“El sector forestal enfrenta una de las peores crisis de su historia y son seis años que intentamos su reactivación”, evalúa el gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, Jorge Ávila, al identificar cuatro factores determinantes.
El primero está relacionado con las importaciones “indiscriminadas” de productos como tableros aglomerados enchapados en melamina, que están “destruyendo a la industria nacional”, sostiene.
A eso suma que “a la fecha las operaciones comunitarias forestales detentan más del 70% de los bosques productivos del país, mientras que la empresa privada apenas llega al 10%”. Así, 82% de la producción de madera proviene de las operaciones comunitarias y campesinas, y solo el 18% de operadores privados, dice.
En tercer lugar cita que en los últimos seis años fueron cerradas unas 4.500 unidades productivas, entre micro, pequeñas, medianas y grandes, ocasionando el despido de 25.000 trabajadores.
Ávila considera que el sector forestal debe encarar el reto de coexistir y sostenerse entre todos los actores protagonistas: indígenas, campesinos, empresarios agropecuarios y de la industria maderera, respetando la Constitución.
Finalmente, a la CFB le preocupa también la política de ampliación de la frontera agrícola.
“Se debe cumplir lo que señala la Constitución Política del Estado, o sea utilizar el suelo en función a su capacidad de uso mayor” y que por tanto la producción agrícola y ganadera se desarrollen en suelos aptos para ese fin y no en zonas forestales o protegidas.
“Si la ampliación de la frontera agrícola o campesina se va a hacer a costa de las tierras forestales no es desarrollo, es destrucción del medio ambiente”, sostiene.
Propuesta plantea beneficios para Mype
El proyecto de Ley Forestal de Gestión Integral Sustentable de Bosques consigna un capítulo referido a la participación de la Mediana y Pequeña Empresa (Mype) del área de carpintería en el control social de la explotación maderera y acceso a beneficios.
El documento plantea que ese sector coadyuve en la fiscalización de la explotación de los recursos forestales del país y se beneficie de la madera incautada por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Además, su acceso directo en las licitaciones estatales para la provisión de muebles.
Como fomento a la producción establece la adquisición obligatoria de estos productos por parte de las instituciones del Gobierno, incluida las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).
El diputado Sebastián Texeira, presidente de la Comisión amazónica, tierra, territorio, agua y recursos naturales, adelanta a La Razón que la próxima semana un comité técnico concluirá la revisión de este proyecto. En tanto que el proyectista Justino Mamani indica que el documento ya está en consulta en los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de la Presidencia, y de Desarrollo Rural.
Esta nueva norma “sustituirá” a la Ley 1700 pero no de forma sectorial, “tiene que dar beneficio tanto al indígena originario como al sector individual”, dice Texeira.
El activista ambientalista Pablo Solón considera que en el debate deben incluirse los efectos de hidroeléctricas y biocombustibles, “problemas que hoy afectan a los bosques, de lo contrario sacar otra ley sectorial sería un craso error”.
