A casi tres años de su promulgación, la Ley 774 de Promoción de la Uva, Singani y Vinos Bolivianos se encuentra estancada debido al retraso en la aprobación del reglamento y la falta de recursos, denuncia el sector, golpeado por las importaciones y el contrabando.
“La ley fue un paso, pero hay que ponerla en ejecución (…). No ganamos nada con que se quede en buenas intenciones”, enfatizó Franz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV).
El nuevo marco legal fue aprobado el 4 de enero de 2016 en un acto en Tarija en el que participó el presidente Evo Morales, quien pidió se apruebe el reglamento respectivo en un plazo mínimo de tres meses.
Esa disposición administrativa se legalizó en abril de este año con el Decreto 3528.
Molina lamentó que el reglamento sea una “réplica” de la ley del vino y que “poco o nada” aporte a la implementación de esa norma.
Claribel Vilte, dueña de la bodega Vinos Vilte de Tarija, dijo que en ese departamento “nunca se supo” qué alcance tiene la norma.
“Lo único que se hizo es la ley”, afirmó a su vez Héctor Amador, titular de la bodega tarijeña La Chapaquita.
“La ley debe funcionar en los lugares con grandes cultivos de uva y producción de vino a gran escala, no en los viñedos de La Paz”, sostuvo José Luis Aramayo, propietario de la paceña Chivisivi de Sapahaqui.
PLAN. Iván Pereira, gerente propietario de la chuquisaqueña La Cueva de Sud Cinti, opinó por su lado que los beneficios de la Ley de Promoción de la Uva, Singani, Vinos de Altura y Vinos Bolivianos se irán dando de a poco.
La Ley 774, que declara al singani y a los vinos de altura bolivianos como Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional, identifica como responsables para la promoción y fortalecimiento del sector a los ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Agua, y Culturas y Turismo.
La tarea también recae en el Centro Multipropósito de Innovación Vitivinícola (Cemivit), que tiene por fin realizar trabajos de investigación para que el rubro fortalezca sus procesos de producción y transformación.
La aplicación de la Ley 774 “toma tiempo”, reconoció el coordinador del Cemivit, Luis Acosta.
PASOS. Pero el Decreto 3528, subrayó, ya creó un plan estratégico de desarrollo que incluye a Camargo y Cintis, en Chuquisaca; Cotagaita en Potosí, Luribay en La Paz, Sipe Sipe en Cochabamba, Vallegrande en Santa Cruz, el Chaco en Tarija y otras zonas productoras de esas jugosas bayas.
“Se quiere promocionar el vino y el singani, pero no hay presupuesto” para ello ni en la ley ni en su reglamento, pese a que el rubro “peleó” para que el nuevo marco legal vea la luz con financiamiento propio, recordó Molina.
La nueva estrategia para un manejo sostenible del sector contempla técnicas agronómicas, centros de fitotecnia y de viticultura, asistencia técnica y registro de variedades, entre otros, explicó Acosta y añadió que, según la Ley 774, “el presupuesto para el funcionamiento del Cemivit depende de las gobernaciones y municipios”.
Molina alertó además que las 16.000 familias y 200 bodegas pequeñas y medianas que componen el sector enfrentan sin apoyo un contexto económico negativo que, según diversos actores, los obliga a buscar otras formas de ser sostenibles, como la apuesta por la producción de alta gama orientada al mercado externo.
El productor nacional, agregó, no puede aumentar sus precios desde hace ocho años porque los vinos importados —que solo en 2017 se incrementaron en 45%— llegan con precios más competitivos, más aún hoy que los países vecinos sufrieron fuertes devaluaciones de sus monedas.
Las bebidas importadas son “sumamente” baratas y ni qué decir de las que llegan de contrabando. “Nuestros precios no son competitivos en el mercado y eso nos está afectando. Lo planteamos en la ley, pero lo sacaron; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no le dio importancia”, dijo.
El ingreso ilegal masivo de vinos por el escaso control fronterizo le hace “mucho daño” al departamento de Tarija, coincidió Vilte.
Molina recordó asimismo que el Gobierno se comprometió a trabajar en un ajuste impositivo para el rubro de constatarse que paga más tributos que similar oferta de otros países.
“Los impuestos para los productos bolivianos no pueden ser más caros que para los extranjeros”, afirmó el presidente Morales el 6 de enero de 2016.
Pero no se hizo nada para el rubro de vinos y singanis, continuó Molina, especialmente para los que se internan desde Argentina, Brasil y Paraguay. “Si les aumentarían los impuestos, ellos subirían sus precios”, aseveró.
Fabiola Ríos, de la bodega chuquisaqueña Cepas de Fuego, pidió por su lado “que no se obligue a los artesanos y pequeños agricultores que tienen producción orgánica a pagar impuestos como si fueran grandes industriales”.
“El Gobierno debería enfatizar mucho en la producción artesanal y no así en la industrial”, sostuvo a su vez Johana Fajardo, de la bodega tarijeña La Casa Vieja.
Otro factor en el que falla la Ley 774 es que en los supermercados del país hay hasta un 85% de vinos del exterior, lo que no debería suceder. “Entonces, de qué promoción y protección se puede hablar”, cuestionó Molina.
Pese a este desfavorable contexto para lo nacional, indicó, en el país está madurando de a poco el consumo de vinos y singanis, una muestra de ello fue el II Festival de Vinos, Singanis y Sabores, realizado del 23 al 25 de noviembre en la sede de gobierno; y la II Feria Departamental de Vinos, Quesos y Singanis de La Paz, que desde el pasado jueves hasta ayer contó con 40 unidades productivas.
