Los obreros que toman las riendas de compañías en quiebra deben superar al menos cinco obstáculos, según expertos y dirigentes fabriles que reportaron que desde 2013 los dependientes de unos 20 negocios apostaron por conforman una empresa social.
El 7 de octubre de 2013, en conmemoración del 62 aniversario de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), el presidente Evo Morales aprobó el Decreto 1754, que facilita la constitución de compañías sociales de carácter privado en el marco de lo definido por el Artículo 54 de la Constitución.
“Ahora ya no hay que estar sometido a las amenazas de cierre cuando los dueños no quieren respetar los decretos” de incrementos salariales o de cumplimiento de derechos laborales. “Ahora es mejor que la empresa entre en quiebra o cierre; entonces, los fabriles serán dueños”, remarcó el Mandatario en la fecha.
La norma, vigente hasta el 30 de abril, se podía aplicar cuando la empresa atravesaba procesos de quiebra, concurso, liquidación o estaba cerrada o abandonada de forma injustificada. Además, obligaba al propietario del negocio a ofrecerlo a sus empleados de forma preferente si ponía éste a la venta.
En sus cuatro años y casi siete meses de vigencia, “unas 20 empresas” del sector fabril nacional se acogieron al Decreto 1754, reportó a La Razón Vicente Pacosillo, presidente de la CGTFB.
“Pero de esas, solo unas 10 trabajaron en el tema y otras estaban esperando la nueva Ley” de Creación de Empresas Sociales —promulgada el lunes por el Gobierno—, reveló el dirigente y detalló que en el primer grupo están las textileras Punto Blanco y Polar. Según reportes de medios locales, también iniciaron el mismo proceso las confeccionistas Hiltrabol, Millma, Maquitesa y Traboltex.
Experiencias. Una vez a cargo de estos negocios, los empleados se enfrentaron a varios problemas, en especial la falta de conocimientos administrativos, vacíos legales, improvisación de infraestructura, impedimentos para el acceso a financiamiento e incapacidad de pagar deudas heredadas.
Los trabajadores “no estamos preparados para administrar una empresa”, reconoció Pacosillo.
Vitaliano Mamani, secretario de Organización de la Central Obrera Boliviana (COB), indicó que las deudas acumuladas son parte de los obstáculos que impiden el avance de las empresas sociales. “Los malos empresarios sacan créditos, hipotecan las máquinas y el terreno, y abandonan” el negocio. Luego, cuando los empleados están con las riendas del emprendimiento, “vienen a exigir los pagos la Caja Nacional de Salud y las Administradoras de Fondos de pensiones (AFP)”, dijo.
Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, afirmó que los dependientes de empresas sociales como Hilbo —que luego pasó a ser Hiltrabol— “llevan una carga muy pesada” constituida por múltiples deudas.
Con tantos compromisos, “es difícil acceder a financiamiento bancario para capital de inversión”, agregó Pacosillo.
Rojas añadió que, por su delicada condición, estos negocios tienen en ocasiones que improvisar su infraestructura para continuar con el trabajo.
Además, recordó, con el tiempo el Decreto 1754 reveló “varias debilidades, como el vacío legal para que los trabajadores pasen de ser dependientes a socios de la empresa”.
El resultado de este tipo de normas, concluyó, “no fue alentador, porque al final la figura de empresa social se constituyó en una forma de justificar la irresponsabilidad de empresarios que evitaban pagar y reconocer beneficios sociales”. Esta situación “no permite” a estos negocios “tener una economía saneada y otro horizonte para su administración”.
Contexto. Una de las compañías que logró sobrevivir al proceso, después de que su dueño entrara primero a la cárcel y luego huyera del país, es Punto Blanco. “Nos ha costado” sacar adelante el negocio. “Estuvimos seis meses sin sueldos, pero gracias a Dios nos levantamos y al momento tenemos dos tiendas”, contó Edwin Huanca, secretario ejecutivo del sindicato de la textilera.
“Éramos 52 trabajadores, pero nos dividimos en dos bandos, la otra parte se fue con los dueños. Por suerte teníamos materia prima, así que produjimos y levantamos la fábrica. Hoy, Punto Blanco es un ejemplo” de trabajo, destacó.
Otro caso es el de Inversiones Industriales, propietaria de la marca de frazadas Polar. “El dueño desapareció, pero nosotros ya tenemos capital.
El año pasado tuvimos una utilidad de casi medio millón de bolivianos”, comentó a la red televisiva ATB Víctor Mamani, dirigente del sindicato.
Estos y otros emprendimientos similares deberán ahora acogerse a la nueva Ley de Creación de Empresas Sociales, que permite a los acreedores ordinarios formar parte de estas sociedades.
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, aseveró el lunes que la ley no deja “resquicios” ni “espacios” para “ambigüedades”, por lo que “no hay mayor razón para que el sector empresarial tenga preocupaciones”.
El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Héctor Hinojosa, informó el mismo día que “algunas” de las actuales firmas sociales operan “a puertas cerradas, porque hay algunos temas legales que no les permiten trabajar”.
“Esta ley sí les permitirá lograr la transferencia”, destacó.
Sin embargo, Rojas alertó que los trabajadores que se hacen cargo de negocios en quiebra lo hacen “sin un proyecto, simplemente con la voluntad de administrar una empresa” y eso, “desde el punto de vista de los derechos laborales, constituye una forma de desconocimiento de los derechos”. “La nueva ley no da estabilidad y no mejora la calidad del empleo”, subrayó el especialista en empleo.
Prado: No se pondrá ‘ni un boliviano’
Jorge Castel
La Ley de Creación de Empresas Sociales, promulgada el lunes, contempla consideraciones en el pago de servicios básicos y en el acceso a financiamiento para aquellos negocios que lleguen a ser administrados por los trabajadores.
La disposición adicional cuarta de la norma establece que “las empresas públicas o privadas que prestan servicios básicos podrán reprogramar las deudas” de las firmas sociales “con el objeto de fomentar la reactivación económica productiva” de las segundas.
La quinta indica a su vez que “el sistema financiero podrá disponer la concesión de créditos preferentes, los que tendrán como única finalidad la reactivación productiva de la empresa”.
Éstas serían las únicas concesiones que obtendrían del Gobierno este tipo de emprendimientos, ya que el lunes la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, aseguró que no se asignará recursos para estos proyectos.
“El Estado no pondrá un boliviano (…). ¿De dónde va a incorporar recursos para un tema que es netamente privado? Eso se les ha aclarado a los compañeros (obreros)”, indicó la autoridad, de acuerdo con el portal urgentebo.
La ley es cuestionada por el empresariado privado en general, que la considera atentatoria contra el derecho a la propiedad privada y porque introduce un alto grado de incertidumbre que desalentará nuevas inversiones.
“El mismo obrero puede llevar a la quiebra a las empresas solo por intereses”, alertó Humberto Baldiviezo, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).
No piensa así el ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, quien espera que el nuevo marco legal reactive varias fábricas. “Si esta ley se hubiera aprobado antes, tal vez no se hubiesen cerrado factorías como Said, Forno y Soligno”, afirmó.
