Los efectos de la sentencia del Tribunal de La Haya, que se dará a conocer mañana, pueden abrir una nueva era de desarrollo y progreso para Bolivia al generar ingresos adicionales por $us 1.000 millones/año para el país y elevar el PIB en dos puntos porcentuales (pp).
Esa es la perspectiva de representantes del empresariado privado y de la administración del presidente Evo Morales, que esperan que el fallo que emita la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a las 09.00 de este lunes ayude a reparar “una deuda histórica inconmensurable”.
Una decisión del máximo tribunal de justicia del mundo favorable a la demanda boliviana —que busca que Chile sea obligado a iniciar un diálogo sobre una salida soberana al mar— y una negociación efectiva posterior pueden asegurar al país mucho más que un crecimiento adicional de 2 pp anuales al Producto Interno Bruto (PIB) o aumentar los ingresos anuales de “hasta $us 1.000 millones”, destaca Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
Un acceso soberano al océano Pacífico permitirá además una vinculación directa y rápida con los mayores mercados del mundo y la apertura de un escenario de negocios sin precedentes, ya que se podrían generar bloques comerciales entre sectores económicos de Perú, Bolivia y Chile, y se iniciaría una nueva etapa de integración entre todos los países de Sudamérica, “algo que no se ha logrado en cientos de años”, afirma.
Clarems Endara, viceministro de Comercio Exterior e Integración, considera a su vez que “el contar con una salida soberana a las costas del Pacífico beneficiará directa e inmediatamente a las empresas exportadoras” bolivianas con una reducción en los costos del transporte marítimo, que “determinan en el precio final de un producto comercial”.
De acuerdo con Nostas, todos los sectores económicos y empresariales se dinamizarían, partiendo del comercial, el industrial, el productivo, el de exportaciones con valor agregado, servicios, hotelería, turismo y otros.
Con una salida soberana al mar, “nosotros estaríamos en condiciones de cambiar la matriz exportadora de Bolivia, porque se abrirían nuevos mercados, nuevas posibilidades de producir ciertos productos que están limitados por las condiciones que nos imponen los chilenos”, afirma el presidente de la CEPB.
Similar criterio comparte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Salinas.
“La lejanía de los puertos y la mediterraneidad han sido siempre una desventaja para el desarrollo de nuestro país y somos los empresarios los que sentimos más estas desventajas, enfrentando las dificultades del día a día, que se traducen en altos costos para el comercio y que conspiran en contra de nuestro desarrollo”, sostiene el ejecutivo.
Desarrollo. El principal representante del comercio privado expresa además su confianza en que la sentencia que se dé a conocer mañana se emita en términos de equidad y justicia, para fortalecer las relaciones de los dos países limítrofes.
“Las barreras que impone a Bolivia la mediterraneidad son múltiples, afectan la competitividad, encarecen el costo del transporte de nuestros productos más allá del 30% y (hace) que estemos sometidos a los abusos, conflictos internos o la propia burocracia de la administración de los puertos chilenos, lo que generan millonarias pérdidas a nuestro comercio exterior”, enfatiza Nostas.
En abril de 2013 y como lo había anunciado en marzo de 2011, el Gobierno boliviano presentó en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (Países Bajos) una demanda con el objetivo de que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al Pacífico, en el marco de los compromisos hechos en ese sentido a lo largo de la historia.
Santiago niega que los compromisos que hizo hayan generado derechos y asegura que el fallo de la Corte de Naciones Unidas no pondrá en cuestión su soberanía.
8 trabas reducen el PIB en 2 puntos
Marcelo Padilla
Al menos ocho trabas provocan la reducción en dos puntos porcentuales del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, coinciden el Gobierno y el investigador Daniel Agramont, coautor del libro Bolivia, un país privado de litoral.
“No tenemos capacidad al desarrollo. Hay costos específicos que tienen que ver con transporte, comercio y precios que van sumando y que llegan hasta el 2% del PIB tomando en cuenta otros parámetros”, indica Clarems Endara, viceministro de Comercio Exterior e Integración.
Los obstáculos tienen que ver con elevados costos de transacción comercial en puertos, la circulación obligada por un tercer país, cuantiosos precios por uso de terminales marítimas y burocracias críticas por parte de la Aduana y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile.
Además están los elevados peajes de tráfico y vialidad, la privatización de los puertos de Arica e Iquique, la incapacidad de los operadores portuarios para administrar la carga boliviana, conflictos laborales y sociales en la red portuaria chilena.
De acuerdo con Endara, gran parte de los problemas se dan por el tratamiento de la carga que va hacia ultramar, que termina siendo “inspeccionada” y “manipulada” de forma indebida en los puertos chilenos, lo que a su vez sube las tarifas que se traducen en mayores costos para el importador, el exportador y el transportista bolivianos.
El mayor perjuicio está en los “costos de transacción” debido a que los países sin litoral tienen que comerciar y conectarse con el mundo a través de un tercer país y de todas las barreras que su Gobierno imponga.
Estudios internacionales, recuerda, dan cuenta de que el daño ocasionado por el enclaustramiento es del 1,5% del PIB y que esta condición afecta el desarrollo de los países en un 20%.
Además de este daño económico al país, “el 70% del contrabando ingresa por Chile, eso significa un total perjuicio” para el aparato productivo nacional, denuncia a su vez el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.
