Para posicionar a Bolivia entre los 15 mayores exportadores de carne del mundo, Gobierno y ganaderos avanzan en la ampliación de los desmontes, la apertura de grandes mercados y la posible eliminación de la restitución de bosques, entre otros.
Este plan comenzó a echar mayor cuerpo con la entrega el 30 de junio del Protocolo Sanitario de Importación de Carne Bovina a China y la aprobación el 9 de julio del Decreto 3973, que otorga a Beni la misma autorización de desmonte de tierras privadas que tiene Santa Cruz para actividades agropecuarias, y da también luz verde para que en ambos departamentos la tala de árboles se realice en tierras “comunitarias”.
Este decreto es parte de una agenda de trabajo que lleva adelante el Ejecutivo con los ganaderos, confirmó a La Razón Óscar Ciro, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, principal organización de un sector conformado por más de 80.000 productores en el país.
Este plan, detalló, contempla una nueva normativa y cambios o ajustes en ésta; construcción de infraestructura industrial, capacitación en sanidad animal, un programa de buenas prácticas para el rubro, la apertura de nuevos mercados y la conformación del Instituto Boliviano de la Carne, una entidad pública y privada que coordine las propuestas para el desarrollo ganadero y promueva el consumo interno y la exportación del alimento nacional.
‘PERDONAZO’. Ciro anticipó además que, en el marco de la agenda, se analiza la aprobación de una norma que libere a los productores del rubro de la reposición de áreas forestales afectadas por desmontes ilegales, obligación establecida en la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
“Se tiene pendiente un decreto de cuando se dio la Ley (337 en enero de 2013): el perdonazo a los que desmontamos ilegalmente. Salió esta normativa (la Ley 337) que nos obligaba a los productores a la reforestación, cosa que es prácticamente imposible”, dijo.
En el Beni no se puede reforestar porque las inundaciones matan a los plantines, mientras que “en la Chiquitanía (Santa Cruz) el pequeño y mediano productor no tiene condiciones para hacer esa fuerte inversión”, explicó el dirigente del sector que como alternativa propuso al Gobierno “una regeneración natural de los bosques”.
Mientras, el sector, a través de los de los frigoríficos cruceños Frigor y Fridosa, se prepara para enviar el 20 de agosto el primer embarque de 96 toneladas (t) a China y celebra la apertura para su oferta del mercado de Rusia, país que en los próximos días dará luz verde al inicio de negociaciones entre empresarios de ambos países.
“Es responsabilidad del Gobierno seguir ampliando nuestra producción agropecuaria” y eso se puede hacer a través de “las normas”, “quizá modificar la norma de la tenencia de tierras” (que establece que la extensión máxima de una propiedad del rubro sea de 5.000 hectáreas), dijo el 30 de junio el presidente Evo Morales. El objetivo es que “Bolivia crezca económicamente, no solo en base a los recursos naturales no renovables sino también en base a lo agropecuario”, agregó el 9 de julio.
Los ganaderos de Santa Cruz proyectan que su producción se incrementará de 40.000 t este año a 117.000 t en 2025, mientras que los de Beni prevén duplicar sus animales de tres millones a seis millones de cabezas.
Ambientalistas ven ‘atentado’ contra la tierra
Activistas advierten serios efectos por el avance de la ganadería
El Decreto 3973 incrementará la deforestación en el país porque desconoce la Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, así como los compromisos internacionales contraídos por el Gobierno para reducir la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero, consideran activistas bolivianos del medioambiente.
La cuestionada norma, aprobada el 9 de julio, otorga a Beni la misma autorización de desmonte de tierras privadas que tiene Santa Cruz para actividades agropecuarias y da también luz verde para que en ambas regiones la tala de árboles se realice en tierras “comunitarias”.
Esta medida posibilita la modificación de los planes de uso de suelos para actividades agrícolas y pecuarias en los dos departamentos, bajo autorización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), indicó el gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Javier Landívar.
“Este decreto es un atentado contra los derechos de la Madre Tierra. Provocará una escalada en la deforestación que está creciendo en Bolivia de manera descontrolada”, advirtió Pablo Solón, director de la Fundación Solón.
La norma, alertó, no contempla estudios de impacto o áreas, o mediciones anuales, por lo que solo impulsa la “deforestación a mansalva” con mayores quemas y desmontes para la producción de ganado vacuno y la exportación de su carne.
Según el ambientalista, el precio del producto a exportarse, que beneficiará a un sector, no compensa los daños irreparables a los bosques que tardan 50 años para recuperarse.
IMPACTO. La directora de la Fundación Amigos de la Naturaleza, Natalia Calderón, reveló que en los últimos 18 años el uso de tierras para la agricultura y la ganadería en Bolivia creció en 123%, de 3 millones a 6,7 millones de hectáreas. Sin embargo, subrayó, “seguimos siendo un país con los rendimientos más pobres en cuanto a producción agrícola y ganadera”.
“El desarrollo no solamente pasa por aumentar la superficie sino por mejorar la productividad de estos sectores”, dijo y observó también que el Decreto 3973 no está acompañado por una estrategia que fortalezca a los ganaderos para alcanzar metas con sostenibilidad.
“No se habla de productividad, carga animal (número promedio de animales asignados a un área por un determinado periodo de pastoreo), monitoreo, control y fiscalización; solo se habla de superficie para ampliar la frontera agrícola y ganadera”, sostuvo Calderón.
