Al menos 60 empresas estatales, entre estratégicas, públicas y financieras, deberán adecuarse a la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, las cuales podrán detener procesos en los que haya indicios de procesos ilícitos.
El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informó a este medio que “muchas de las empresas estatales” —al menos 60 registradas hasta el momento— ya tienen entidades de este tipo y que aquellas que todavía no cuentan con esas instancias tienen un plazo de “90 días” para crearlas.
Por ejemplo, el Ministerio de Hidrocarburos instauró en junio —en medio de una investigación fiscal a funcionarios de YPFB, entre ellos su presidente Guillermo Achá, por el proceso irregular de contratación de equipos de perforación— unidades de transparencia en las subsidiarias y filiales de la petrolera estatal: Andina, Chaco, Petroandina, Refinación, Transporte, Transierra, Logística y Gas Trans Boliviano.
El artículo 6 de la Ley 974 promulgada el lunes establece que: “las empresas públicas” y “las entidades financieras y empresas con participación accionaria del Estado deberán contar con instancias de transparencia y lucha contra la corrupción, bajo la denominación y estructura que ellas determinen”.
El tiempo de 90 días servirá también para “homogeneizar la implementación de la ley” y “para que se pueda estandarizar la presencia de unidades o responsables de transparencia en absolutamente todas las empresas del Estado y en absolutamente todas las dependencias que éstas puedan tener”, afirmó Jiménez.
Funciones. “A las unidades de transparencia les daremos no solo el derecho de procesar y canalizar las denuncias con plazos, términos, procedimientos y responsabilidades, sino también les daremos la posibilidad de que puedan intervenir o paralizar preventivamente los procesos donde pueda haber actos de corrupción, es decir el ámbito de acción es de manera inmediata”, dijo durante la promulgación de la norma el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.
En el mismo acto, el vicepresidente Álvaro García encargó a los responsables de unidades de transparencia “revisar papeles y recabar filmaciones y grabaciones”, así como “información” de la Policía, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y de la Unidad de Investigación Financiera.
El analista Jimmy Osorio recordó que la labor en la lucha contra la corrupción “no es algo nuevo” y que ese tipo de iniciativas se trabajaron desde hace varios años, por lo que aconsejó incluir aspectos técnicos en la Ley 914 para que ésta haga diferencia y consolide el esfuerzo anticorrupción.
Según la norma, las unidades de transparencia son “responsables de gestionar las denuncias por actos de corrupción, independientemente de su estructura y nivel jerárquico”. En el país hay al momento “361 unidades de transparencia en todos los niveles del Estado”, informó Jiménez.
