la Constitución Política del Estado, que se refiere a la autonomía de una entidad en la administración de sus recursos.
