Condiciones iguales de acceso a los clientes en el mercado asegurador, sin preferencias para las empresas estatales, es lo que piden las compañías privadas del sector a través de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA).
El 12 de marzo, el Gobierno creó a través de la Ley 1155 el segundo seguro obligatorio del mercado nacional, esta vez orientado a los trabajadores de la construcción y, al igual que el primero (el SOAT), administrado y comercializado por la estatal UNIVida.
“No estamos en un mercado libre, no hay posibilidades para compañías privadas de comercializar algunos productos”, afirmó al respecto Laurent Bertaux, vicepresidente ejecutivo de La Boliviana Ciacruz Seguros y Reaseguros.
“Lo que más nos preocupa es que todas las compañías tengan las mismas condiciones de acceso a los clientes”, agregó el ejecutivo.
Esta consideración “es la posición unánime de todas las empresas privadas afiliadas a la ABA y por ende es la posición de la institución con relación a este tema”, dijo a La Razón Rodrigo Bedoya, presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA).
“Como ente que aglutina a todas las empresas aseguradoras del país, consideramos que las reglas de juego deberían ser parejas para todas las aseguradoras y que las aseguradoras estatales deberían competir con las privadas en igualdad de condiciones por todos los negocios, tanto estatales como privados”, sostuvo.
La Ley 1155 del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción establece que la implementación de este producto estará a cargo de la entidad pública de seguros habilitada para el efecto, la cual podrá comercializarlo con otras aseguradoras privadas legalmente establecidas en el país.
Sin embargo, agregó Bedoya, “la posición de ABA en este sentido es que las aseguradoras privadas no deberían quedar al margen de la participación en cualquier seguro obligatorio por las razones antes citadas”.
Este medio envió un cuestionario a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) para conocer su posición respecto a la inexistencia de un mercado libre en el sector, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
La aseguradora estatal respondió al respecto: “Es una apreciación que no compartimos. Desde su creación, UNIVida participa de licitaciones públicas e invitaciones, compitiendo bajo los mismos términos y condiciones que las demás empresas del rubro”.
“El ingreso de UNIVida al mercado y nuestra política de competir de forma leal ha sido beneficiosa, por ejemplo, en el seguro de desgravamen hipotecario.
Participamos activamente de todas las licitaciones que hay en el mercado —lo que generó competencia que provocó la baja de la tasa de desgravamen—, sin importar si ganamos o no, beneficiando a todos los prestatarios actuales y futuros de Bolivia”, indicó la estatal.
Bertaux hizo notar que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) podía inicialmente ser comercializado por compañías privadas de seguros generales (de dos a cuatro en su momento), pero cambios en la regulación hicieron que este producto se abra a las empresas de seguros personales como UNIVida y se entregue después de forma exclusiva a la aseguradora estatal.
MERCADO. “A través de la ABA hemos escrito a nuestro regulador (la APS) y al Ministerio de Economía reafirmando nuestra posición de que las condiciones de acceso a las cuentas públicas, a las empresas públicas, tienen que ser iguales para todas las compañías y que un proceso claro, abierto, transparente de contratación es la única forma de estar seguros de que estas empresas (públicas) están comprando sus seguros al precio óptimo. No hemos tenido respuestas hasta ahora”, dijo Bertaux.
Según el ejecutivo, de los más de $us 600 millones que generó el sector el año pasado, entre 100 millones y 150 millones corresponden a cuentas públicas.
“ABA considera que la adjudicación directa de seguros de empresas del Estado a cualquier aseguradora, socava la transparencia que debe existir en los procesos de contratación y no garantiza que dichas empresas estén accediendo a los mejores términos y condiciones disponibles en el mercado. En otras palabras, es una práctica que podría en algún caso ir en detrimento de los mejores intereses de la empresa contratante”, explicó Bedoya.
