En los últimos 15 años, los productos agroindustriales han pasado a copar más de la mitad de la canasta básica de alimentos de las familias rurales, lo que afecta a sus ingresos y su seguridad alimentaria, alertó Tierra.
La información proviene de una encuesta aplicada por investigadores de la Fundación Tierra a hogares campesinos e indígenas en cinco municipios de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Beni.
Según el estudio, alimentos como el azúcar, arroz, fideos, aceites, refrescos azucarados e incluso panes y carnes procesadas ocupan un lugar cada vez más importante en la seguridad alimentaria de las familias del área rural, que antes producían su propia comida, variada, nutritiva y orgánica.
“Los campesinos e indígenas en Bolivia están perdiendo muy rápidamente su rol productivo y económico y su control sobre la tierra y el mercado agrícola. En mucho casos, más de la mitad de los alimentos de su canasta básica es de origen agroindustrial nacional o importado, es decir, ellos no cultivan ni el 50% de lo que consumen”, dijo a La Razón el director de Tierra, Gonzalo Colque.
Este rápido desplazamiento de alimentos de origen campesino por productos industrializados —“producidos con transgénicos, químicos y otras formas de cultivo intensivo” que provocan “graves daños ambientales”— refleja principalmente la falta de ingresos, mercados y apoyo del Gobierno para este sector aún vulnerable, lo que puede convertirse en un gran problema para el país, sostuvo.
Alerta. Venezuela, por ejemplo, vive una crisis alimentaria originada en la migración de casi el total de la población del área rural a las ciudades, una situación que fue sostenible mientras el precio del petróleo se encontraba elevado y habían recursos para importar comida. Pero hoy la situación es diferente, afirmó el especialista.
La realidad de las familias rurales de Bolivia puede tornarse más complicada ya que “más del 50% de las unidades productivas agropecuarias (490.000), que involucran a por lo menos un tercio de la población total del país, persisten en economías de subsistencia, es decir, ligadas a la agricultura de baja productividad y con escasa disponibilidad de tierra”, agregó el investigador José Luis Eyzaguirre, de Tierra.
“Solo el 2% de las unidades productivas —establecidas en su mayor parte en el oriente— controlan el 50% de las tierras cultivadas que hay en el país y generan el 60% del valor de la producción” de la agricultura, aseveró.
Además, en Bolivia “las familias campesinas prefieren comprar alimentos en lugar de producirlos o centralizar su trabajo y capital en la producción de algunos cultivos, como los cocales, abandonando así la agricultura diversificada campesina”, dijo Choque.
Primeras acciones de la alianza
Actividad
La Alianza DHAA/SANS efectuó el 19 de abril en La Paz el primer “Encuentro por el Derecho a la Alimentación Adecuada”, en el que participaron personalidades del ámbito público, organizaciones de pequeños productores, universidades, académicos y otras entidades de la sociedad civil.
Apoyo
En el inédito evento se presentó la “Guía Metodológica para Facilitadores sobre: El derecho humano a la alimentación en Perú y Bolivia: Herramientas de exigibilidad e incidencia nacional e internacional”.
Cinco extranjeras controlan la venta de las oleaginosas
Cuatro transnacionales y una empresa de capitales extranjeros controlan en Bolivia el negocio de la exportación de oleaginosas, los productos alimenticios que más se producen en el país, revela el estudio Expansión de la frontera agrícola.
Gravetal, de capitales venezolanos y colombianos; Industria de Aceite (Fino), de inversores peruanos; las estadounidenses ADM y Cargill; e Industrias Oleaginosas, de una familia croata asentada en el país, controlaban a 2011 al menos el 89% de las ventas externas de soya y girasol, de acuerdo con el documento.
“Estos agronegocios están en el país para capturar la mayor parte de la renta agraria que genera el sector de las oleaginosas. Buscan ganancias, lucro, no les interesa tanto la seguridad alimentaria boliviana ni el manejo sostenible ni los suelos. Para ellas es más rentable controlar los sistemas de acopio, semiprocesamiento, transporte y exportación” de los granos de soya y girasol, “desplazando así a los productores bolivianos del rubro”, afirmó el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
