Para que las firmas bolivianas tengan una mayor participación en la construcción de infraestructura vial, la Caboco pidió al Gobierno dividir estas obras en tramos y establecer la conformación de sociedades entre compañías extranjeras y nacionales para la ejecución de estos proyectos estatales.
La actual normativa —exigente para las compañías locales— frena la mayor presencia de las empresas nacionales en la construcción pública, “lo que conlleva a la participación exclusiva de empresas extranjeras”, consideró el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Davor Vargas.
Datos del Sistema de Contrataciones Estatales consolidados por la Caboco dan cuenta que entre 2007 y lo que va de 2017 el 74% de la inversión pública destinado por la Administradora Boliviana de Carreteras a obras de infraestructura vial fue ejecutado por “empresas extranjeras”, el 15% por constructoras bolivianas y el 11% por asociaciones entre firmas nacionales e internacionales.
PLANES. Por esta razón, “el sector se encuentra en tratativas con el Gobierno nacional para normar y que las empresas extranjeras que vienen a Bolivia trabajen en sociedad con empresas bolivianas”, según la Caboco. “El equipo y la mano de obra de los contratistas son bolivianos, y la obra finalmente la terminan haciendo las empresas nacionales. Entonces, qué mejor que hacerlo de forma directa. Para eso uno de los pasos que se puede seguir es fraccionar la obra”, dijo Vargas.
El 6 de junio de 2015, el vicepresidente Álvaro García anunció que el Ejecutivo prepara una ley que obligará a las constructoras internacionales que se adjudican obras en Bolivia a asociarse con empresas nacionales del rubro para que estas últimas tengan una mayor presencia en el sector.
“¿Cómo logramos que las empresas bolivianas participen en aquellas construcciones que están en manos de las empresas extranjeras? (…). Para ello se trabajará una ley, para que empresa privada que venga a Bolivia tenga un socio boliviano”, afirmó.
Anticipó, asimismo, que fiscales y supervisores de las compañías constructoras que se adjudiquen obras del Estado serán corresponsables cuando haya incumplimiento de contrato.
El sector, que desde 2012 promedia un crecimiento anual de 7,5% por efecto de la inversión pública y privada, emplea al momento a unas 300.000 personas de manera directa y genera de forma indirecta otras fuentes de trabajo para ingenieros, consultores y proveedores de insumos y materiales, así como para otros servicios. Estas características convierten al rubro en el cuarto mayor empleador de la economía (8,3%).
