La Fundación Viva y el Fomin identificaron al menos cinco amenazas para el sistema de gestión integral de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que pretenden implementar en Bolivia.
La iniciativa es la columna vertebral del e-Waste, proyecto impulsado por el brazo social de la telefónica Viva y el Fondo Multilateral de Inversiones que se ejecutará con $us 1,07 millones desde junio de este año hasta junio de 2020.
Según ambas instituciones, el proyecto es amenazado por la falta de conciencia ambiental de las empresas y de la población (1), la percepción equivocada de que la gestión de RAEE genera ingresos por venta de metales preciosos (2), el hecho de que recuperadores informales no garantizan la correcta disposición final de estos desechos sin afectar el medio ambiente y la salud (3), la débil gestión del aparato público para normar la disposición de residuos especiales (4) y una exponencial acumulación de desperdicios plásticos que requieren tratamiento especial (5).
Para enfrentar estos desafíos, ambos socios pretenden articular a todos los actores de la cadena de RAEE; crear conciencia social para una correcta disposición final de la basura electrónica; lograr que las entidades públicas, instituciones, empresas y hogares entiendan que la eliminación de estos desechos tiene un costo; y fortalecer la gestión del sector público para normar la disposición de residuos especiales. Bajo este marco, se realizaron avances en tres frentes.
Para “crear y/o fortalecer a empresas gestoras y operadoras de RAEE”, el e-Waste registró los siguientes avances: mapeo de actores de la cadena, elaboración de manuales de asistencia técnica y capacitación para micro y pequeñas empresas (mype), diseño conceptual del sistema integrado de gestión de reciclaje y análisis de la participación de las empresas en la responsabilidad extendida del productor, detalló Mauricio Estívariz, coordinador del proyecto.
Para “sensibilizar y educar a la población”, continuó, un paso inicial fue la reunión días atrás con líderes de opinión de medios de comunicación con el fin de dar a conocer los alcances de la iniciativa. Para “generar alianzas público-privadas con actores de la cadena” se preparan convenios interinstitucionales con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Cámara Nacional de Industrias y las alcaldías de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Luego se apuntará a convenios con los gobiernos departamentales.
PASOS. El primer frente permitirá la implementación de un plan de mejoramiento que incluya protocolos para la operación y desmantelamiento de seguros de este tipo de residuos, además del apoyo en la comercialización de éstos y en los procesos administrativos. En este primer paso se tratará también de incorporar pequeños emprendimientos privados al sector.
En el segundo se prevé que más de 1,5 millones de personas reciban información sobre las características de la basura electrónica, sus riesgos para la salud, la forma adecuada de recolección y los puntos de depósito. En el tercero se concretarán alianzas con la finalidad de comprometer la participación de instituciones en el sistema de gestión de residuos electrónicos en las tres ciudades, así como para apoyar la redacción de políticas y normas públicas.
Cada boliviano produce 5,44 kilos de RAEE al año, un volumen que en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz llega en total a las 30.000 toneladas (t) anuales. “Si éstos no son correctamente desechados representan un importante riesgo para el medio ambiente y la salud”, según el proyecto.
Bolivia ocupa el undécimo puesto entre los países de la región que más basura electrónica generan, con 45.000 t registradas en 2014 (1,15%), según el informe eWaste en América Latina. Solo en celulares, en el país se desechan entre 2 millones y 3 millones de unidades al año, informó Viva.
