Con la finalidad de que las víctimas bolivianas de la explosión de minas antipersonales y antitanque en la frontera con Chile reciban una indemnización por la afectación sufrida, el Gobierno boliviano realizará un censo para conocer cuántas personas están en esa situación, dónde se encuentran y qué tipo de daño sufrieron o si fallecieron. Se buscará a los afectados en las más de cuatro décadas que Chile plantara esos artefactos explosivos.
Así lo informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien precisó que será la primera vez que se realizará esta tarea, pues hasta el momento el Estado boliviano solo se ocupó y demandó el desminado en la zona fronteriza, pero olvidó a las víctimas de las explosiones. “Mucha gente no sabe que hay ese derecho, como Estado tampoco hemos hecho (gestiones), así que hoy lo vamos a…(hacer) a raíz de este encuentro ha salido la idea de hacerlo”, manifestó.
Y precisó que el levantamiento de información estadística permitirá elevar un informe a los organismos internacionales para buscar la indemnización que corresponda.
Personalmente, Ferreira conoce dos casos de víctimas de estos aparatos. En uno de ellos, la persona sufrió la amputación de uno de sus miembros y en el otro, falleció.
La reunión de Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, que se realizó en Santiago de Chile entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, recibió información sobre “las medidas que implementan los países para cumplir sus obligaciones de asistencia a víctimas y para asegurar que sus sobrevivientes puedan ejercer sus derechos de igualdad de condiciones con otros, y en contextos más amplios de discapacidad”.
No obstante, el documento menciona que como “algunos de estos estados son también los más pobres del planeta, ello podría dificultar el cumplimiento de esa obligación”.
Además, la Conferencia de países de la también llamada Convención de Ottawa alentó al intercambio de información entre Estados y cuando proceda de experiencias sobre la asistencia a personas afectadas en virtud de diferentes convenciones.
El ministro Ferreira aclaró que si bien la indemnización a las víctimas no es parte de la Convención misma, ésta abrió esa posibilidad de poder cumplir con esta labor a través de sus comisiones de trabajo.
Esta autoridad conoce de la existencia de un fondo, al que aportan todos los estados miembros (162 en total) en diferentes proporciones, que es el que tendría que pagar ese monto a las víctimas.
“Hay un fondo que ha creado la Convención de Ottawa que se alimenta con el aporte de todos los países y debe salir de ese fondo el resarcimiento para las víctimas. Hay una proporción de aporte por cada país, unos aportan más otros menos, hay por categorías. Otros incluso han hecho organizaciones no gubernamentales que han buscado recursos, que han creado fondos particulares”, explicó el ministro Ferreira.
No obstante, desconoce a cuánto asciende esa cifra del resarcimiento. “Debe haber (en el ámbito internacional) un parámetro, pero no lo conozco”, dijo el ministro y añadió que “lo importante es que estamos abriendo este derecho que existe y que no se lo había socializado”.
Según Ferreira, lo significativo del levantamiento de información que realizará el Gobierno boliviano, que se prevé concluirá en un plazo de tres meses, será devolver a esas personas su derecho a vivir dignamente.
“Estamos con el Departamento de Desarrollo Institucional buscando toda la información que hay sobre el tema, las denuncias que nos llegaron, las que tenga el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud, los puestos militares adelantados y en función de eso tratar de contactarse con las personas, hacer un banco de datos y hacer la representación; no va a ser rápido, no es tan sencillo, son varias décadas, muchas de estas personas quizá ya han fallecido”.
Se prevé que una vez que se tenga esta información, la misma será puesta en conocimiento de la XVI Convención que se realizará en Viena, Austria, en 2017.
El levantamiento de datos se hará considerando que transcurrieron más de cuatro décadas desde que Chile sembró esos explosivos en la frontera con Bolivia, Perú y Argentina, en la década de los 70, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Entretanto, en Chile, desde el año pasado, está en debate un proyecto de ley que busca indemnizar a las víctimas de este tipo de hechos, pero la misma no avanzó.
Según radio Universidad de Chile, la Agrupación de Víctimas de Minas Antipersonales tiene registrados a 174 afectados chilenos, a febrero de 2016, una cifra que no contabiliza los accidentes sufridos por miembros del Ejército durante la desactivación de esos artefactos.
Su representante, Sergio Araníbar, declaró que buscan que se les pague una pensión vitalicia adicional a las compensaciones que plantea el proyecto de ley.
La propuesta prevé un pago en efectivo, pero además el derecho a acceder a una prótesis, reembolso de gastos médicos, cuota mortuoria, entre otros.
La futura normativa fue aprobada en la Cámara de Diputados chilena en enero de 2015. De allí pasó al Senado para su tratamiento, pero se entrabó, según publicaciones de los medios de comunicación. Dicha propuesta fue presentada por el Ministerio de Defensa de ese país en 2013.
