El oficialismo presentó un proyecto de ley que apunta a frenar la usura de los intermediarios en la comercialización de productos alimenticios, una propuesta que según expertos puede causar serios problemas al abastecimiento del mercado interno.
La propuesta de norma para el Peso exacto y Precio justo “Ama llulla, Ama sua” fue presentada al Legislativo el 13 de septiembre por el asambleísta Manuel Mamani con el respaldo de otros 15 diputados y un senador de la bancada en Cochabamba del partido en función de gobierno, así como de asociaciones de productores y de organizaciones sociales, entre ellos, los regantes y las Bartolinas.
La norma busca fijar límites a los precios en este eslabón de la cadena alimenticia para incentivar la oferta nacional del rubro y evitar la migración de los productores del campo a las ciudades por lo poco que pagan los intermediarios, los cuales —muchas veces— venden después los alimentos a montos excesivos, explicó Mamani.
“Los productores venden a bajo precio, pero quienes lo aumentan a lo que quieren son los comerciantes mayoristas (…). Este proyecto de ley va a ser importante para que los productores retornen a sus comunidades para cultivar los alimentos de la canasta familiar”, sostuvo el legislador.
El proyecto de ley, que además está en revisión en los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, establece la creación de consejos sectoriales conformados por representantes de los tres niveles de gobierno y de organizaciones de productores, los que estarán a cargo del control del precio y peso de los alimentos.
El documento llegó el anterior martes al Comité de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja desde donde fue remitido también a otros dos ministerios: de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, para que las cuatro carteras de Estado evalúen su factibilidad y hagan sus respectivos aportes.
“Nosotros ya hemos evaluado” la propuesta y la “firmamos”, informó el secretario del Comité, el diputado por el Beni Wálter Roque (MAS). En cerca de un mes, los ministerios “enviarán el visto bueno” para que la norma sea revisada en la Comisión de Economía Plural de Diputados. “Allí la aprobaremos rápido y directamente pasaría a la plenaria para aprobarla en grande”, agregó el asambleísta.
La exposición de motivos de la norma enfatiza en que la Constitución, en diferentes artículos, “disiente con toda práctica especulativa que genere niveles de inflación y erosione el poder adquisitivo de la población y el comercio minorista impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas”.
Perspectivas. Para el economista Alberto Bonadona, una posible regulación de los precios de los alimentos hará que éstos “su- ban porque los productores acabarán poniéndose de acuerdo en contra de los consumidores”, lo cual desataría “especulación acompañada de ocultamiento de productos” y se generaría “una seria presión inflacionaria”.
La norma podría causar “escasez” y “perjudicaría principalmente a los productores, porque los intermediarios comenzarían a importar” alimentos que en este momento se venden en otros países a precios más bajos que en el mercado boliviano, sostuvo el economista Roberto Laserna.
“Nadie garantiza que una regulación sea transferida a los productores. Si los intermediarios deben vender a precios más bajos, buscarán su mercadería a precios más bajos. En consecuencia, los productores podrían estar en una peor situación”, consideró la economista Beatriz Muriel.
Por su parte, María Teresa Nogales, directora de la Fundación Alternativas, que fomenta el diseño y la aplicación de políticas públicas para la alimentación, expresó su apoyo a la iniciativa porque la regulación evitará “una inflación que eventualmente perjudique a gran parte de la población”.
El proyecto de ley “es social y fortalecerá a los sectores productivos en el mercado. Los lineamientos son muy amplios e interesantes y motivarán a los agroproductores y consumidores a ejercer el control en las ferias y mercados”, indicó Roque.
Suman planes para control del rubro
El proyecto para regular los precios de los alimentos en el comercio mayorista de Bolivia se suma a otros intentos aislados del Gobierno que en los últimos años apostó por controlar la cadena de intermediarios —los cuales evaden millones en impuestos— y de productores de varios sectores que buscaron reducir o eliminar su dependencia de este sector.
El caso más reciente se dio en julio de este año, cuando los productores de coca de los Yungas advirtieron que analizan la posibilidad de llevar su oferta al mercado de forma directa, luego de escuchar el anuncio de los comerciantes al detalle de dejar de comprar la hoja de La Paz y adquirirla del Chapare por causa de un derecho de venta de Bs 30 impuesto por los cocaleros paceños.
En 2013, el Ejecutivo reveló que 29 empresas intermediarias acaparan cerca del 50% de la producción de azúcar y las culpó de causar la escasez y la especulación del alimento de la canasta básica.
“La cadena de intermediarios se lleva una importante parte de las ganancias dentro del rubro de los productos de primera necesidad. Los detallistas y minoristas obtienen ganancias para el sustento del día, pero los mayoristas acumulan capital y ganancias”, dijo el investigador Osvaldo Guachalla al Periódico Digital del PIEB.
La economista Beatriz Muriel consideró que la regulación a intermediarios y mayoristas es difícil, “ya que no se encuentran en una estructura formal”.
“La relación entre un intermediario y un productor no solo es de compra y venta de productos, a veces son compadres. El mayorista transporta otro tipo de productos para el campesino y cuida a los hijos del agricultor en la ciudad, es una situación compleja”, dijo el economista Roberto Laserna.
Además de regular el comercio mayorista, el proyecto de Ley de Peso Exacto y Precio Justo “Ama llulla, Ama sua” (No robarás, no mentirás) tiene como fin “constituir una instancia sectorial fiscalizadora y reguladora que coadyuve con la seguridad y soberanía alimentaria” del país.
Los precios bajan hasta en 15% en feria ‘justa’
En esta gestión se llevarán a cabo 54 ferias del Peso exacto y Precio justo, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. En estos encuentros de venta directa del productor al consumidor los precios bajan hasta en 15%.
“La población se beneficia de estas ferias porque, al reducirse la cadena de comercialización, el precio baja entre un 10 y 15%”, dijo Melisa Ávalos, coordinadora del Observatorio Agroambiental y Productivo de ese ministerio.
De acuerdo con información de esa cartera de Estado, 15 de las ferias se harán en La Paz, 13 en Santa Cruz, 12 en Cochabamba, 5 en Tarija, 2 en Chuquisaca, 2 en Potosí, 2 en Oruro, 2 en Beni y 1 en Pando. La inversión para la organización de estos eventos será de Bs 1,9 millones.
La responsable nacional de la organización de estos puntos de comercio, María Isabel Zubieta, dijo que no existe un “cronograma” definido para la instalación de los encuentros y que éstos se realizan “según la especulación”. “Si los precios de un producto” determinado “se elevan, ponemos la feria”, explicó.
Entre enero y agosto los encuentros se realizaron en 11 ciudades ubicadas en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro. En el segundo semestre se efectuarán en Chuquisaca, Tarija y Beni y Potosí, reportó la estatal ABI.
“En La Paz participan cerca de 120 productores, en Cochabamba de 80 a 90 y en Oruro tuvimos 50 productores”, indicó Zubieta.
