La competencia desleal y las prácticas anticompetitivas se pueden percibir en todos los sectores empresariales, pero principalmente en bebidas, cemento y farmacéutica, según un estudio jurídico que alerta que este tipo de conductas afectan más a la pyme.
La oferta de artículos a precios que están por debajo de sus costos de producción, la promesa de premios o incentivos económicos a los distribuidores o comercializadores para que exclusivamente vendan un producto determinado y oculten los de la competencia, y la compra de la mercadería del rival para destruirla, son algunas de las acciones ilícitas que ciertas compañías grandes ejecutan —solas o en conjunto— en el país con el fin de adueñarse del mercado.
Estos comportamientos se ven principalmente en los rubros de “bebidas, cemento y farmacéutica”, afirmó Marcelo Vaca Guzmán, asesor legal en Defensa de la Competencia y socio del estudio jurídico Vaca-Guzmán Siles.
Hay prácticas anticompetitivas y competencia desleal en “todos los sectores” empresariales. “Sin embargo, solamente las empresas medianas o pequeñas (pyme) son afectadas” por las acciones contra la competencia, “ya que éstas son realizadas por empresas grandes con un poder de mercado muy alto y que tienen la posibilidad de utilizar su poder de manera abusiva contra sus competidores”, dijo.
Datos a 2016 de la Fundación para el Desarrollo Empresarial indican que en Bolivia hay 284.271 empresas, de las cuales el 79,8% son pequeñas o unipersonales.
CONTEXTO. De acuerdo con el bufete, los principales casos de prácticas anticompetitivas que se perciben en el país están vinculados con los incentivos sujetos a condición, la discriminación de precios (la venta de un producto o servicio con diferentes valores a un mismo segmento de clientes) y la fijación de precios.
Otros ejemplos de este proceder son los precios predatorios (la venta de un producto o servicio por debajo de su costo con el fin de desplazar al competidor o de impedir el ingreso de nuevos productores al mercado), y la división o repartición de un mercado entre compañías con la finalidad de excluir a otras.
Por su parte, los mayores incidentes relacionados con la competencia desleal son el uso de marcas conocidas en productos que no corresponden a éstas, la desacreditación de los artículos de los competidores y la exageración de las características o calidad de una mercadería.
“Mientras exista competencia siempre se presentarán estas acciones anticompetitivas por parte de empresas con poder de mercado. Lo que sí es posible es controlar los actos abusivos y de posición dominante, detectarlos a tiempo y sancionarlos”, indicó el especialista en competencia.
Con la vigencia del Decreto 29519 del 16 de abril de 2008, los propietarios de negocios afectados por estas formas ilícitas de comportamiento empresarial pueden acudir ante la Autoridad de Fiscalización de Empresas (Aemp), una entidad estatal que está a cargo de resolver estos conflictos y que emitió varias sanciones económicas y administrativas contra grandes empresas en los últimos años.
ORIENTACIÓN. El año pasado, la reguladora fiscalizó a 991 empresas para que cumplan sus obligaciones comerciales y concluyó tres procesos por malas prácticas de competencia y 16 análisis de conductas anticompetitivas, según el Informe Rendición de Cuentas Final 2016 e Inicial 2017 del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
“Si alguien considera que otro empresario ha cometido un acto de competencia desleal deberá presentar la demanda ante un juez de lo civil y comercial. En cambio, si estima que lo ocurrido es una práctica anticompetitiva tendrá que interponer una denuncia ante la Aemp”, subrayó.
La vigencia del Decreto 29519 y otras normas garantizan una competencia sana en el mercado, la cual a su vez beneficia a la población con precios más bajos, innovación en la oferta, mejor calidad de productos y mayor productividad e inversión en el desarrollo de artículos, detalló Vaca Guzmán.
El derecho a la competencia “es importante para el estudio jurídico, porque nosotros queremos también apoyar a la sociedad, y la forma de hacerlo es protegiendo a los usuarios de los abusos de los grandes. Por eso queremos que estas disposiciones puedan conocerse para que los pequeños puedan tomar cartas en ese asunto y saber que la Aemp los puede defender”, agregó el socio del bufete especializado en competencia y operaciones corporativas.
Finalizad del decreto 29519
Alcance
El Decreto 29519 tiene por fin regular la competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad.
Objetivo
“La libre competencia es un bien (…) de orden público, por lo que el Gobierno está en la obligación de (…) evitar que se obstruya la libertad económica controlando e impidiendo que personas o empresas incurran en actos de abuso debido a su posición dominante en el mercado”, cita el documento.
