El 21 de noviembre de 2006, el Gobierno promulgó la Ley 3525 de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica con el objetivo de que un mayor cultivo de alimentos en el país no dañe el medio ambiente. Con este fin, la norma creó el Consejo Nacional de Producción Ecológica, que es responsable de generar políticas, estrategias, programas y proyectos para el sector y de ejecutar estos trabajos a través de su Unidad de Coordinación. Una de las últimas tareas desarrolladas por el Consejo es la Estrategia Nacional de Producción Ecológica, un plan de largo aliento cuyos alcances se presentaron en el VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Agricultura Ecológica y Orgánica, que se llevó a cabo entre el lunes y el jueves en Rurrenabaque (Beni).
— ¿Por qué el Gobierno está trabajando en esta estrategia?
— La Ley 3525, la Constitución (de 2009), la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (de 2011), la Ley Marco de la Madre Tierra (de 2012) y la Ley de Organizaciones Económicas Campesinas Indígena Originarias (de 2013) señalan claramente que hay que proteger a la agricultura familiar y a la madre naturaleza. (…). En los últimos años, en todo el mundo, se han comenzado a producir alimentos que no solo sean saludables, sino también que no dañen ni destruyan el medio ambiente. Este tiempo estamos viendo los efectos del cambio climático. En abril y mayo ha seguido la lluvia (lo que no ocurría antes) y eso se debe a la sobreexplotación de los recursos naturales, a la deforestación, a la degradación y a la desertificación de los suelos, a la contaminación del agua y el aire, a la utilización de agroquímicos (…). En ese sentido, la agricultura ecológica es fundamental para nuestro país porque es impulsada por los pequeños productores, quienes producen alimento sano de forma amigable con la naturaleza sin destruir el recursos suelo ni contaminar el agua o el aire. En Bolivia existen 700.000 unidades productivas de agricultura familiar, personas que se dedican en su parcela agrícola campesina, originaria o indígena al cultivo natural y manual y que al no contar con suficientes recursos para acceder a productos muy caros, como los agroquímicos y fertilizantes, tienen cosechas ecológicas. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro Gobierno siempre ha puesto mayor énfasis en el apoyo a este sector, porque desde que se ha implementado la agricultura comercial o agroindustrial en el país, en Santa Cruz, el excesivo uso de agroquímicos, fundamentalmente fertilizantes y pesticidas, está dañando el suelo y contamina las aguas y el aire.
— ¿Cuándo empezó a diseñarse esta estrategia y en qué tiempo más se prevé concluirla?
— Los avances se han comenzado a trabajar a fines de la anterior gestión. El documento está actualmente en proceso de elaboración y creo que en un par de meses más lo tendremos terminado. La implementación correrá a partir del próximo año, porque éste no es un proceso rápido. Tenemos que trabajar muchas cosas en forma coordinada con los ministerios de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Relaciones Exteriores, Planificación del Desarrollo y Economía.
— ¿Cuáles son los objetivos principales de este plan?
— Revalorizar la importancia de la pequeña agricultura familiar, promocionar su oferta y abrirle mercados para que pueda exportar y para que genere ingresos económicos para el país. Así producirán más y mejorarán sus ingresos sin destruir los recursos naturales. Una mayor oferta de alimentos de este sector significa seguridad alimentaria y en muchos casos soberanía, además de precios menores para la población. Asimismo, con una mayor disponibilidad de diversos alimentos sanos en los mercados, la población se alimentará mejor y se reducirá la prevalencia cada vez mayor que hay de enfermedades como la diabetes (…). Otro objetivo es cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno, que proyecta que en 2020 el 10% de los alimentos que se producen en el país sean ecológicos y debidamente certificados (para el mercado internacional).
— ¿En cuánto se encuentra al momento ese porcentaje?
— En 1,5%. Actualmente, la certificación internacional que es obtenida por productores de quinua, cacao, café y castaña —que son relativamente grandes— no es accesible por sus elevados costos para los pequeños productores orgánicos. En ese marco, y dentro de la estrategia, el ministro (de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico) planteó crear la certificadora pública de producción orgánica ecológica. Por eso, en poco tiempo se lanzará la consultoría internacional para que nos puedan ayudar a implementar esta institución en el país. (Con esta certificadora) podremos empezar a exportar otros productos no tradicionales propios de Bolivia, como el majo, el asaí y el copoazú de la selva amazónica, los ajíes de los valles y las ocas, papalisas e isaños de la región andina, entre muchos otros que hay en nuestra agrodiversidad. Por qué no exportar a nichos especiales y con precios relativamente altos, por ejemplo, nuestras papas nativas de diferentes colores —que tienen de forma natural un mayor contenido de hierro y zinc— como alimentos especiales para los niños o como insumos para la cocina gourmet.
— Además de la promoción, ¿la estrategia va a contemplar apoyo operativo y técnico?
— Así es. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal generará semillas certificadas de alta calidad, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria hará el control fitosanitario y otras unidades trabajarán en forma conjunta. La estrategia plantea que tiene que generarse un control del proceso productivo ecológico. Un alimento que ha sido producido en suelo contaminado no puede considerarse orgánico, el terreno debe estar sano y mantener esa cualidad después de la cosecha.
— ¿En qué tiempo se implementará este plan?
— Aún no lo tenemos definido, pero creo que una completa implementación del proceso se hará en unos 10 años. Primero vendrá la ubicación de áreas potenciales donde se fomentará la producción ecológica, después la identificación de alimentos potenciales clave y la capacitación y formación de recursos humanos.
— ¿Se ha calculado ya un presupuesto para llevar adelante este conjunto de trabajos?
— Son sumas relativamente elevadas y de largo alcance (…), que saldrán del TGN, de créditos y donaciones, como siempre se hace en todos los programas que tenemos.
— ¿Quiénes participan en el diseño de la estrategia?
— Nosotros (como ministerio) somos los que dirigimos, pero participan todos los sectores, porque tenemos que crear consensos. El verticalismo del pasado no funciona, porque quienes van a aplicar (el plan) son los productores y quienes van a apoyar a los productores son sus organizaciones y con ellos tenemos que ir trabajando (…). Esperamos también que participen la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
Perfil
Nombre: Hugo Bosque Sánchez
Profesión: Ingeniero agrónomo
Cargo: Asesor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Experto en desarrollo del agro
Cuenta con una maestría en Ciencias del Suelo y Certificación de la Universidad de Gante (Bélgica) y una especialidad en Base de Datos Agrometeorológicos de la Universidad de Bet Dagan (Israel), además de un diplomado en Educación Superior. Se desempeñó como docente investigador y director del Instituto de Desarrollo Regional y de la Facultad de Agronomía de la UMSA, de la que fue también decano entre 2011 y 2015. Es asesor del ministro César Cocarico desde enero de 2016.
