El reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el empresariado privado ayudará a agilizar la ejecución presupuestaria estatal y le abrirá a las constructoras bolivianas las puertas de los grandes proyectos de inversión pública.
El acta de entendimiento que posibilita estos cambios fue firmada el 19 de febrero por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Obras Públicas Servicios y Vivienda, y Planificación del Desarrollo (MPD), además de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco).
Según el MPD, el acuerdo dinamizará la inversión pública y el crecimiento económico, en la medida que las empresas cumplan con las obras y plazos de entrega; ayudará a que las firmas nacionales estén en mejores condiciones financieras para cumplir con los contratos con el Estado; y facilitará la participación de compañías locales en los procesos de contratación, al impulsar que las obras de carreteras se hagan por tramos.
Asimismo, sube para las constructoras extranjeras el margen de subcontrataciones de empresas locales de 25 a 40%; permitirá que las contratistas presenten planillas aprobadas como garantía para tener la liquidez para avanzar mejor en sus trabajos y pagar siempre a tiempo a sus trabajadores; e incentivará con la liberación de garantías a los buenos contratistas, según el avance de obra.
El documento indica, además, que “el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar independientemente del monto de contrato”. El titular de la Caboco, Davor Vargas, destacó que principalmente este último punto, “va a ser un impulso muy importante para que una mayor cantidad de empresas bolivianas puedan”, primero, “participar” en las obras de inversión pública, y, segundo, “presentarse en proyectos de envergadura” a los que antes solo podían acceder grandes contratistas extranjeras.
Esta mayor presencia en el presupuesto estatal, explicó, será posible con el uso de pólizas de caución. “El acta nos da la libertad para presentar pólizas de seguro como garantías”, las cuales “pueden ser más fáciles de obtener que una boleta bancaria”, dijo.
En Bolivia, precisó, “una empresa tiene que hipotecar absolutamente todo para obtener una boleta bancaria”, en tanto que en el exterior se dan estos avales en base a los estados financieros de la constructora y su capacidad de cumplimiento de contratos, requisitos que son similares a los que piden las aseguradoras para dar una póliza de caución.
Antes del acta de entendimiento, continuó, las instituciones que licitaban las obras eran las que elegían si el proyecto iba a estar respaldado por boletas de garantía bancarias o por pólizas de aseguradoras, aunque se prefería las primeras “por tradición” dejando las otras “en segundo plano”.
Es así, ejemplificó, que por una obra de $us 200 millones se debían presentar dos boletas bancarias, una garantía de Cumplimiento de Contrato que cubra el 20% del monto total del proyecto y una garantía de Correcta Inversión de Anticipo que cubra el 7%.
“Se necesitaban, entonces, de $us 54 millones en garantías que ningún banco del sistema financiero nacional está en capacidad de emitir; sí lo pueden hacer las aseguradoras bolivianas, porque sus pólizas tienen el respaldo de grandes reaseguradoras internacionales que pueden cubrir cualquier monto”, detalló Vargas y agregó que bajo el antiguo sistema “ninguna empresa boliviana podía acceder a los grandes proyectos, solo las compañías extranjeras”.
Con el nuevo método de contrataciones, “prevemos que las firmas nacionales harán un mayor uso de pólizas”, porque “así tendrán más opciones de participar” en la inversión pública, concluyó el presidente de la Caboco.
Ante esta mayor expectativa para emplear boletas de caución como garantías, la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) recordó que desde hace meses impulsa ajustes al Decreto 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, cuyas disposiciones hacen que “las empresas que quisieran hacer uso de las pólizas de caución deben cumplir una serie extensa de requisitos que les impiden afianzarse a tiempo para acceder a licitaciones”.
La flexibilización en los procesos para acceder a un seguro de este tipo, según la institución, evitaría que las constructoras nacionales queden muy endeudadas para acceder a una boleta.
La operativización del acta de entendimiento, se efectuará a través de “decretos y resoluciones ministeriales”, adelantó el presidente de la CEPB, Ronald Nostas. “Estamos esperando que nos pasen los borradores, lo que tendría que ser en los próximos días según el acuerdo alcanzado”, afirmó.
