La Justicia de al menos 13 países —12 de ellos del continente— investiga actualmente el pago de sobornos para obtener licitaciones de la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con reportes de medios internacionales.
Éstos son Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y Suiza.
La Razón envió cuestionarios al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado pasa saber si desde alguna de esas instituciones del Estado se impulsará alguna investigación sobre la forma en la que las constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS obtuvieron licitaciones de proyectos de infraestructura en Bolivia. Las cuatro empresas participaron de al menos siete obras en el país en el periodo 2003-2016.
El primero informó que la solicitud de información está en pleno análisis, el segundo que podrían proporcionar una respuesta mañana y el tercero no emitió respuesta hasta el cierre de esta edición.
Este medio llamó también a la presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño, para saber si en el Legislativo se analiza o impulsa alguna pesquisa sobre el caso, pero la representante se encontraba en una reunión. El senador Óscar Ortiz, de la opositora Unidad Demócrata, informó a su vez que por el momento “no tiene algo concreto que anunciar” sobre el tema.
Escándalo de nivel mundial
El caso Odebrecht causó un escándalo global por sus ramificaciones en América, África y Europa. Aún falta por revelar los alcances de los sobornos dados por Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS.
Odebrecht alista salida organizada de Perú
Ley veta participación de empresas corruptas en el sector público
AFP – Lima
Odebrecht, involucrada en un escandaloso pago de sobornos en Brasil y otros países de América Latina, prepara una salida ordenada de sus proyectos públicos en Perú, y apostará por seguir operando en el ámbito privado, mientras sea posible.
La constructora suscribió un acuerdo en su país de origen, que le permite pagar cuantiosas multas tras haber reconocido delitos y delatado a los funcionarios y políticos sobornados, para poder seguir operando en el ámbito público. Pero en Perú, a donde llegó en 1979, la situación es diferente.
Luego de que Odebrecht admitiera que pagó $us 29 millones entre 2005 y 2014 en Perú para hacerse de obras públicas, el actual Gobierno aprobó una norma que impide que cualquier empresa sancionada por actos de corrupción o que haya admitido su participación en ellos, pueda contratar nuevamente con el Estado.
La crisis ocasionada por Odebrecht representa un fuerte golpe para la economía peruana, que crecerá 3,8% en 2017, un punto porcentual menos de lo previsto.
La brasileña participa en millonarios proyectos de infraestructura en el país, un rubro que el Ejecutivo esperaba potenciar, y que ahora se paraliza. Algunas obras tendrán que concesionarse nuevamente.
