Bolivia realizará en 2019 el primer “censo de unidades agrícolas familiares”, anunció Theodor Friedrich, repesentante en Bolivia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Con el Gobierno trabajamos en la implementación de un censo de agricultura familiar en Bolivia que se llevará a cabo el próximo año”, adelantó el directivo de la ONU a La Razón.
El objetivo de llevar adelante este “Registro Único Nacional de la Agricultura Familiar” es “contar con cifras concretas” para el diseño de políticas de apoyo al sector, sostuvo. Para esta tarea, la FAO proporcionó la asistencia técnica y el Gobierno, el financiamiento.
Friedrich efectuó este anuncio antes de que el 25 de julio se celebrase el Día Mundial de la Agricultura Familiar. Naciones Unidas lanzó en 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar para resaltar el vasto potencial que ofrecen los agricultores del rubro para erradicar el hambre y la pobreza y para proteger los recursos naturales.
La importancia de esta producción hizo que la ONU declare también el periodo 2019-2028 como el Decenio de la Agricultura Familiar, en el que los países deben establecer un marco para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de erradicar el hambre y la pobreza a través de la mejora de políticas públicas en apoyo al sector.
Tierra ve apoyo a la agenda de la agroindustria
Wálter Vásquez – La Paz
El Ejecutivo prioriza la explotación agroindustrial en lugar de una producción agrícola familiar con enfoque sostenible, según un estudio de la Fundación Tierra.
“El Gobierno abandonó hace nueve años la promoción de la agricultura familiar y ahora se dedica a implementar la agenda de cuatro puntos de los agroempresarios”, afirmó el director de la ONG boliviana, Gonzalo Colque.
Esta agenda, detalló, se basa en la “seguridad jurídica para las propiedades de gran extensión, la suspensión de la función económica social, el uso descontrolado de agrotóxicos y la libre exportación de productos agrícolas”.
PRODUCCIÓN. De acuerdo con datos de la institución privada, solo el 2% de las unidades productivas nacionales —establecidas en su mayor parte en el oriente— controlan el 50% de las tierras cultivadas que hay en el país y generan el 60% del valor de la producción de la agricultura.
“La política de tierras que impulsa el Gobierno es una contrarreforma agraria dedicada a consolidar las propiedades preexistentes y legalización del tráfico de tierras que hacen funcionarios públicos y una casta dirigencial del sector campesino e indígena”, alertó el director de Tierra.
