Las transferencias condicionadas de dinero en efectivo, adoptadas de forma generalizada en América Latina, han servido para reducir la pobreza, pero no parecen capaces de erradicarla del todo, por lo que los expertos ya debaten sobre el día después de los programas sociales.
En los últimos 20 años los países de la región han asumido la receta —entre otras tantas— por la que unos 30 millones de familias pobres reciben hoy dinero a cambio de llevar a los hijos a la escuela o al médico.
En este tiempo la pobreza en Latinoamérica ha disminuido hasta el 28,1% de la población en 2013, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aunque la desigualdad persiste e incluso ha aumentado, llegando a ser la tasa de pobreza en el campo 3,6 veces superior a la de las ciudades.
“Los países se están empezando a preguntar: ¿y ahora qué? Ya ejecutaron los programas y vieron su impacto en la reducción de la pobreza, pero llegó un momento en que ésta se estancó y hay necesidad de repensar nuevamente la política pública”, afirma Tomás Rosada, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
Para avanzar en esa idea, un grupo de investigadores ha presentado en enero en Roma un libro en el que exploran las posibles sinergias entre la protección social y el fomento productivo rural en los países latinos.
Su coordinador Jorge Maldonado hace notar la escasa interacción hallada entre esos dos tipos de proyectos, porque no necesariamente la población a la que van dirigidos es la misma. “Hay mucha heterogeneidad en el interior de los grupos en las zonas rurales. Es probable que algunos grupos sí tengan sinergias y otros no, pero cuando observamos el promedio no se ve tan claramente”, añade.
A veces el impacto no se traduce en un aumento de los ingresos familiares, pero sí en una mayor participación de la mujer, más capacidad para reducir los riesgos o el inicio de otras actividades productivas que, sin ayuda, no hubieran salido adelante.
Además, puede que haya que esperar a observar los efectos en las próximas generaciones. “No tiene por qué ser simultáneo, sino que es una secuencia, primero con transferencias condicionadas y formación de capacidades humanas, y luego con el apoyo a los hogares en términos de productividad agrícola”, subraya.
Sostenibilidad. De acuerdo con el estudio, en un país de larga tradición en protección social como México sus programas clave Oportunidades (que combate la incidencia de la pobreza) y Procampo (que apoya los ingresos de los agricultores que cultivan alimentos básicos para la dieta nacional) han estado funcionando dándose la espalda.
El experto Antonio Yúnez cree que allí las transferencias monetarias a los hogares no han tenido una incidencia fuerte en la producción rural, por lo que hacen falta políticas con un enfoque más sectorial si se desea reducir la pobreza a largo plazo.
Pocas familias tienen acceso tanto a los programas de asistencia social como a los de desarrollo rural en Brasil, otro de los países pioneros en la región en los que los especialistas reclaman más coordinación política.
Mientras que en ese país se analizaron la iniciativa Bolsa Familia y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura, en Perú la comparación se hizo con los programas Juntos y Sierra Sur. Úrsula Aldana, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, detalla que las ayudas monetarias de Juntos aumentaron los ingresos de aquellas personas que contaban con más educación y recursos, por lo que echa en falta una mayor atención a los más desfavorecidos.
También se debe evaluar mejor los programas sociales en El Salvador, donde se observaron fallos en su implementación, según la publicación. Y en Colombia, algunos beneficiarios expresaron su temor de ser dados de baja en el programa de transferencias de dinero si entraban en otro.
Unos obstáculos que están haciendo recapacitar a unos países latinoamericanos que, con la experiencia acumulada, deben decidir ahora si ampliar los programas de protección social, crear unos nuevos o conectarlos con otros ya en marcha.
El traspaso de recursos en Bolivia
Bonos
Unas 3,4 millones de personas se beneficiaron el año pasado de los bonos Juana Azurduy y Juancito Pinto, así como de la renta Dignidad.
Beneficios
Un total de 254.687 recibieron el bono Juana Azurduy, 946.151 la renta Dignidad y 2,22 millones el bono Juancito Pinto, según datos del informe que presentó en enero el presidente Evo Morales.
