Mayor desempleo, freno a la contratación de personal joven, debilitación del trabajo de calidad y reducción de inversiones son algunos de los efectos que causará en “el “corto plazo” la política salarial del Gobierno, según el empresariado privado.
El 27 de abril, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento salarial de 7% al haber básico y de 10,8% al mínimo nacional “a pedido de la COB, dejando el Gobierno salvada su responsabilidad en el caso de presentarse efectos negativos sobre el empleo”, según cita el documento que definió el aumento a la remuneración de los trabajadores para este año.
La decisión, tomada en un momento de desaceleración de la economía y con el más alto desempleo en los últimos ocho años (4,1%), generó el rechazo de los privados. “Nos oponemos al incremento que precariza el empleo, viabiliza la informalidad y pone en riesgo a las empresas”, dijo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.
El aumento salarial de esta gestión, lamentó, así como la política sectorial implementada por el Ejecutivo desde 2007, reducirá en el “corto plazo” las inversiones del sector (1); evitará la contratación de personal “joven y sin experiencia” (2); y aumentará el trabajo informal y precario (3), que no proporciona al trabajador los beneficios establecidos por ley.
Otro efecto es la expansión del desempleo en Bolivia (4,1%), una tasa que está por debajo del promedio de 8,1% calculado en América Latina y el Caribe, pero que es cuestionada por los empresarios y expertos en materia laboral, que afirman que la metodología del INE para establecer el indicador no refleja el comportamiento real de la desocupación.
“El fuerte incremento del salario se traducirá en informalidad y precarización del empleo” en el sector de los pequeños negocios —los cuales concentran el 80% del empleo—, así como en las firmas medianas, según la CEPB, de los rubros de comercio, servicios, industria y agropecuario.
Consecuencias. El alza salarial “hace más vulnerables a las pequeñas y medianas empresas (pyme)”, que además se ven perjudicadas por el “contrabando, la irracional presión tributaria y las últimas medidas legales que afectan los mecanismos de contratación”, informó la Confederación.
“El empleo ha bajado en Bolivia; las estadísticas son claras y este año subirá el desempleo por estas medidas”, aseveró Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
“Este sector es el afectado y será el que va a tener que hacer más despidos y cierre de unidades productivas”, lamentó el titular de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Humberto Baldiviezo.
“No podemos predecir cuánto desempleo se producirá”, pero “habrá migración de trabajadores del campo a la ciudad o un retiro voluntario de sus fuentes laborales al ver que el empresario del sector no está en condiciones de asumir” el alza, afirmó Freddy Suárez, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente.
“El aumento de sueldos genera un desempleo importante”, agregó Salinas. “En este momento, de acuerdo con la ley, es casi imposible retirar personal. Entonces, lo que vamos a hacer es no contratar más gente y no vamos a hacerlo porque vamos a dejar de invertir” para destinar esos recursos al pago de sueldos. “Cuando uno invierte necesita más personal”.
Estas proyecciones van en contra de los planes del Gobierno, que durante esta gestión prevé reducir el índice de desocupación 3,2%, aunque el presidente Evo Morales admitió que el incremento salarial de este año puede “afectar a las pequeñas empresas”.
Es más, el Ejecutivo estableció un “régimen de excepciones” para el acatamiento de la medida salarial, la cual establece que las empresas públicas deficitarias no pagarán el aumento y que gobernaciones, municipios y universidades podrán decidir si cumplen o no con la disposición.
“Nos preocupa mucho que, en el ámbito laboral, las medidas más drásticas se apliquen contra el sector privado nacional, mientras que en el caso de las estatales, se consideren variables de racionalidad y protección”, dijo Nostas.
Consideró que las excepciones anunciadas por el Gobierno y la intención de deslindar responsabilidades sobre las consecuencias del alza muestran que la decisión del incremento “careció de un sustento técnico y una visión de desarrollo productivo de mediano y largo plazo”, lo que pone en “serio peligro” el empleo de miles de personas y la capacidad de crecimiento y estabilidad de la mayoría de las empresas en Bolivia.
Representantes de los sectores empresariales más afectados
‘No hay una política de protección’
Humberto Baldiviezo, presidente de la Conamype
“La micro y pequeña empresa es la que más paga el mínimo nacional. Entonces, quienes son directamente afectados por el incremento somos nosotros porque no hay una política de fomento y de protección a la producción nacional. Por ejemplo, planteamos la ley que reprueba la venta de ropa usada y salen a marchar quienes no permiten el crecimiento del sector y hacen desaparecer las unidades productivas. No entiendo por qué el ministro de Desarrollo Productivo (Eugenio Rojas) se sienta a negociar con los vendedores de mercadería prohibida”.
‘Estamos decepcionados por la medida’
Marco Antonio Salinas, presidente de la CNC
“Estamos decepcionados por la medida del Gobierno. El incremento debería ser para mantener el valor adquisitivo de los sueldos con respecto a la inflación, cualquier otra subida debe estar de acuerdo con la productividad de cada sector, de los que han crecido más o han crecido menos. El alza salarial afecta muchísimo y nos quitará flujo para invertir, para crecer y sobre todo para contratar más personal (…). Nosotros, como empresarios, siempre queremos crecer más, invertir más y generar más empleo; ahora el aparato productor del país se contraerá”.
