La minería ilegal en Ecuador causa daños y perjuicios incalculables en el ambiente, la economía y en la propia industria minera ecuatoriana, un severo problema que el actual gobierno de Lenín Moreno trata de resolver.
Los daños de esta actividad, que afecta a distintas provincias del país, no han sido calculados en su conjunto, pero el viceministro de Minería, Henry Troya, aseguró que son “abismales”. “Entre el daño ambiental y el material extraído sobrepasa los $us 200 millones cada tres-seis meses”, señaló.
Hace unos años, Ecuador tipificó esta actividad como un delito que soslaya los recursos del Estado y desde entonces ha tomado medidas para prevenirla. “Son mafias articuladas, (relacionadas al) narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, armas ilegales, evasión fiscal por frontera”, afirmó Troya sobre las personas que se dedican, o alientan, la extracción ilegal y descontrolada.
Frente a esta práctica ilegítima, el Gobierno creó un Consejo Especializado encabezado por el Ministerio del Interior, y en el que también hay representantes de las carteras de Defensa, Minería y Medio Ambiente, así como de la Fiscalía, la Agencia de Regulación y Control Minero, y de la Policía.
“Este ilícito nos perjudica a todos porque no participa en el pago de impuestos y los trabajadores no están afiliados. Debe ser sancionada y erradicada”, declaró el presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez.
A los daños económicos y sociales, se agregan altos niveles de contaminación de suelos y de recursos hídricos por el uso del mercurio, la tala de árboles y la remoción de suelos, fenómenos que afectan a las comunidades cercanas, muchas de ellas indígenas, que se oponen tajantemente a cualquier forma de extractivismo.
A juicio de Yépez, Ecuador debe propiciar un sector minero responsable que otorgue al país un encadenamiento productivo, porque la minería ilegal se desborda y perjudica al Estado.
Ecuador trata de fomentar la minería como motor de desarrollo nacional y espera que su contribución al PIB salte de apenas el 1,3% en 2017 a más del 4% en 2021. Ello se ha traducido en un mayor ofrecimiento de proyectos a grandes consorcios inversores, pero también en un proceso de regularización de la llamada artesanal, o pequeña minería, que trabaja para cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que la realiza.
La extracción no controlada de recursos naturales, o “minería ilegal”, se disparó a partir de 2008 por una subida del precio del oro y la dificultad de obtener permisos para realizar la actividad.
“La minería ilegal supera al sector florícola en Ecuador”, destacó Rodrigo Izurieta, presidente de Ecometals y comparó su alcance con uno de los rubros más desarrollados del país que generó entre enero y mayo $us 406 millones.
