La industria automotriz alemana, bajo sospecha de haber formado un cártel durante décadas, podría encontrarse frente a un nuevo escándalo altamente costoso para sus finanzas y su imagen.
Si las informaciones de la revista Der Spiegel se confirman, el trucaje de 11 millones de vehículos diésel del grupo Volkswagen, destapado en 2015, podría parecer algo nimio: los grandes constructores del país (Volkswagen, Audi, Porsche, BMW y Daimler) habrían mantenido desde los años 90 reuniones secretas para acordar aspectos técnicos de sus vehículos, en perjuicio de los consumidores.
Según Der Spiegel, las marcas involucradas se habrían reunido para determinar el tamaño de los depósitos de AdBlue, un aditivo que permite reducir las emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno. Al ser los grandes depósitos más caros habrían optado por otros más pequeños, insuficientes para eliminar estas emisiones, según un reporte de la agencia AFP.
Volkswagen habría hecho “una especie de autodenuncia” a las autoridades anticártel en julio de 2016, al igual que Daimler, tal vez con la idea de obtener algo de clemencia, pues las multas por pactos pueden ser enormes. Daimler sufrió una amarga experiencia el año pasado, cuando la Comisión Europea le impuso una sanción de 1.000 millones de euros (cerca de $us 1.164 millones) por acordar los precios de sus camiones con otros tres fabricantes europeos.
La multa de Bruselas o de la Oficina anticártel alemana puede llegar al 10% de la facturación de cada empresa, que podría rondar los 50.000 millones de euros (unos $us 58.209 millones), según los ingresos del sector en 2016. A ello se añadirían las denuncias de los clientes, que no se harían esperar.
Elucidar la eventual colusión puede llevar tiempo. Según EFE, el Gobierno alemán confirmó que las autoridades de defensa de la competencia europeas investigan el caso, y confió en que las acusaciones se aclaren “por completo”.
Klaus Müller, responsable de la federación alemana de asociaciones de consumidores, advirtió que miles de automovilistas podrían querellarse “por haber posiblemente pagado precios demasiado altos” por sus vehículos.
Volkswagen no ha dicho aún nada. Daimler se limitó a indicar que aplica su programa interno de respeto al derecho de la competencia. BMW negó cualquier acuerdo con sus competidores respecto a las emisiones de sus vehículos diésel y afirmó que no manipuló ninguno de sus modelos.
