Luego de tres meses de inactividad, el sector automotriz intenta sobrevivir, ya que sus ventas se redujeron hasta un 50%. Una nueva nacionalización de chutos puede provocar “quiebra”, desempleo y $us 500 millones menos en tributos para el Estado.
“Nosotros damos empleo en el país a 12.000 personas de forma directa y 70.000 de forma indirecta (…). Nuestro sector aporta al año alrededor de $us 500 millones en impuestos (al Estado), tanto de importación y por facturación sobre ventas y utilidades”, explica a La Razón el presidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Christian Jacir. El ejecutivo del sector automotor —que agrupa a 45 empresas formales integradas por representantes de marcas y fabricantes así como concesionarios que venden solo vehículos 0 Km— observa con que a dos semanas de reanudar sus actividades tras la cuarentena, un nuevo “problema” amenaza su supervivencia.
Se trata del proyecto de “Ley Excepcional de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores y otras mercancías indocumentadas”, codificado como 706-19, el mismo que fue presentado a la presidencia de la Cámara de Diputados por la parlamentaria Concepción Ortiz del Movimiento Al Socialismo (MAS), el pasado 16 de junio.
“Nos perjudica. Es un gran problema. Estamos seguros de que hasta fin de año algunas empresas no van a sobrevivir”, advierte.
Jacir explica que el sector genera más de 80.000 empleos directos e indirectos los cuales están en riego así como $us 500 millones en impuestos que pagan al Estado de forma anual.
Para Álvaro Landa, gerente comercial de AutoStar (Concesionario del Grupo Ovando), una nueva nacionalización será “lapidaria” para las empresas automotrices que pagan impuestos y licencias previas de importación con un costo “elevadísimo”.
“La nacionalización de los vehículos chutos sería fomentar que continúe esa actividad ilícita, que no contribuye a la generación de empleos y recaudaciones para las arcas del Estado. Para muchos concesionarios sería un golpe demuerte”, asegura el ejecutivo.
El proyecto al que tuvo acceso este medio, tiene como objetivo establecer de forma excepcional un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores indocumentados a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diésel, así como tractores, maquinaria agrícola, remolques, destinados para las federaciones departamentales de la micro y pequeña empresa (Fedemypes).
ILEGALES. Según Jacir, éste es el tercer intento —en el último año— que la Asamblea Legislativa pretende nacionalizar vehículos “chutos” o indocumentados.
“Nos llama mucho la atención porque las dos veces anteriores era para favorecer supuestamente a gente pobre que no tenía acceso a un vehículo, cuando hoy en día existen autos desde $us 9.000, financiados a través de la banca hasta siete años (plazo) y en cuotas desde $us 120, es decir, cualquiera puede tener un vehículo nuevo, con factura, con garantía e impuestos pagados”, comenta.
Como justificación el proyecto 706-19 señala que en 2015 la Aduana incautó 1.200 automotores chutos, cantidad que se elevó en 2016 a 1.638. Y que pese a ello, se estima que muchos vehículos lograron ingresar al país sumando un total de 33.000 vehículos indocumentados, además existen otros 10.000 con placas clonadas.
El proyecto añade que de esa ilegalidad los más beneficiados son los agentes de control y los que internan estos autos, en desmedro de los comercios legales y en contra del erario nacional.
Adicionalmente, desde hace nueve años, en el país no se autoriza un programa de saneamiento legal de automotores a gasolina, gas y diésel, por ello surge la necesidad de reglamentar un nuevo proceso de nacionalización.
Al respecto, el presidente de la CAB recuerda que en 2011 (última nacionalización Ley 133), se estimó la documentación de 40.000 vehículos, una cantidad similar a la nueva propuesta. Sin embargo, se legalizaron 120.000 debido a que en ese periodo admitieron y registraron autos que estaban fuera de Bolivia.
“Tememos que —al igual que en 2011— un ingreso masivo de unidades de vehículos y eso nos terminaría de quebrar al sector formal, porque este Gobierno no tiene la capacidad para controlar todas las fronteras”, lamenta.
No obstante, reconoce que el Ejecutivo necesita recursos para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, que el Tesoro General de la Nación (TGN) está “débil” y requiere también fondos para el pago de salarios de 500.000 empleados de la administración pública.
“En el caso nuestro, estamos trabajando a un 20%, pero entendemos la posición del Gobierno”, dice Jacir y afirma que tomó conocimiento que la Asamblea Legislativa está condicionando la aprobación de esta ley de nacionalización a fin de “destrancar aparentemente los créditos que vienen de afuera para el coronavirus y para el TGN”.
“Es un tema político, es un tema de intereses” que está asociado a las elecciones generales del 6 de septiembre, lo cual complica la situación del sector. “Es el peor momento. Es echarnos otro balde agua fría y varias empresas no van a soportar”, concluye Jacir.
